Washington desmiente presiones formales, pero mantiene la lupa sobre la 4T y sus sombras criminales.
El reciente desmentido de Washington respecto a un supuesto intercambio de aranceles por investigaciones contra políticos mexicanos es apenas la superficie de una tensión más profunda, de ésas que rara vez se ventilan de forma oficial, pero que todos saben que existen.
Ernesto Madrid
Mientras la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental salían a apagar rumores, los observadores diplomáticos no pudieron evitar notar el trasfondo: la desconfianza creciente de la Casa Blanca –y de buena parte del aparato de seguridad estadounidense– respecto a la cercanía de ciertos personajes de la política mexicana con las estructuras del crimen organizado.
Que la administración de Donald Trump y la de Claudia Sheinbaum hablen de cooperación bilateral contra cárteles y fentanilo es un discurso esperado. Pero la realidad es más turbia: Washington sospecha que la narcopolítica en México ha dejado de ser un fenómeno aislado y ha pasado a contaminar áreas de decisión pública. Y si bien hoy no hay exigencias abiertas de “investigar políticos a cambio de aranceles”, es ingenuo pensar que Estados Unidos no observa con lupa a quienes, desde el poder mexicano, podrían tener nexos con redes criminales.
El desliz en redes de la militante morenista Melissa Cornejo, quien atacó sin reparo a Estados Unidos, no fue un hecho menor. Su respuesta directa del Departamento de Estado fue un recordatorio de que la paciencia diplomática tiene límites. Y si bien Cornejo es un personaje menor, su vínculo con operadores políticos de Morena vinculados a figuras como Adán Augusto López o Andrea Chávez volvió incómodo el episodio para Palacio Nacional.
El gobierno de Sheinbaum ha querido desmarcarse del tema con prontitud: ni cancillería ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aceptaron que hubiera presiones reales o solicitudes directas de investigación. Pero el silencio sobre los motivos reales de la inquietud estadounidense es revelador: Washington teme que ciertos personajes en el círculo de la 4T –y no sólo a nivel estatal o municipal– puedan estar protegidos por el poder central.
Lo preocupante para México no es sólo la molestia diplomática. Es el potencial costo económico de una relación desgastada: aranceles volátiles, amenazas migratorias, menor confianza para la inversión extranjera directa y un entorno de incertidumbre financiera que ya comienza a reflejarse en la cautela de los inversionistas.
La sombra del crimen sobre la política mexicana no es nueva. Pero hoy, con Sheinbaum arrancando gobierno y con Trump de regreso en la Casa Blanca, el tema podría pasar de ser un ruido de fondo a una tormenta perfecta que contamine toda la agenda bilateral.
Por ahora, los comunicados oficiales insisten en la “cooperación”, la “confianza” y la “alianza estratégica”. Pero en Washington –y en ciertos despachos del gobierno mexicano– saben que el verdadero problema no son los desmentidos en Twitter, sino el largo historial de impunidad y complicidades que nadie se atreve a nombrar en voz alta.
@JErnestoMadrid
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Los programas sociales sostienen el consumo… pero distorsionan el mercado laboral
En el México de la 4T la economía se mueve con aparentes paradojas: la actividad económica se desacelera, la inversión privada titubea, el empleo formal pierde ritmo… y, sin embargo, la tasa de desempleo sigue en mínimos históricos. ¿Milagro laboral? ¿Éxito de las políticas públicas? No exactamente.
Ernesto Madrid
Un análisis de Banamex pone sobre la mesa una de las explicaciones más incómodas para esta aparente contradicción: la expansión masiva de programas sociales y transferencias monetarias —que ya benefician a más de 30 millones de mexicanos— estaría desincentivando a sectores completos de la población para integrarse al mercado laboral. En especial, a los mayores de 65 años y a ciertos grupos jóvenes que reciben apoyo directo del gobierno.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) son claros: la participación laboral de los adultos mayores se ha reducido en forma consistente. Si se hubiera mantenido en niveles de 2005, hoy habría al menos 850 mil personas más buscando empleo o trabajando. La diferencia no es menor: sin este efecto, la tasa oficial de desempleo habría subido de 2.6% a por lo menos 3.8%, y en ciertos escenarios podría superar el 4%.
Así, el mercado laboral mexicano ofrece una postal distorsionada: bajo desempleo formal, sí, pero con una menor población dispuesta a trabajar porque su ingreso mínimo está garantizado por transferencias. ¿Es esto sostenible? A corto plazo, sí: el consumo interno se mantiene gracias a estos flujos gubernamentales. Pero a mediano y largo plazo, el costo puede ser alto: menos trabajadores, menos productividad y un sistema fiscal cada vez más dependiente de los grandes contribuyentes (recordemos que el 2% de las empresas genera casi el 80% del ISR empresarial).
Este fenómeno debería encender alertas en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque si bien los programas sociales son una herramienta legítima de redistribución, su efecto secundario sobre la oferta laboral puede terminar atrapando al país en un círculo vicioso: bajo empleo formal, alta informalidad y nulo dinamismo productivo.
El desafío es claro: mantener los apoyos sin desalentar la participación laboral. De lo contrario, el “milagro” de las bajas tasas de desempleo será apenas un espejismo sostenido con gasto público… hasta que la factura fiscal se vuelva impagable.
@JErnestoMadrid
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“El sueño americano se desvanece… y México podría despertar con resaca”
En Palacio Nacional todavía se repite el viejo mantra: “Estados Unidos es fuerte, estable, invencible… nuestro gran mercado, nuestro gran salvavidas”. Pero quizá alguien debería pasarle a Claudia Sheinbaum el último análisis de Banamex antes de que la luna de miel con los mercados se vuelva pesadilla.
Ernesto Madrid
Resulta que el “excepcionalismo americano” ya no luce tan excepcional. La deuda pública de EE. UU. crece a ritmo de película de horror; Moody’s ya le bajó la calificación; el dólar, antaño rey de reyes, se debilita frente a monedas europeas, asiáticas… y sí: también frente al peso mexicano (que no ha dejado de sorprender con una apreciación de casi 8%). Para colmo, el famoso S&P 500 ya no saca tanta ventaja: las bolsas de Europa y Asia van pisándole los talones... o peor aún, rebasándolo.
