- En la FGJCDMX solo una de cada 100 denuncias se resuelve
Una red de estafa operó durante años a través de la empresa INMOVENT MÉXICO SOLUCIONES PATRIMONIALES S.A. de C.V., dedicada presuntamente a la adquisición de inmuebles en remate bancario. Prometían rendimientos elevados, propiedades exclusivas y acceso privilegiado a convenios con instituciones como BBVA y Banorte, pero detrás de esta fachada, se ocultaba un esquema fraudulento que afectó a decenas de inversionistas y que sigue impune.
Ernesto Madrid
El rostro principal de esta empresa es Leonardo Daniel Ángeles Romero, quien junto con el gerente de ventas Alberto Da Mendoza Ramírez, firmaron contratos que jamás se cumplirían. La captación inicial se hizo a través de la plataforma inmobiliaria Lamudi, donde ofertaban propiedades que, según el asesor Harold Moreno y su coordinador Sergio Morales García, eran "únicas en el mercado" debido a convenios exclusivos con bancos.
El respaldo legal: una complicidad institucional
El entramado legal de esta empresa incluyó la validación de su funcionamiento por parte de la Correduría Pública Número 34 de la CDMX, a cargo del Lic. Miguel Ángel Augusto Camposeco Cadena, cuya oficina se ubica en Av. Cuauhtémoc 16, en la colonia Doctores. Fue él quien formalizó la constitución de la empresa por $50 mil pesos, de acuerdo con el acta constitutiva en poder de este espacio.
INMOVENT MÉXICO, registrada con el RFC IMS210309HH3 y domicilio en Paseo de la Reforma 180, piso 12, operaba desde las oficinas de IZA Business Center, empresa que también aloja a otras dos filiales del mismo grupo:
- ALFA Inmobiliaria Hipotecas
- Inmobiliaria YARD SCRAP
Ambas operan bajo el mismo esquema de fraude, y comparten al apoderado legal Fabio López Gómez, quien además es dueño de Yard Scrap pero nunca dio la cara a los afectados.
El fraude: un desfalco superior a los 70 millones de pesos
El esquema afectó a múltiples víctimas. Una de ellas, con inversiones por más de 7 millones de pesos, relató cómo los retrasos comenzaron en agosto de 2024, hasta que Leonardo y socios desaparecieron con el dinero. Los contratos, con vencimiento al 21 de diciembre de ese año, nunca se cumplieron.
Los afectados señalan que Leonardo Daniel Ángeles Romero, junto con su socio José Eduardo Hernández Cortés, escaparon con al menos 70 millones de pesos, producto de decenas de inversionistas defraudados.
Posteriormente, Fabio López Gómez citó a asesores en noviembre, asegurando que la empresa cumpliría, y canalizó a los inversionistas con un supuesto abogado, Guillermo Pérez, del despacho "Pérez Brugos & Asociados", que resultó ser parte del montaje.
Lavado de recursos: prestanombres y negocios familiares
Leonardo no operó solo. Una pieza clave fue su hermano Josué Romero, usado como prestanombre. A su nombre, adquirió una franquicia de Santas Alitas, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, que es atendida por su madre, conocida en la zona como "Mó". El negocio, aparentemente inocente, sirve como fachada para lavar parte del dinero defraudado.
El clan detrás del fraude
El grupo responsable del fraude está conformado por:
- Leonardo Daniel Ángeles Romero, socio mayoritario y operador del grupo.
- José Eduardo Hernández Cortés y Armando Hernández Cortés, socios fundadores.
- Fabio López Gómez, apoderado legal y operador jurídico de las empresas.
- Josué Romero, hermano de Leonardo y prestanombre en operaciones de lavado.
Cuentas bancarias involucradas:
- Scotiabank: 044180256010975583 – Daniel Ángeles
- Actinver: 13318000008875316 – Inmovent
- BBVA: 012180001183397327 – Inmovent
- BanBajío: 030180900026740392 – Inmovent
- Banorte: 072180012448786848 – Inmobiliaria YARD SCRAP (Fabio López Gómez)
¿Y la justicia?
Pese a la magnitud del fraude y a las pruebas que implican nombres, cuentas bancarias, plataformas digitales, centros de negocios y estructuras jurídicas, las autoridades no han intervenido formalmente. La Fiscalía General de Justicia, la CNBV, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brillan por su ausencia ante un caso que combina delincuencia organizada, fraude, lavado de dinero y uso indebido de instituciones legales.
En 2024, la Condusef recibió más de 25 mil reclamaciones en CDMX, pero solo resolvió el 37.7% a favor del usuario. Profeco tuvo casi 90 mil quejas en todo el país, de las cuales logró conciliar el 78%. Pero en la Fiscalía capitalina, el panorama es aún más desolador: solo 1 de cada 100 denuncias se resuelve. La impunidad es la constante.
Los afectados exigen acción inmediata, la congelación de cuentas y el castigo a quienes operaron, facilitaron y encubrieron esta estafa de al menos 70 millones de pesos, que se ejecutó con total impunidad desde el corazón financiero de la Ciudad de México.
@JErnestoMadrid
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