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Carlos Roberto Matty
- Sonora
Te despiertas, vas al supermercado, intentas pagar y la tarjeta es rechazada. No porque no tengas dinero, sino porque tu identidad —tu existencia digital— ha sido bloqueada. Tu banco no te reconoce, la app se congela, tu identificación no se valida. Una supuesta “alerta política” aparece en tu expediente. No hiciste otra cosa que opinar, cuestionar, disentir. Ciencia ficción, diría cualquiera. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo ya construyen sistemas de Identidad Digital programables capaces de hacerlo realidad.
Ernesto Madrid
Europa prueba billeteras de identidad digital; Canadá vincula identidades con datos bancarios; México y América Latina expanden bases biométricas bajo la promesa de “seguridad”. Pero no es seguridad: es control. Un sistema centralizado que puede rastrear compras, opiniones, movimientos y bloquear a cualquiera —sin aviso ni derecho a defensa— sería el mecanismo perfecto para un Estado que ha normalizado la opacidad y la persecución política.
Aunque las cifras nacionales muestran una ligera baja en homicidios, México Evalúa advierte que 16 estados mantienen niveles críticos de violencia. Las disputas entre grupos criminales, la debilidad operativa del gobierno federal y la presión de Estados Unidos para contener a los cárteles han dejado un mosaico de riesgos que el discurso oficial no reconoce.
Tabasco empeora: registra un alza anual en homicidios. Durango mejora: sostiene una baja continua. Pero la lectura de fondo es inquietante: la estrategia de seguridad no avanza, solo se estanca o retrocede según la región.
El caso de Michoacán es ejemplar. El nuevo “Plan por la Paz y la Justicia” podría desatar más fragmentación criminal si no se acompaña de instituciones locales fuertes. Sin policías capacitadas ni municipios empoderados, cualquier intervención federal es temporal, vulnerable y potencialmente contraproducente.
México Evalúa lo resume así: sin fortalecimiento local, la política federal no sirve; el impacto se evapora y el riesgo de escalamiento permanece.
Otro dato demoledor:
Es decir: el crimen cuesta casi el triple de lo que el Estado invierte para combatirlo. Y, aun así, el gobierno insiste en que tiene “otros datos”.
Nunca como ahora se había visto un gobierno tan complaciente con el crimen organizado, tan incapacitado para contenerlo y tan dispuesto a negarlo. El presupuesto no alcanza para cubrir la corrupción que se volvió rutina desde la llegada de la Cuarta Transformación y su llamado “segundo piso”.
El cinismo, antes un vicio político, hoy es una amenaza a la seguridad nacional. La ceguera —premeditada y conveniente— ya es política pública. La ineptitud, antes un rasgo de estilo hoy afecta la vida diaria de millones.
Frente a cualquier evidencia, la respuesta oficial es siempre la misma: complot, derecha, politización. No escuchan, no corrigen, no aceptan la realidad. La historia ya lo advirtió: la ceguera colectiva no se cura con marchas de apoyo ni con propaganda convertida en religión.
El clima político se ha contaminado de arrogancia e insensibilidad. México evalúa la violencia; el gobierno evalúa enemigos. El caso del senador Gerardo Fernández Noroña lo exhibe sin matices: calificó de “fascista” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda del presidente municipal asesinado. La acusó de usar la tragedia como plataforma política. Un acto que revela una profunda perversión moral y un desprecio inadmisible hacia las víctimas.
Mientras tanto, marchas financiadas con presupuesto público intentan sostener la narrativa del “Tigre” y del pueblo agradecido. Pero el hartazgo social ya no se calla con pensiones, ni con propaganda, ni con amenazas veladas.
Quizás ha llegado el momento de que la sociedad civil —la que no tiene padrinos, contratos ni nóminas— ocupe el espacio que la clase política ha vaciado. Porque quienes hoy gobiernan se acostumbraron a manipular, chantajear y prometer sin cumplir. Se llevan la mayor tajada mientras exigen gratitud a quienes apenas reciben migajas.
Y mientras el Estado avanza hacia una Identidad Digital que podría convertir la disidencia en delito informático, México enfrenta violencia persistente, instituciones débiles y un gobierno que prefiere negar que gobernar.