Pero aquí seguimos actuando como si nada pasara. La 4T presume estabilidad económica, récords de inversión y superávit comercial… sin mencionar que todo eso cuelga de un hilo: la salud económica de Estados Unidos. Porque si allá hay tos, aquí llega la pulmonía.
El problema no es que Sheinbaum herede esta dependencia estructural (de eso ya se encargaron décadas de gobiernos), sino que insista en sumar incertidumbre con ideas como la reforma judicial, que justo cuando México debería proyectar confianza jurídica, manda el mensaje opuesto a los inversionistas.
¿De verdad creen que con un socio tan inestable podemos darnos el lujo de espantar capitales, congelar grandes proyectos o complicar la relación bilateral? Estados Unidos deja de ser garantía… y la 4T sigue creyendo que el futuro está asegurado.
En análisis de Banamex ya puso la advertencia sobre la mesa: o diversificamos y fortalecemos nuestra institucionalidad, o nos preparamos para ver cómo el “milagro económico” mexicano se apaga en cuanto el vecino tropiece. Total, en esta película ya sabemos quién paga los platos rotos.
@JErnestoMadrid
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El primer cara a cara entre la presidenta y el presidente de E.U. pondrá a prueba la estrategia económica, la confianza empresarial y el rumbo institucional de la Cuarta Transformación.
A pocos días de su participación en la cumbre del G-7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum prepara su primer encuentro con Donald Trump, en medio de un contexto económico y político que pondrá a prueba su capacidad de reconciliar dos mundos: el de la diplomacia internacional y el de la incertidumbre interna.
Ernesto Madrid
El momento no puede ser más decisivo. México necesita crecer, generar empleo y sostener sus programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Para ello, las cifras que revela la organización México Evalúa, son contundentes: en 2024, menos del 2% de las empresas concentraron el 78% de la recaudación del ISR empresarial y aportaron el 39% del total nacional. Es decir, unas pocas grandes corporaciones sostienen buena parte del financiamiento público del país. Sin su permanencia, su expansión y la llegada de nuevas inversiones, el modelo de desarrollo social que propone el nuevo gobierno corre el riesgo de volverse financieramente inviable.
En este sentido, la cita con Trump no será sólo un ritual diplomático: es una oportunidad para enviar señales claras a los mercados. Temas como la reforma judicial —que ha sido criticada por debilitar la autonomía del Poder Judicial al establecer elecciones populares para jueces y ministros— y la amenaza de aranceles unilaterales impuestos por E.U. (como los recientes al acero y aluminio) están en el centro de la conversación.
El dilema es evidente: sin certidumbre jurídica no hay inversión sostenida; sin inversión sostenida no hay grandes empresas capaces de sostener la recaudación tributaria; sin esta recaudación, el Estado no puede financiar salud, pensiones o infraestructura. Por ello, más que una simple visita internacional, esta reunión simboliza una bifurcación histórica: ¿seguirá México apostando por un modelo donde las grandes empresas sean vistas como aliadas estratégicas o persistirá en una retórica de sospecha y control que las ahuyente?
El propio éxito de los programas sociales de Sheinbaum —que dependen de una base fiscal robusta y creciente— está condicionado a una verdad económica ineludible: México necesita más grandes empresas, no menos. Ampliar su número permitiría reducir la dependencia de los mismos conglomerados de siempre, diversificar la economía, fomentar la innovación y, sobre todo, financiar el desarrollo sin recurrir a deuda ni a improvisaciones fiscales.
Pero la confianza de las empresas —nacionales y extranjeras— no se compra con discursos; se construye con instituciones sólidas, reglas claras y respeto a la ley. La reforma judicial, tal como está planteada, parece ir en sentido contrario: genera incertidumbre, eleva los riesgos jurídicos y encarece los proyectos de inversión por la mayor necesidad de acudir a arbitrajes internacionales.
En este contexto, la reunión Sheinbaum–Trump no es un simple intercambio de posturas: es el espacio para redefinir la relación comercial, negociar certidumbre para las inversiones binacionales y aclarar si México está dispuesto a rectificar el rumbo institucional que preocupa a empresarios, analistas e inversionistas.
El desarrollo económico de México no puede basarse en la improvisación o el voluntarismo. Requiere decisiones valientes: apostar por un modelo de crecimiento moderno, sostenible y basado en la confianza de los actores productivos. La pregunta es si el nuevo gobierno tendrá el pragmatismo para rectificar, aun si eso implica revisar o moderar reformas emblemáticas.
Por ahora, todo dependerá de señales: las que Claudia Sheinbaum envíe a Donald Trump —y por extensión, al mundo— en una reunión que puede marcar el tono económico y político de todo su sexenio.
@JErnestoMadrid
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En México, los casos de denuncias falsas por violación, aunque estadísticamente minoritarios, han provocado devastadoras consecuencias para hombres inocentes. Este reportaje examina a fondo el caso de Raúl Rodríguez González, un ciudadano acusado de una violación cuya versión presenta graves inconsistencias periciales.
La noche del 22 de noviembre de 2024 se grabó a fuego en la memoria de Raúl Rodríguez González, padre de familia de 62 años, quien padece de una afectación cardiaca. Una acusación, que él categóricamente ha rechazado, y que lo envolvió en una pesadilla de la que aún no despierta. Todo comenzó, según su relato, cuando una mujer desconocida lo señaló directamente de haberla violado. La supuesta víctima afirmó que mientras caminaba por la banqueta, él la había tomado del cabello para meterla por la fuerza a través de la ventana de su propio vehículo y, ya estando dentro, la violó brutalmente. Estos hechos fueron presenciados por un sujeto que venía en otro vehículo, quien justo circulaba cuando la mujer agredida sexualmente descendía del automóvil de Rodríguez González.
