- Aprobada por la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Amparo restringe el acceso a la justicia, encarece la defensa fiscal y consolida un modelo de recaudación coercitiva. Expertos advierten que la medida vulnera derechos humanos, crea asimetrías procesales y representa un retroceso histórico en el constitucionalismo mexicano.
La reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por la Cámara de Diputados, ha encendido las alarmas en el sector empresarial, académico y jurídico. El proyecto, que modifica 12 artículos clave de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene un alcance estructural que —según especialistas— debilita el control constitucional y consolida un modelo de justicia “selectiva y costosa”.
Ernesto Madrid
De acuerdo con el análisis de la consultoría SPETSE High Speciality Consulting, al que tuvo acceso este medio, las reformas restringen el interés legítimo, limitan el amparo fiscal, encarecen las garantías de suspensión y favorecen al Estado sobre el ciudadano, al crear nuevas causales de improcedencia que dejan sin defensa a quienes enfrentan cobros o ejecuciones fiscales.
“El amparo dejará de ser un instrumento preventivo y se convertirá en una simple reacción ante el abuso de autoridad”, advierte el Dr. Ramón I. Cabrera L., socio director de SPETSE.
El documento destaca que la reforma vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos (artículo 1º constitucional) y el derecho al acceso a la justicia (artículo 17). Además, al calificar la ley como “procesal de aplicación inmediata”, se incurre en retroactividad encubierta, afectando procesos en curso y derechos adquiridos.
Objetivo recaudatorio disfrazado
Más allá del lenguaje jurídico, el fondo de la reforma parece responder a una lógica fiscal.
Fuentes de la consultoría SPETSE y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coinciden en que el cambio legal busca acelerar la recaudación de créditos fiscales en litigio, en un momento en que el gobierno enfrenta un déficit presupuestal y la presión por mantener programas sociales emblemáticos sin recurrir a endeudamiento.
“Con la reforma, el Estado ya no tendrá que esperar años para cobrar créditos impugnados; se reduce el margen de defensa y se encarece la suspensión”, explican los analistas fiscales consultados. En la práctica, esto obligará a empresas y particulares a pagar primero y litigar después, afectando directamente el flujo de capital, la inversión y el empleo.
El CCE lo resume con contundencia:
“Sin suspensión, no hay amparo; sin amparo, no hay justicia.”
Impacto económico y social
Los cambios en las garantías fiscales son especialmente graves para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La reforma elimina opciones de garantía accesibles como fianzas, hipotecas o embargos administrativos, obligando a los contribuyentes a inmovilizar efectivo o contratar cartas de crédito bancarias con requisitos casi imposibles.
Según cálculos de SPETSE, garantizar un crédito fiscal de un millón de pesos bajo el nuevo esquema implicará bloquear recursos líquidos por hasta 1.3 millones, más comisiones y costos de oportunidad cercanos a 400 mil pesos en tres años.
Para la mayoría de las PyMEs, esto representa la quiebra técnica o el cierre temporal de operaciones.
En términos sociales, la reforma limita el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional, sobre todo en casos ambientales, de salud, derechos colectivos o políticas públicas de largo plazo, donde el amparo preventivo era una herramienta esencial.
“El ciudadano común pierde la posibilidad de defenderse de abusos antes de que ocurran. Solo podrá reaccionar cuando el daño sea irreversible”, advirtió el exministro Javier Laynez Potisek, en declaraciones retomadas por el Foro de Constitucionalistas de México.
Un retroceso institucional
Juristas consultados coinciden en que la reforma representa un retroceso de más de 150 años en la evolución del constitucionalismo mexicano.
“Se desmantela la función del amparo como garantía de los derechos fundamentales y se fortalece la discrecionalidad del poder”, sostiene el constitucionalista Miguel Carbonell, citado por medios académicos.
Además, al cerrar vías contenciosas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Estado concentra el control total de los procesos fiscales, eliminando los contrapesos entre administración y jurisdicción.
Para la sociedad civil, esta medida “abre la puerta a un ejercicio del poder sin límites ni control efectivo”, y por ello organizaciones empresariales y de derechos humanos exigen a la Presidenta de la República ejercer su facultad de veto y evitar la promulgación de la reforma en sus términos actuales.
El amparo como moneda de cambio
Con esta reforma, el amparo —instrumento histórico de defensa ciudadana frente al poder— se transforma en un mecanismo condicionado al pago y a la liquidez.
Lo que antes era un derecho, hoy será un privilegio económico.
El trasfondo político y fiscal parece claro: fortalecer la recaudación a costa del acceso a la justicia.
Y si bien el gobierno busca mejorar su margen presupuestal, lo hace sacrificando la confianza jurídica y la legitimidad democrática que sustentan el Estado de Derecho.
Como lo resume con ironía un académico del ITAM:
“En México ya no habrá justicia gratuita… solo justicia en abonos y con recibo oficial.”
Fuentes consultadas:
- SPETSE High Speciality Consulting, Análisis Jurídico y Económico de la Reforma a la Ley de Amparo, octubre 2025.
- Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pronunciamiento público sobre la Reforma a la Ley de Amparo, 15 de octubre de 2025.
- Foro de Constitucionalistas de México, Declaración colectiva sobre retrocesos en derechos humanos, octubre 2025.
- Javier Laynez Potisek, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Miguel Carbonell, jurista constitucionalista.
- Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, sesión del 14 de octubre de 2025.
@JErnestoMadrid
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