El país está en un punto crítico. Y la voz que falta —la decisiva— es la de una ciudadanía que ya despertó, pero aún no toma el lugar que le corresponde.
@JErnestoMadrid
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El Banco de México publicó las cifras de la balanza de pagos al tercer trimestre de 2025 y, aunque el reporte confirma un desempeño sólido en la inversión extranjera directa (IED) y un inesperado superávit en la Cuenta Corriente, también revela una realidad menos alentadora: la inversión total del país sigue en niveles históricamente bajos, y la IED apenas representa una pequeña fracción del total.
Ernesto Madrid
La Cuenta Corriente registró un superávit de 2,325 millones de dólares, por encima de la proyección original de apenas 800 millones y en claro contraste con el déficit de 2,042 millones observado en el mismo periodo de 2024.
Este resultado se explica principalmente por el fuerte flujo de remesas, que compensó los déficits en la balanza comercial y en el ingreso primario. En términos del PIB, la Cuenta Corriente equivalió al 0.5%, lo que representa una mejora significativa frente al año previo.
Para 2025, sin embargo, los analistas anticipan un déficit moderado de -0.2% del PIB, en línea con una economía que crecerá por debajo de su potencial y con un ingreso primario todavía presionado por el pago de utilidades e intereses a inversionistas extranjeros.
La Cuenta Financiera reportó un financiamiento neto al exterior de 3,245 millones de dólares, muy por encima de los 909 millones observados un año antes. Excluyendo el aumento en las reservas internacionales, la entrada neta de capital alcanzó 3,560 millones, lo que refleja un apetito de inversionistas extranjeros por instrumentos de deuda del gobierno mexicano.
La IED sorprende: la estrella del trimestre
En el terreno de la inversión extranjera directa, las cifras superaron ampliamente las expectativas. La IED neta alcanzó 6,072 millones de dólares, un salto notable frente a los 1,179 millones del tercer trimestre de 2024.
Considerando el principio direccional, la IED ascendió a 7,176 millones de dólares, el mayor monto para un tercer trimestre desde 2019. Este repunte se explica por tres factores:
En el acumulado de enero a septiembre, la IED suma 40,906 millones de dólares, muy por encima de los 34 mil millones del año pasado y encaminándose a ser la cifra más alta desde 2013.
El problema, sin embargo, es estructural: aunque la IED crece, representa apenas el 7.7% de la inversión total, un indicador que confirma lo débil que está la inversión privada nacional. La inversión fija total sigue “por los suelos”, como reconocen analistas, con caídas acumuladas y un rezago que no logra revertirse.
La inversión de cartera registró entradas netas por 6,220 millones de dólares, gracias a la compra de bonos gubernamentales de largo plazo por parte de extranjeros. Sin embargo, las “otras inversiones” —que incluyen movimientos de bancos, empresas y gobierno— mostraron una salida neta de 9,522 millones, impulsada por un aumento de activos en el exterior por parte de residentes en México y la amortización de créditos de corto plazo.
Los activos de reserva aumentaron 6,805 millones de dólares, en contraste con la salida observada en 2024. La apreciación del peso frente al dólar explica parte de este incremento mediante ajustes de valuación.
¿Y el consumo interno? Signos de enfriamiento
Mientras los flujos internacionales lucen dinámicos, el mercado interno muestra síntomas de desaceleración. Las ventas minoristas se estancaron en septiembre, con crecimiento mensual de 0.0%, afectadas principalmente por:
El comercio electrónico y sectores como textiles, ferretería y salud mostraron avances, pero insuficientes para impulsar el indicador general.
Los analistas mantienen sus estimaciones de IED para 2025 en 42,300 millones de dólares, y proyectan un ligero crecimiento para 2026. Sin embargo, advierten que la revisión del T-MEC será un factor clave para los inversionistas. Aunque el repunte de nuevas inversiones podría estar vinculado al fenómeno de relocalización (nearshoring), persiste la cautela ante un entorno internacional volátil.