Este supuesto testigo llamó al 911 para denunciar los hechos y, en cuestión de minutos, una patrulla apareció para interrumpir abruptamente el tránsito del vehículo que manejaba Raúl Rodríguez. Sin pruebas ni evidencia que confirmaran la versión de la mujer, y sin que se presentara ninguna identificación formal, Raúl fue detenido y registrado en calidad de sospechoso. La detención fue inmediata, y en cuestión de horas fue remitido al Reclusorio, acusado de haber cometido un delito sexual.
Raúl vivió una odisea que evidenció las fallas del sistema: fue sometido a maltratos, a una acusación que se basaba solo en testimonios falsos, sin acceso a pruebas reales y sin que las autoridades le brindaran apoyo ni respaldo. La carpeta de investigación, incluso hoy, sigue sin avanzar. La fiscalía aún no ha asignado un ministerio público al caso, y las investigaciones parecen estar estancadas, sin una sola prueba concreta contra él.
Tras dos días en prisión, finalmente fue liberado, pero no sin pagar un precio emocional y social. Actualmente, Raúl se encuentra en espera de una respuesta formal a una queja que presentó ante el órgano de control, la cual busca denunciar no solo la falsedad de las acusaciones en su contra, sino también las posibles irregularidades, la pasividad de las autoridades y la utilización de estas denuncias como arma de venganza o de extorsión.
El relato de Raúl expresa que este tipo de denuncias falsas se están volviendo cada vez más frecuentes y que no solo responden a venganzas personales, sino que también son contratadas por terceros que solo buscan dañar la dignidad y la reputación de las personas acusadas sin pruebas. La finalidad, muchas veces, es manipular el sistema para obtener beneficios económicos o simplemente para destruir la vida de quienes terminan siendo víctimas de estas artimañas.
Hoy, Raúl espera que su denuncia sirva para alertar sobre la grave problemática de las denuncias falsas, y para que las instituciones tomen cartas en el asunto y fortalezcan sus mecanismos de investigación, sancionando a quienes utilizan la mentira como arma de venganza o de daño personal. Mientras tanto, él continúa en su lucha por la justicia y por recuperar su dignidad, víctima de una práctica que, cada vez, parece estar más extendida en la coyuntura social actual.
La verdad no tiene género.
Estudios internacionales muestran que las denuncias falsas por violación representan entre el 2% y el 10% de los casos, dependiendo del país y de la metodología del estudio. En México, los datos oficiales son escasos y dispersos, lo que dificulta tener un panorama claro. Sin embargo, expertos alertan sobre un fenómeno emergente: la instrumentalización del discurso feminista radical para fines personales, legales o económicos que, lejos de empoderar a las víctimas reales, las desacredita y vulnera aún más.
No se trata de deslegitimar la lucha contra la violencia de género, sino de exigir que el sistema judicial mexicano investigue con profundidad, sin prejuicios ni presunciones. Tanto una víctima verdadera como un acusado inocente merecen justicia.
Entre los fracasos del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador , hay que contabilizar el programa “Internet para todos”, pues… ¡falló! Para especialistas y técnicos del tema, no se cumplió con la promesa de que “la conectividad es un derecho y no un privilegio” y, en lugar de cerrar la brecha digital, sigue abierta y sangrante, principalmente en los estados más pobres.
Por Redacción
Esta podredumbre ha impactado de forma significativa en la educación del país, la cual enfrenta desafíos profundos y uno de ellos es, precisamente, la reciente licitación para la transmisión de canales educativos gestionada por la unidad @prende dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, ha dejado al descubierto una serie de anomalías que benefician de manera evidente al incúmbete, Grupo W.
Esta firma (Grupo W Com, SA de CV), mejor conocida como StarGo, con domicilio en calle Galileo No. 50, colonia Polanco IV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11550, en la Ciudad de México, y portal de Internet http://stargomexico.com/ , se especifica, es responsable del uso y protección de datos personales; Además, posee las llaves de encriptación necesarias para operar el sistema.
En un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación, los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan, y los servicios prometidos no se cumplen, pero sí se cobran, con el surgimiento de una serie de irregularidades que evidencian un sistema viciado por intereses privados que derraman corrupción.
Desde el inicio, los estudios de mercado omitieron señalar la necesidad de visitar los sitios para poner en funcionamiento la red, estableciendo un candado presupuestal que favorece exclusivamente a quienes ya tienen el equipo desplegado en más de 20,000 escuelas. Una investigación de campo realizada en 30 escuelas ubicadas en distintos estados del país revela que tan solo una escuela estaba en funcionamiento, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema.
Esto comprueba que la SEP, de manera cuestionable y engañosa, paga los servicios únicamente con la “demostración” de que las señales son transmitidas, sin garantizar que estas señales sean recibidas en las escuelas, que las televisiones se enciendan o, mucho menos, que los estudiantes aprovechen este servicio educativo.
No hay duda de que en nuestro país hay licitaciones fraudulentas para la transmisión de canales educativos, en un contexto donde miles de niñas, niños y adolescentes carecen de acceso efectivo a la educación con esta herramienta digital. Según el acta de fallo, disponible en el Portal de Compras Gubernamentales Oficial del Gobierno Federal, el contrato tiene una vigencia hasta el 30 de abril de 2027 y contempla un costo mensual de $174.00 pesos más IVA por aula, lo que representa un gasto público que podría superar los 420 millones de pesos en su máximo estimado.
Sin embargo, diversas voces técnicas y especializadas han cuestionado duramente la racionalidad de este gasto, pues con base en información pública que se desprende de la propia documentación puesta a disposición de la ciudadanía de la propia Dirección General, entre agosto de 2021 y enero de 2022 se realizó un diagnóstico que identificó que el 99% de los teleplanteles no contaban con recepción de la señal de la Red Edusat, ya sea por equipos dañados o inexistentes.
Este hallazgo justificó la reactivación del servicio mediante tecnología satelital, incluyendo antena parabólica, LNB y dispositivos de almacenamiento Set Top Box. No obstante, el contrato recién adjudicado (a Grupo W o StarGo) no incluye instalación de equipos ni visitas de campo a las aulas. La prestación actual del servicio se limita al envío de la señal desde las oficinas de Edusat, validado centralmente, sin mecanismos para verificar su recepción ni aprovechamiento en las aulas.
Esto implica que el costo real de 174 pesos por aula corresponde únicamente a la emisión de la señal, sin incluir soporte, instalación ni monitoreo en sitio. Al analizar las condiciones del servicio, se advierte que este esquema representa un sobreprecio, pues el proveedor actual es el mismo que instaló los equipos anteriormente, lo que debería implicar una reducción sustancial en el costo.
Durante la Junta de Aclaraciones celebrada el 16 de mayo, EDUSAT reconoció abiertamente no tener visibilidad sobre cuántas aulas están en operación ni si los equipos están siendo utilizados, lo que implica que el pago del servicio no está vinculado al uso efectivo en plantas específicas. A ello, se suma que el anexo técnico establece que cualquier nuevo proveedor debería visitar los más de 21,000 planteles en un plazo de 30 días para reprogramar los equipos. Este requisito logístico resulta virtualmente imposible para un nuevo oferente, otorgando una ventaja operativa al proveedor adjudicado. Por lo tanto, la tecnología utilizada resulta obsoleta, pues no se puede programar remotamente ni existe un sistema para verificar que los contenidos transmitidos estén llegando a las aulas.
En una época de transformación digital, resulta inadmisible que un contrato de esta magnitud no contemple herramientas interactivas ni de monitoreo pedagógico; Además, ejercicios de verificación en campo han revelado que en múltiples escuelas no se detecta operación efectiva del sistema Edusat. Esto revela y confirma que se está pagando por un servicio sin evidencia de uso real en los planteles.
Para cualquier especialista en tecnologías aplicadas a la educación, resulta evidente que con una inversión equivalente podrían ofrecerse soluciones modernas, capaces de evaluar en tiempo real el uso de los contenidos, su alcance y la interacción con los estudiantes. Actualmente, se transmiten 14 canales de televisión educativa sin que existan indicadores de visualización, aprovechamiento o interacción. No hay una metodología para evaluar el impacto ni la calidad de los contenidos difundidos.
Por lo tanto, cualquier especialista en contrataciones públicas advertiría que el Estado no está ejerciendo de forma eficiente ni eficaz el gasto público, como lo mandata el artículo 134 constitucional. De hecho, se afirma que se está financiando un servicio sin resultados comprobables ni impacto medible. No hay duda de que en lugar de asegurar el acceso a contenidos educativos, se corre el riesgo de estar simulando una cobertura inexistente, agravando las condiciones de rezago educativo en las comunidades más vulnerables.
Aunado a esto, Altán Redes y CFE Telecom no han priorizado la conectividad social en comunidades rurales, marginadas y desconectadas, pues han desplegado sus servicios y su infraestructura en mercados rentables, compitiendo con operadores privados y desvirtuando su función social, o sea que no se han centrado en su misión principal: “conectar a los desconectados”, según lo informa la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).
En este contexto, los especialistas consideran que el Estado debería reflexionar seriamente cancelar, al menos, un contrato (Grupo W o StarGo) que no aporta valor educativo real, y reencauzar los recursos hacia soluciones que verdaderamente fortalezcan el sistema de educación pública. Aunque el fallo ya fue emitido y el contrato se encuentra en miras de formalización, la situación exige una revisión institucional de fondo, orientada a proteger el interés público y garantizar que los recursos beneficien efectivamente a las niñas, niños y adolescentes de México.
No obstante, es de resaltar que la falta de monitoreo y estándares verificables crea un escenario donde los recursos son desviados y la educación de millas de niñas y niños queda relegada. Resulta más que preocupante que la ausencia de mecanismos que aseguran el impacto real del programa eterno las fallas estructurales, consolidando un modelo que, lejos de ser funcional, alimenta la corrupción y el rezago educativo.
Ante este panorama, a decir de los especialistas del tema, se subraya la urgencia de reformar de raíz los procesos de licitación, incorporando parámetros claros y verificables que prioricen el bienestar de los estudiantes y el uso transparente de los recursos públicos. No cabe duda de que las consecuencias de estas prácticas van más allá de la esfera administrativa, que pone a miles de niñas, niños y adolescentes en México a continuar sin acceso a una educación de calidad, mientras que los maestros enfrentan condiciones precarias y se ven obligados a protestar para exigir justicia.
Tanto así que, cuesta trabajo creer que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) haya dado su autorización para este proyecto, que claramente privilegia intereses privados sobre el bienestar colectivo en lugar de tomar la iniciativa de atraer el proyecto para detener el proceso actual y fortalecerlo a través de un sistema que permita el monitoreo del estado operativo de los servicios y la calidad de los contenidos. Por ello, es imperativo que se investiguen estas irregularidades y que se tomen medidas para garantizar un sistema de licitación justo, transparente y orientado hacia el beneficio de la educación pública.
México necesita un compromiso real con la educación, libre de prácticas corruptas que perpetúan la injusticia y el rezago. Las niñas y los niños de nuestro país merecen algo mejor. No es sólo cuestión de infraestructura; es una cuestión de ética, justicia y futuro. Es una obligación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de los órganos internos de control y fiscalización, valorar los riesgos de este esquema y proponer medidas correctivas que privilegien el interés superior de la niñez, la eficacia del gasto y la dignidad del sistema educativo nacional, opinan estudiosos en herramientas tecnológicas.
No se puede seguir permitiendo que la corrupción en el sistema de licitación persista, pues no solo afecta los recursos públicos, sino que perpetúa la desigualdad y obstaculiza el desarrollo educativo de generaciones enteras.
El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo se detuvo. Una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda estatal se incendió y, en cuestión de minutos, el fuego alcanzó una guardería subrogada por el IMSS: la Guardería ABC. El resultado fue devastador: 49 niñas y niños muertos, más de 80 heridos y un país marcado para siempre por el horror, la negligencia y la falla sistémica del estado mexicano.
Hoy, a 16 años de la tragedia, lo que debía convertirse en un ejemplo de justicia efectiva se ha transformado en un emblema de impunidad institucional, una cicatriz abierta que las familias no han podido cerrar, no por falta de voluntad, sino por la omisión activa del sistema judicial mexicano.