@JErnestoMadrid
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La oleada de bloqueos que paralizó carreteras en 17 estados encontró al gobierno federal más preocupado por ganar la narrativa de la semana que por entender la raíz del descontento. La presidenta Claudia Sheinbaum salió a enmendarle la plana a su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, luego de que ésta afirmara que entre los transportistas movilizados había personas con carpetas de investigación abiertas.
Ernesto Madrid
“No tienen carpetas”, corrigió la mandataria, apelando a un generoso “se malinterpretó” para suavizar la contradicción. No era persecución, dijo, sólo un “malentendido”. La coreografía oficial del desliz.
El problema es que la protesta no desaparece con una frase presidencial. Ni se convierte en complot por decreto.
Mientras la presidenta dedicaba energía a desacreditar interpretaciones incómodas y a ajustar las declaraciones de su propio gabinete, medio país vivía bloqueos, retrasos, pérdidas económicas y una demostración contundente de que la inconformidad social ya no es marginal ni reducible a “grupos manipulados”.
La 4T, no obstante, insiste en narrarse sitiada por una oposición que considera derrotada, casi ornamental, pero que al mismo tiempo imagina capaz de coordinar marchas, paros y bloqueos de dimensiones nacionales. Una oposición tan débil como para no amenazar electoralmente… pero tan poderosa como para paralizar 40 autopistas. Es un diagnóstico político que, en consultorios psiquiátricos, tendría nombre y tratamiento.
Rosa Icela Rodríguez no improvisó. Su comentario reveló algo más profundo: un gabinete que sigue operando bajo los mismos resortes del sexenio anterior —negación, cerrazón y victimización— con la diferencia de que ahora, la responsabilidad ya no se puede heredar.
La presidenta rechaza, minimiza o matiza cualquier señal de deterioro en seguridad, extorsión, narcoviolencia o abandono al campo. Es más cómodo culpar a los manifestantes de ser piezas de una conspiración que asumir que el país enfrenta una crisis silenciosa en carreteras, campos agrícolas y ciudades medianas donde los ciudadanos pagan extorsión como si fuera impuesto municipal.
Pero la estrategia tiene un límite. Y está cerca.
Porque cuando la cabeza del gobierno niega lo evidente, el resto del gabinete repite el libreto por lealtad, hábito o miedo. Todo se vuelve una liturgia: negar, matizar, corregir, culpar. O, en el mejor de los casos, asegurar que “se malinterpretó”.
Sheinbaum, concentrada en debates pos-Zócalo y en justificar la marcha del 6 de diciembre, parece apostar a que llenar de seguidores la Plaza de la Constitución equivaldrá a resolver la crisis del autotransporte, el hartazgo de agricultores o la parálisis económica en regiones enteras. Pero el músculo político no sustituye el músculo económico.
Y ahí está el verdadero riesgo para este gobierno.
No es el PAN, ni el PRI, ni Claudio X., ni Salinas Pliego.
Es la realidad del bolsillo. Es la carretera tomada por la delincuencia. Es la cosecha que se pierde sin apoyos.
Es el transportista que paga derecho de piso para cargar maíz, el comerciante que paga doble para abrir su local, el microempresario que cierra antes de tiempo porque la extorsión ya no le permite pagar nómina.
Mover medio millón de simpatizantes al Zócalo no resuelve nada de eso.
Hay quienes en el gabinete insisten en ver detrás de cada protesta la mano invisible de un adversario. Pero las movilizaciones no están esperando que la oposición les marque el paso. Brotan donde el Estado se ha retirado, donde el crimen llena vacíos y donde el gobierno responde con explicaciones indulgentes.
Nadie cuestiona que pueda haber actores políticos intentando capitalizar el malestar. Eso ha ocurrido siempre. La diferencia es que antes, incluso la propia Sheinbaum, López Obrador y Rodríguez alentaban protestas cuando jugaban en el lado opositor del tablero.
Hoy, desde el poder, ese mismo ejercicio se condena como “desestabilización”.
El asesinato brutal de Carlos Manzo fue el catalizador más visible de un enojo que llevaba meses acumulándose. Jóvenes, familias, profesionales, médicos, campesinos y traileros están protestando por una razón muy simple: ya no se sienten protegidos.