Una justicia aletargada
La historia jurídica del caso ABC está escrita con amparos, apelaciones, tecnicismos y dilaciones. Lo que comenzó como un proceso penal con 22 imputados, ha terminado con penas mínimas, evasión de sentencias y protección institucional. De las 22 personas procesadas, sólo nueve mantienen condenas activas, y únicamente una persona permanece en prisión: Noemí López Sánchez, excoordinadora de guarderías del IMSS en Sonora.
El resto de los responsables ha recibido penas menores a seis años, muchas con beneficios de prisión domiciliaria. Algunos, como Sandra Lucía Téllez Nieves —una de las dueñas de la guardería— y Roberto Copado Gutiérrez —exdirector de Protección Civil—, se encuentran prófugos desde hace años, con órdenes de reaprehensión vigentes que nadie parece tener intención de ejecutar.
“Entre amparos y apelaciones se prolongan los procesos, y la justicia simplemente no llega”, lamenta José Francisco García Quintana, padre de una víctima y presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.
Un fallo judicial que reescribió la tragedia
El punto de quiebre legal ocurrió en 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la responsabilidad penal de varios implicados debía calificarse como “involuntaria”. Esta interpretación abrió las puertas a una serie de reducciones de condenas, todas emitidas por un Tribunal Unitario entre abril y mayo de 2022.
Como si fuera una pieza más del rompecabezas del olvido, el caso fue trasladado a tribunales en la Ciudad de México, dificultando el seguimiento para las familias que residen en Sonora.
“¿Cómo vamos a verificar desde Hermosillo que esas sentencias se cumplan en la CDMX?”, cuestiona Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso. “Estamos hartos de discursos. Queremos hechos”.
Del Poder Judicial al poder político: exigencia al nuevo gobierno
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias han renovado su exigencia de justicia. En un contexto de cambio político, el Movimiento 5 de Junio lanza un mensaje claro: “Este gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo”.
“Una de las nuevas ministras se hace llamar la ministra del pueblo. Queremos que lo demuestre con hechos. El expediente ABC es una prueba moral para el nuevo gobierno”, insiste Duarte Franco.
Los padres también esperan que la presidenta acceda a reunirse con ellos próximamente, no para una fotografía simbólica, sino para impulsar acciones concretas que garanticen justicia real.
Una causa internacional, una vergüenza nacional
La decepción ante el sistema judicial nacional llevó a las familias a tocar las puertas de la justicia internacional. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso, y actualmente se encuentra en la etapa de análisis de fondo, investigando si el Estado mexicano incurrió en violaciones a derechos humanos.
“El Estado responde con evasivas y promesas de investigaciones internas, pero la realidad es que sólo está encubriendo su responsabilidad”, señala García Quintana.
Los sobrevivientes invisibles
Además de los 49 niños fallecidos, más de 80 menores sobrevivieron. Muchos de ellos padecen secuelas pulmonares, psicológicas o neurológicas. Pero ni siquiera ellos han escapado de la negligencia institucional. El IMSS no los ha reconocido oficialmente como víctimas, lo que podría afectar su derecho a tratamientos a largo plazo.
“Mi hija Laura Fernanda vive con daño pulmonar comprobado, pero como no era visible en un inicio, el IMSS no la reconoce como víctima. Eso es inhumano”, denuncia Fabiola Domínguez, madre de una de las niñas sobrevivientes.
El incendio de la Guardería ABC fue, en su origen, una tragedia anunciada. Las instalaciones no cumplían con las normas mínimas de seguridad; la bodega contigua acumulaba papelería y materiales inflamables sin control; las rutas de evacuación eran insuficientes; y los protocolos de protección civil, inexistentes.
Pero lo que debió ser corregido con verdad y justicia, se transformó en un caso paradigmático de cómo las redes de poder protegen a sus integrantes, aún a costa del dolor de familias enteras.
Reducción de sentencias:
El número de sentenciados bajó de 22 a 9. Las condenas, que debían ser de al menos 20 años, se redujeron a entre 4 y 6 años. Solo Noemí López Sánchez está actualmente en prisión.
Tácticas judiciales y dilaciones:
Las familias acusan al Poder Judicial de favorecer a los responsables con tácticas dilatorias y trasladar el caso a juzgados de la CDMX, lo que dificulta su seguimiento desde Hermosillo.
Falta de reconocimiento a sobrevivientes:
82 niños que sobrevivieron con secuelas pulmonares no han sido reconocidos como víctimas, a pesar de tener diagnósticos médicos oficiales del IMSS.
Caso ante la CIDH:
El caso permanece en la etapa de “fondo” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa si hubo violaciones graves por parte del Estado mexicano.
Críticas a las autoridades:
Padres de víctimas responsabilizan a la FGR, al IMSS y al Poder Judicial por la continuidad de la impunidad. Reclaman intervención directa del nuevo gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Condenas actuales más relevantes:
Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido Suárez (dueños de la guardería): 5 años y 7 meses.
Arturo César Leyva Lizárraga (exdelegado del IMSS): condena cumplida en su domicilio.
Noemí López Sánchez (exjefa de Guarderías del IMSS Sonora): Única interna, con 8 años y 10 meses de prisión.
A 16 años de la tragedia, el caso ABC representa uno de los ejemplos más claros de impunidad en México y las víctimas, tanto fallecidas como sobrevivientes, siguen esperando justicia.
En tanto, las familias, agrupadas en colectivos como el Movimiento 5 de Junio, llaman a las autoridades a dejar de proteger a los responsables y a ejecutar las sentencias pendientes.
La memoria como resistencia
Dieciséis años después, Hermosillo sigue recordando.
Cada 5 de junio, las calles se llenan de veladoras, fotografías, gritos de justicia. Las madres y padres del Movimiento 5 de Junio no han cesado en su lucha, no por venganza, sino porque la vida de sus hijos merece justicia, no olvido.
“El dolor sigue, y lo que más nos duele es la indiferencia institucional. Seguimos aquí, y no vamos a rendirnos”, sentencia Patricia Duarte.
El expediente de la Guardería ABC no está cerrado. Sigue abierto en los tribunales, en la CIDH, en los pulmones de los niños que sobrevivieron, en las calles de Hermosillo, en la conciencia de un país que no puede -ni debe- olvidar.
La elección judicial de este domingo sería la menos participada de la historia moderna y Morena y PAN mantienen sus posiciones en elecciones municipales en Durango y Veracruz
Con una participación preliminar de apenas 13% del electorado y un alto nivel de voto nulo o en blanco, la elección judicial celebrada este domingo apunta a ser la menos participativa de la historia moderna, según cifras del INE y un análisis de Banamex. De los cerca de 13 millones de votantes, solo 10 millones habrían emitido un voto válido sobre los futuros juzgadores, lo que equivale a apenas el 10% del padrón electoral.
Ernesto Madrid
Según Banamex, el 23% de los sufragios fue anulado o dejó recuadros vacíos, en contraste con el promedio de 2 a 3% en elecciones federales recientes. A esto se suma que el conteo final no será confirmado por ciudadanos como en procesos tradicionales, sino por funcionarios del INE, en un esquema menos accesible a la observación pública.
La Coparmex calificó el proceso como una “imposición política mal-ejecutada”, ajena a una demanda ciudadana real, y advirtió que esto tendrá consecuencias en la confianza institucional y la inversión.
Perfil de los posibles ministros
Con base en el avance del PREP (62%), se perfila una mayoría de ministras vinculadas a Morena o afines al Gobierno. Entre las candidatas mejor posicionadas están Batres, Esquivel, Ortiz y Ríos González, aunque también destacan otros nombres como Herrerías Guerra y Téllez Torres Orozco. El uso de "acordeones" con guías de votación visualmente similares a las boletas, ampliamente distribuidos por Morena, habría influido en los resultados.
Redefinición del mapa político local
En elecciones municipales en Durango y Veracruz, Morena y PAN mantuvieron sus posiciones, pero emergieron Movimiento Ciudadano (MC) y el PT como los grandes ganadores. En Veracruz, el PRI cayó del segundo al cuarto lugar y perdió gran parte de la población que gobernaba. MC ganó en municipios clave como Poza Rica, Papantla y Tihuatlán, mientras que el PT multiplicó por seis su población gobernada.
Según Banamex, la jornada deja abierta una reconfiguración del sistema de partidos: el PRI sigue en declive, el PT podría reconsiderar su alianza con Morena, y MC se consolida como principal oposición, superando al PRI en votos.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora a 2 de junio del 2025.- Karla Samantha Yanez García presentó su Agenda Verde donde destaca la implementación de programas de afiliación como "A ponerse la verde con el Verde" y de Denuncia Ciudadana denominado "Vigilante Verde", así como la instalación de Comités Ciudadanos Verdes en las colonia de Hermosillo.
La presidenta del PVEM Hermosillo anunció una agenda de acción ciudadana, participación y compromiso ambiental, marcando el inicio de una nueva etapa caracterizada por el trabajo territorial, la cercanía con la ciudadanía y la defensa activa del medio ambiente en la capital de Sonora.
Con una formación orientada a la gestión social, el desarrollo comunitario y con experiencia en participación juvenil, Karla Samantha representa una visión fresca, comprometida y preparada para dar respuesta a los desafíos ambientales y sociales que enfrenta la "Ciudad del Sol".
Destacó que con el apoyo del dirigente estatal del Partido Verde en Sonora, Sergio Augusto López Ramírez, la nueva dirigencia municipal del PVEM Hermosillo tiene como ejes centrales ambos programas.
“A ponerse la verde con el Verde”, más que afiliar es sumar voluntades, "este programa de afiliación tiene como meta construir una estructura ciudadana viva y activa, más allá de los padrones políticos tradicionales".
Añadió que el enfoque está en formar una comunidad ambientalista que participe en jornadas de limpieza, reforestación y activismo urbano, encuentros vecinales y foros de formación ambiental, así como la difusión de valores y propuestas del PVEM en colonias, universidades y comercios.
Karla Yanez expresó que “afiliarse al Verde es más que una firma, es comprometerse con Hermosillo, con su aire, su agua y su futuro. Queremos que ponerse la verde signifique participar, proponer y transformar”.
Respecto al programa “Vigilante Verde”, la dirigente municipal del PVEM en Hermosillo describió que "la ciudadanía que denuncia, sin duda tendrá una ciudad que mejora a través del lanzamiento de un canal oficial de denuncia ciudadana vía WhatsApp".
En este programa de denuncia pública, dijo, la población podrá reportar problemas ambientales como fugas de agua potable o drenaje, basureros clandestinos, tala ilegal de árboles o deforestación urbana, contaminación por polvo o ruido y baches peligrosos que afectan la movilidad y salud ambiental.
Explicó que "este programa busca dar seguimiento directo a cada denuncia, canalizar los reportes a las autoridades correspondientes, hacer pública la información, creando mapas ciudadanos de conflicto ambiental y promoviendo la presión social organizada, con 'Vigilante Verde', ponemos en manos de la gente una herramienta real para cuidar su entorno, las denuncias no se van a archivar: se van a visibilizar, se van a exigir y se van a atender”.
Apuntó que la Agenda Verde también contempla la instalación de Comités Ciudadanos Verdes en zonas prioritarias, diálogos vecinales abiertos y audiencias mensuales itinerantes, vinculación con jóvenes, mujeres, profesionistas y comunidades rurales, así como el impulso de propuestas locales sobre movilidad, áreas verdes y sustentabilidad urbana.
Durante su presentación oficial, Karla Samantha Yanez García hizo un llamado a la ciudadanía, "vivimos en una ciudad hermosa, pero golpeada por la contaminación, la falta de agua, el abandono de espacios públicos. Desde el Verde, vamos a caminar con la gente, escuchar, denunciar y proponer, no somos oposición, somos acción”.
Apuntó que el Comité Municipal del PVEM Hermosillo trabajará en coordinación con el Comité Estatal, colectivos ciudadanos, académicos y autoridades locales, con el objetivo de posicionar al partido como un actor social útil, constructivo y en movimiento en Hermosillo y en el resto de los municipios de Sonora.