Y el gobierno, aferrado a su narrativa de “México feliz”, continúa ignorando que hay sectores que no sólo están inconformes: están frontalmente hartos.
Con la Copa Mundial de 2026 en la puerta —y con ella el escrutinio internacional sobre seguridad, gobernabilidad y movilidad— el país difícilmente puede darse el lujo de seguir explicando sus crisis con la categoría de “malinterpretación”.
Lo que sucede en las carreteras y en los campos no es un malentendido.
Es un mensaje.
Y si el gobierno insiste en no escucharlo, el ruido será cada vez más ensordecedor.
@JErnestoMadrid
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El Early Institute, centro de pensamiento especializado en primera infancia, celebró la presentación del Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciada el pasado 6 de noviembre por el Gobierno Federal. Sin embargo, emitió una advertencia que busca sacudir la comodidad institucional: el documento no menciona de forma explícita a niñas, niños y adolescentes, pese a ser uno de los grupos más expuestos a la violencia sexual en el país.
El organismo reconoce que el plan introduce avances importantes, como una ruta de atención y denuncia homologada a nivel nacional, así como medidas para fortalecer la coordinación entre autoridades, agilizar investigaciones y promover campañas que fomenten la denuncia y desnormalicen la violencia sexual.
Durante la conferencia presidencial del 25 de noviembre, la titular de la Secretaría de Mujeres, Citlalli Hernández, detalló los alcances legislativos de la reforma federal, incluida la propuesta de imponer de tres a siete años de prisión, perseguir de oficio el delito y homologar criterios en las entidades federativas. Actualmente, 22 estados ya tienen la iniciativa registrada en sus congresos.
Legisladoras como Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, y Malú Micher, presidenta de la misma comisión en el Senado, respaldaron el avance normativo y la urgencia de un marco penal más contundente.
No obstante, Early Institute insistió en que las omisiones pesan. La organización recordó que la violencia sexual contra menores aumenta año con año:
Las cifras, advierte, no solo revelan una tendencia alarmante, sino la necesidad de que la política pública integre sin ambigüedades una perspectiva de niñez y adolescencia.
Entre sus recomendaciones, el Instituto subraya la importancia de armonizar los tipos penales en todo el país, tomar en cuenta las condiciones particulares de vulnerabilidad de las personas menores de edad y fortalecer herramientas de prevención. Como parte de ello, puso a disposición la plataforma alumbramx.org, un recurso gratuito de educación y prevención con base en evidencia.
La organización coincidió en la urgencia de reforzar los mecanismos para evitar la revictimización y garantizar protección inmediata a todas las personas afectadas. También llamó a la sociedad a asumir su responsabilidad colectiva: prevenir, detectar y denunciar sin minimizar la violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
El debate ocurre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que especialistas como la psicóloga y exagente de ciberseguridad Bárbara Gutiérrez recuerdan que la violencia —física, sexual, psicológica o digital— comparte la misma raíz: el control y el silenciamiento basado en género, amplificado ahora por las herramientas tecnológicas.
En cualquier país normal, la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo sería una postal amable. Pero México insiste en ser excepcional. Aquí, una felicitación de Pemex a la nueva reina de belleza se convirtió en la entrada a un túnel de opacidad, contratos millonarios, conflictos de interés y un gobierno que, entre risas presidenciales, asegura que todo es “ridículo” y “noticia falsa”.
Ernesto Madrid
La historia, como casi todas las de esta época, comienza con un dato duro —no con un rumor—: 745 millones de pesos.
Esa es la cifra del contrato asignado el 7 de febrero de 2023 por Pemex Exploración y Producción a dos empresas: Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sue, esta última directamente vinculada al mexicano Raúl Rocha, copropietario del certamen Miss Universe.
El dato no apareció por arte de magia: está en los registros oficiales. Y fue este mismo empresario quien, en un elegante giro del destino, celebró el triunfo de la joven cuyo padre, Bernardo Bosch Hernández, funge como coordinador ejecutivo B en el área de Exploración y Producción de Pemex.