Doble golpe a la economía mexicana mientras el gobierno aplaude las elecciones judiciales, pero descuida polos prioritarios
En medio de un contexto electoral marcado por la baja participación ciudadana y reformas institucionales controvertidas, la economía mexicana sufre un fuerte retroceso en dos de sus pilares fundamentales: la inversión pública en infraestructura y las remesas familiares. Ambos indicadores, con impactos económicos y sociales profundos, ponen en entredicho la viabilidad del llamado Plan México, eje del desarrollo regional y productivo propuesto por el Gobierno federal.
Ernesto Madrid
En medio de un contexto electoral marcado por la baja participación ciudadana y reformas institucionales controvertidas, la economía mexicana sufre un fuerte retroceso en dos de sus pilares fundamentales: la inversión pública en infraestructura y las remesas familiares. Ambos indicadores, con impactos económicos y sociales profundos, ponen en entredicho la viabilidad del llamado Plan México, eje del desarrollo regional y productivo propuesto por el Gobierno federal.
El mayor recorte en inversión pública desde 1995
Entre enero y abril de 2025, la inversión en infraestructura del Gobierno federal, sin considerar a Pemex, cayó 33.9% en comparación con el mismo periodo de 2024. De acuerdo con el análisis del centro México Evalúa, se trata del mayor recorte interanual desde 1995 y el nivel más bajo desde 2021. El ajuste responde a la necesidad oficial de contener el déficit fiscal, pero los efectos son regresivos: se frena la obra pública, se paralizan proyectos regionales y se debilita la respuesta ante emergencias como la sequía.
El impacto en sectores clave —como transporte, desarrollo agrícola y conectividad energética— representa un golpe directo al llamado Plan México, estrategia gubernamental que busca integrar polos de desarrollo en el sur y fomentar la autosuficiencia alimentaria e industrial. Sin inversión sostenida, el plan pierde capacidad de ejecución y queda como una promesa debilitada ante las realidades presupuestarias.
Aumento a Pemex, pero sin beneficios netos al Estado
Mientras tanto, la inversión en Pemex aumentó debido a la reducción de la carga tributaria a la empresa. Sin embargo, los beneficios para las finanzas públicas son mínimos: en abril, Pemex aportó 90.6 mil millones de pesos a la Federación, pero recibió de vuelta 88.4 mil millones. El Estado obtuvo solo 2.2 mil millones de pesos netos, en un entorno donde el costo financiero de la deuda creció 9% y las necesidades sociales aumentan.
Remesas en caída: una alerta social
El otro golpe lo dieron las remesas, una de las principales fuentes de divisas y sustento de millones de familias mexicanas. En abril se registró una disminución del 12.14% respecto al año anterior, con un total de 4,761 millones de dólares, según el Banco de México. Se trata de la mayor caída mensual desde septiembre de 2012. Las causas apuntan al deterioro del empleo entre migrantes en Estados Unidos y el temor a deportaciones, que ha mermado tanto el número de envíos como el monto promedio.
En términos acumulados, de enero a abril las remesas descendieron 2.5%, afectando la economía cotidiana de comunidades rurales y familias marginadas. Estos ingresos no solo alivian la pobreza: también mejoran indicadores de salud, educación y nutrición, sustituyendo con eficacia programas sociales que no siempre llegan a las zonas más necesitadas. La caída implica, por tanto, una contracción en el gasto en bienes esenciales y un incremento en la vulnerabilidad social.
Politización del presupuesto en tiempos de reforma
La combinación de recorte en infraestructura, subsidios fiscales a Pemex y caída en remesas ocurre en un momento de alto contenido político: tras las elecciones al poder judicial con baja participación, el Gobierno ha concentrado esfuerzos en impulsar reformas constitucionales, como la reestructuración del Poder Judicial, priorizando el control institucional por encima del gasto productivo.
El bajo retorno de inversión pública y el desgaste del capital político podrían tener consecuencias a mediano plazo: menor crecimiento, más desigualdad territorial y pérdida de legitimidad social. El llamado Plan México, concebido como una visión de Estado para el desarrollo económico, enfrenta ahora una de sus pruebas más difíciles: sobrevivir a la restricción presupuestaria y a la incertidumbre institucional.
@JErnestoMadrid
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Votar sin decidir: el nuevo rostro del autoritarismo electoral
La organización opaca, el acarreo digital y la violencia cuestionan la legitimidad del proceso.
El 1 de junio no se elegirá justicia, se legitimará su captura. A pesar de los discursos oficiales sobre democratización del Poder Judicial, la elección judicial que tendrá lugar este domingo es, en palabras de un empleado de la Fiscalía capitalina, “A los empleados de las fiscalías nos va a convenir la elección judicial porque trabajaremos por los intereses del gobierno, pero a la ciudadanía, los va a perjudicar”.
La frase, demoledora por su sinceridad, revela el corazón del problema: más que un avance democrático, esta elección es una operación política de control institucional.
Ernesto Madrid
El Observatorio Electoral Judicial, en colaboración con el Programa de Justicia, ha documentado la inequidad estructural del proceso: 201 candidaturas sin posibilidad real de triunfo, 133 con la victoria asegurada, y un diseño de boletas que obliga a elegir entre 152 y 221 nombres para apenas entre 23 y 37 cargos. El resultado previsible no es justicia ciudadana, sino confusión, clientelismo y cuotas disfrazadas de paridad.
Como si las irregularidades técnicas no fueran suficientes, se ha documentado que Morena ha activado una estrategia de acarreo con “cerebro” digital, una plataforma electrónica que concentra información detallada de ciudadanos para organizar su movilización el día de la elección. A través de esta herramienta, se distribuyen “acordeones” preestablecidos con listas de candidatos afines al partido, garantizando que el voto siga una línea definida. Esto elimina cualquier margen de decisión autónoma por parte del votante y consolida la operación corporativa del sufragio, ahora bajo una envoltura tecnológica.