Un funcionario con acceso directo a información sensible. Un empresario con contrato de cientos de millones. Una hija coronada Miss Universo.
Y una institución estatal felicitando a todos.
Cualquier parecido con un cuento de hadas patrocinado por presupuesto público no es coincidencia.
Bernardo Bosch, padre de Fátima, ha tenido influencia documentada en procesos de contratación dentro de Pemex. Las versiones internas no son sutiles:
“Aquí nadie se hace millonario por belleza, se hace millonario por amistades. Y esas amistades vienen desde arriba”,
comenta una fuente dentro de la petrolera quién señala que muchos tienen incluso casa en Polanco para vivir cerca de Pemex.
“No se revisan costos reales. Hay proyectos 300%, 400%, hasta 500% arriba del precio estándar. Es un sistema instalado desde el sexenio pasado, pero ahora opera con más descaro.”
Este testimonio confirma lo que múltiples auditorías y reportajes han venido denunciando: la petrolera del Estado se ha convertido en una caja negra donde los sobrecostos no son anomalía, sino procedimiento.
Y mientras Pemex felicita reinas, a sus propios trabajadores les niega aumentos; a los agricultores se les reduce presupuesto; a los transportistas se les deja solos frente al crimen; y a los jóvenes de la Generación Z se les acusa de “grupo manipulado” cuando llenan plazas públicas.
El contraste no es casual. Es estructural. El segundo piso de la 4T, tambaleando
La presidenta reaccionó entre risas, asegurando que todo era “falso” y que las críticas eran “ridículas”. Ridículo, quizá, es otro número:
Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con pérdidas históricas… salvo en la producción de escándalos.
Mientras tanto, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán, los hijos del expresidente, también felicitaron a la reina.
Los mismos que han sido señalados por casos de corrupción, tráfico de influencias, casas con renta de lujo y sus muy comentados —pero nunca aclarados— beneficios públicos.
La realeza de la 4T se pasa la corona entre ellos. Literal y simbólicamente.
Mientras el país debate si Pemex debiera felicitar concursos donde sus funcionarios tienen intereses cruzados, las carreteras se llenan de bloqueos de transportistas y agricultores. La generación Z volvió a las calles, y el gobierno insertó al bloque negro para desviar el mensaje, como ya es costumbre.
La Secretaría de Gobernación respondió con su guion favorito: acusaciones.
“Hay intereses políticos detrás: PRI, PAN, PRD”, dijo Rosa Icela Rodríguez, quien insiste en que “no hay motivo para las movilizaciones”.
Los inconformes escuchan esto mientras pagan extorsiones, les roban mercancía, enfrentan crimen, padecen falta de apoyos y ven a Pemex regalar contratos inflados a empresarios con vínculos familiares.
Pero según el gobierno, ellos son los manipulados.
No es Miss Universo. No es la corona. No es la felicitación.
El escándalo es que Pemex se encuentra en virtual quiebra, entrega contratos por cientos de millones sin competencia, mantiene esquemas heredados del obradorismo, permite que operadores con poder diseñen licitaciones a modo, y niega todo mientras el país se incendia socialmente.
El escándalo es que el segundo piso de la 4T está construido sobre la misma mezcla de negación, clientelismo, corrupción, conflicto de interés y maquillaje narrativo que la primera planta.
Y ni con corona brilla mejor.
@JErnestoMadrid
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La inflación volvió a respirar por la boca grande. En la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor repuntó a 3.61% anual, un avance que, aunque previsible para los analistas, tomó por sorpresa a la narrativa oficial, todavía instalada en la idea —cada vez menos verosímil— de que la estabilidad macroeconómica es un hecho consumado y no una tarea inacabada.
Ernesto Madrid
El incremento quincenal de 0.47% tuvo los sospechosos habituales: tarifas eléctricas que suben con la puntualidad del reloj que no falla, transporte que nunca baja y productos agrícolas que confirman que la volatilidad del campo mexicano es una tradición nacional. Todo ello apenas maquillado por los descuentos del Buen Fin, ese breve espejismo que el gobierno celebra como si fuera una política pública.
Aunque la inflación subyacente se quedó en 4.32%, el mensaje entre líneas no deja espacio para el optimismo gubernamental: los precios siguen siendo tercos. Tan tercos como las autoridades que insisten en narrar un país donde la inflación “se contiene” mientras los analistas proyectan un cierre de 2025 en 3.9% y de 2026 en 4.3%, con presiones adicionales por el aumento al salario mínimo y los efectos de nuevos impuestos.
El gobierno repite que la fortaleza económica se refleja en la reducción de la pobreza. Cierto: 13 millones de personas salieron de la pobreza, un logro que nadie sensato regatearía. Pero la contradicción aparece cuando se pretende que ese avance puede sostenerse sin crecimiento, inversión y productividad. La realidad —esa que no cabe en conferencias matutinas— es que el PIB sigue siendo el termómetro que mira el mundo, los mercados y los inversores. Fingir que no importa no hará que deje de importar.
A esto se suma un escenario poco halagüeño:
La economía mexicana, pese al discurso triunfalista, no crece al ritmo que se le promete al ciudadano. Para 2026, los analistas anticipan mayores presiones inflacionarias justo cuando el país enfrenta un PIB que crecerá apenas 1.4%, prácticamente lo mismo que la población. Una especie de inmovilidad elegante, pero inmovilidad al fin.
El gobierno insiste en alcanzar la meta de colocar a México entre las 10 economías más grandes del mundo. Hoy estamos en el lugar 12, apenas debajo del umbral. Pero para subir, hace falta algo más que voluntad política: hace falta crecer. Y crecer más que Brasil, que avanza a 2.4%, mientras México aspira —con optimismo digno de manual oficial— a un 1%.
El contraste entre aspiraciones y realidades vuelve a exhibir la contradicción central del proyecto: se quiere un país grande con políticas que achican el espacio para la inversión y la productividad.
La revisión del tratado comercial será uno de los exámenes más rigurosos para la administración. La economía mexicana depende del buen clima con Estados Unidos, su principal socio, donde los aranceles bajo la sección 232 ya presionan industrias clave como la automotriz.
Irónicamente, el gobierno que presume soberanía económica se enfrenta a un acuerdo que exigirá disciplina regulatoria, certeza jurídica y un marco energético compatible con estándares internacionales. Todo aquello que, según el propio discurso, “ya no es necesario”.
No es el cierre de 2025 lo que preocupa, sino el arranque de 2026. Los analistas lo advierten con la frialdad que caracteriza a los números: si el gobierno mantiene diagnósticos complacientes y evita los ajustes estructurales necesarios, el país se quedará en un crecimiento mediocre, sin capacidad para sostener ni obra pública, ni gasto social, ni ambiciones geopolíticas.
En economía, como en política, la credibilidad no se decreta: se construye. Y hoy, mientras la inflación sube y el gobierno la minimiza, la brecha entre discurso y realidad vuelve a ampliarse.
Al final, la pregunta que no pueden evitar en Palacio es simple:
¿Podrá México crecer sin asumir los costos de crecer?
Por ahora, la respuesta es tan incierta como el rumbo inflacionario y el crecimiento del PIB.
@JErnestoMadrid
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La Secretaría de Economía volvió a desplegar el reflector sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), presentando el dato estrella del año: 42 mil millones de dólares anunciados en el primer semestre y 41 mil millones confirmados al cierre de 2025. Cifras que Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, exhibe con convicción casi eufórica, como si el nearshoring hubiera resuelto de golpe todas las urgencias estructurales del país. El incremento general de 15% respecto a 2024 alimenta la narrativa oficial de un México que se consolida como imán para el capital global.
Ernesto Madrid
Los números acumulados también lucen impecables: 40,960 millones de dólares en los primeros nueve meses, 14.5% más que el año pasado. Pero detrás de la euforia conviene revisar las letras pequeñas: se trata de datos preliminares, sujetos a revisión por Banco de México, ese árbitro silencioso que suele ajustar lo que la Secretaría prefiere dejar en condición de hazaña.