Esto no ocurre en un vacío. A la crisis electoral se suma la persistencia de la violencia estructural. El asesinato reciente de dos colaboradores cercanos a Clara Brugada en la Ciudad de México, perpetrado con precisión criminal, expone el fracaso del discurso oficial sobre pacificación. Según el Programa de Seguridad, la CDMX, junto con Sinaloa, Puebla y Tabasco, enfrenta un deterioro acelerado de la seguridad.
Todo esto ocurre bajo un gobierno que llegó prometiendo regeneración moral, pero que ha terminado replicando —y en algunos casos perfeccionando— las mismas prácticas que tanto criticó. Como señala México Evalúa, Morena ha caído en la corrupción, la arbitrariedad y el clientelismo, igual que sus predecesores: “Así como el PAN, nacido como alternativa al PRI, terminó cayendo en las mismas tentaciones, Morena está en ese mismo camino.”
El problema no es solo técnico ni presupuestal —aunque el recorte del 52% al financiamiento del proceso también es escandaloso—; el problema es de fondo: la justicia está siendo utilizada como una extensión del poder. Y cuando eso ocurre, ya no sirve para proteger a los ciudadanos, sino para blindar al régimen.
El domingo se celebrará una elección. Pero no para elegir justicia. Sino para vestir de democracia lo que, en el fondo, no es más que una nueva forma de control.
@JErnestoMadrid
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“Un modelo sin precedentes, con procesos improvisados con salidas inciertas y una elección inasequible para la modelo electoral mexicana”: Banamex
Este domingo, México llevará a cabo un experimento inédito a nivel mundial: la elección popular de jueces federales y locales en una jornada electoral extraordinaria, sin precedentes ni referentes internacionales comparables. Bajo la bandera de una supuesta democratización del Poder Judicial, el gobierno federal ha empujado una reforma que, lejos de fortalecer la justicia, la expone al juego político y a la lógica clientelar. El contexto y la forma de esta elección no sólo ponen en riesgo la imparcialidad judicial, sino que también exhiben un patrón preocupante: la consolidación de un modelo autoritario con mecanismos democráticos de fachada.
Ernesto Madrid
Un modelo sin precedentes... por algo
En ningún otro país del mundo se elige por voto popular a la totalidad de los jueces, mucho menos a los de jurisdicción federal con competencias tan técnicas como las telecomunicaciones o la competencia económica. Bolivia elige un número limitado de magistrados nacionales. Algunos cantones suizos y condados estadounidenses eligen jueces de paz. Incluso en esos casos, los riesgos de politización y debilitamiento judicial han sido ampliamente documentados.
México, sin embargo, decidió ir más allá: diseñó, sin diagnósticos técnicos ni discusión pública sustancial, un sistema de elección judicial que responde más a una lógica de control político que de mejora institucional. La improvisación ha sido norma: nuevas circunscripciones judiciales sin criterios demográficos claros; boletas con “atajos informativos” para inducir el voto; candidaturas sin transparencia en su selección; campañas irregulares y una autoridad electoral reducida al papel de espectador destaca un análisis de Banamex.
Un poder que deja de ser contrapeso
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 —en los últimos días del expresidente López Obrador— fue presentada como una reivindicación democrática. En los hechos, parece diseñada para desmontar al último poder que aún funcionaba como contrapeso real frente al Ejecutivo. El mensaje implícito es claro: el gobierno ya no tolera un Poder Judicial que emita sentencias incómodas, frene reformas inconstitucionales o limite el poder presidencial.
Este rediseño institucional no fortalece la justicia ni responde a la exigencia ciudadana de jueces más eficaces o cercanos. Al contrario, transforma al Poder Judicial en un campo más de disputa electoral, donde el mérito se subordina al arrastre político y la independencia se ve comprometida desde el origen.
La CNTE y el regreso de las viejas tensiones
En paralelo a este intento de reconfiguración del Estado, el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha escalado hasta convertirse en un factor desestabilizador de la elección judicial. La CNTE, que fue aliada estratégica de la izquierda en su camino al poder, ha vuelto a las calles con un plantón que ya acumula más de dos semanas. Las amenazas de boicot a la jornada del 2 de junio y la presión política han obligado al gobierno federal a reabrir el diálogo con una organización que ya no puede controlar.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública han tenido que convocar a la CNTE a negociaciones de emergencia, conscientes de que su boicot podría arruinar no sólo la elección judicial, sino la narrativa de “transformación democrática” que el gobierno busca consolidar como legado. A diferencia del SNTE, sindicato mayoritario institucional y subordinado, la CNTE representa una fuerza autónoma, organizada y capaz de poner en jaque al Estado cuando sus intereses se ven amenazados.
La diferencia entre ambos sindicatos ilustra con claridad las tensiones internas del régimen: por un lado, la estructura oficialista que acompaña sin cuestionar; por el otro, el movimiento que el gobierno ayudó a empoderar y que hoy, al no ser cooptado, se convierte en su principal dolor de cabeza.
¿De qué hablamos cuando hablamos de dictadura?
Si bien México no ha abandonado formalmente el modelo democrático, las señales acumuladas en los últimos años apuntan a un deslizamiento sistemático hacia un autoritarismo electoralmente validado. La captura de organismos autónomos, el debilitamiento del INE, la persecución de jueces incómodos, la centralización del poder presupuestal y ahora la elección popular de juzgadores son síntomas de una enfermedad institucional más profunda.
Este proceso no necesariamente culminará en una dictadura clásica, pero sí en una concentración de poder sin contrapesos efectivos, legitimada por elecciones donde las reglas se adaptan al interés del poder en turno. Una dictadura funcional, gestionada con urnas, pero sin Estado de derecho.
La elección judicial no resolverá los problemas estructurales de la justicia mexicana. No reducirá la impunidad ni garantizará mejores sentencias. Sí contribuirá, en cambio, a consolidar un modelo donde los jueces dejen de ser árbitros para convertirse en actores políticos subordinados. Y en ese camino, el gobierno que prometió democratizar al país corre el riesgo de instalar, por vías democráticas, un régimen autoritario sin retorno.
@JErnestoMadrid
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Ernesto Madrid