Aun así, algo es innegable: las llamadas “nuevas inversiones” —dinero fresco, no simples reintegros de capital ya presente— crecieron más de 200%, superando los 4,500 millones de dólares. Solo en el tercer trimestre se registraron 6,695 millones, un salto de 127.9% anual, impulsado por 3,414 millones en nuevas inversiones y 4,391 millones en cuentas entre compañías. La otra cara del dato es menos espectacular: la reinversión de utilidades pierde fuerza y algunas empresas optan por retirar ganancias antes que apostarlas de nuevo.
Estados Unidos sigue siendo el principal origen de la IED, con alrededor de 30% de los flujos; detrás vienen España, Países Bajos, Japón y Canadá. El destino preferido del capital continúa siendo la manufactura, con 37% del total, sobre todo el sector automotriz y de autopartes; después destacan los servicios financieros y la construcción, esta última impulsada por parques industriales y proyectos energéticos.
Sin embargo, la fotografía no es tan homogénea como sugiere el discurso oficial. México puede estar recibiendo cantidades históricas de inversión extranjera, pero su economía interna camina a un ritmo que contrasta con los aplausos. La manufactura apenas creció 0.2% en septiembre; el personal ocupado retrocedió 0.1% y las horas trabajadas cayeron 0.4%. La capacidad instalada al 80.8% refleja estabilidad, sí, pero también la falta de un motor interno que empuje el crecimiento.
El consumo privado —la madre de todos los mercados— avanza 0.1% en septiembre y octubre, apenas un guiño después del 0.6% de agosto. Las exportaciones hacia Estados Unidos, en cambio, parecen vivir su propia realidad: 354.9 mil millones de dólares entre enero y agosto, 6.1% más que el año pasado, y una participación récord de 17.2% en las importaciones estadounidenses. México vende más que nunca, pero eso no necesariamente se traduce en una economía más dinámica puertas adentro.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se compara este “año dorado” con administraciones anteriores: sin el discurso del nearshoring, el sexenio de Peña Nieto captó ligeramente más IED que el actual, y los flujos de 2013 a 2018 superaron los de los primeros años de relocalización productiva. A ello se suma que una parte del récord de 2025 obedece a operaciones corporativas específicas, inversiones pospuestas por la pandemia y particularidades metodológicas.
La IED, además, es solo una pieza del rompecabezas. Los nuevos datos de formación bruta de capital fijo muestran que la inversión total en México equivale a 22.6% del PIB, lejos de la meta de 24% que economistas consideran indispensable para crecer de forma sostenida. Los 41 mil millones de dólares de IED representan apenas 13% de la inversión total: un complemento importante, sí, pero insuficiente para cambiar el rumbo económico por sí solo.
El desafío central permanece sin resolverse: mientras persista la incertidumbre interna —la reforma judicial, posibles cambios fiscales, la renegociación del T-MEC en 2026, reglas poco claras en sectores regulados— el empresario mexicano seguirá frenando su capital. Y sin inversión nacional, la extranjera pierde tracción.
La buena noticia es real: México está captando más dólares que nunca. La mala es que estos dólares, por sí solos, no bastan. Celebrar es válido; convertir ese récord en un punto de partida para fortalecer la inversión interna es lo que no puede seguir postergándose.
@JErnestoMadrid
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En un episodio más de esta diplomacia tóxica que cruza la frontera a la velocidad de un tuit, Donald Trump dejó caer una frase que retumbó en México como un portazo geopolítico: “No estoy contento con México”.
La molestia, según él, se debe a la ineficacia del gobierno mexicano frente al crimen organizado. Pero entre líneas —y Trump nunca ha sido un maestro del disimulo—, la frase dejó un eco más profundo: Estados Unidos sabe dónde están los líderes del narcotráfico… y algunos no están en cuarteles clandestinos, sino en posiciones de poder político.
Ernesto Madrid
Porque Trump no solo dijo que podía enviar tropas. No solo aseguró que conoce rutas, casas, puertas y rostros. También deslizó la frase que más incomodó en Palacio Nacional:
“Sabemos todo de cada uno de ellos.”
Cada uno de ellos.
La ambigüedad no es inocente.
La insinuación que nadie en Palacio quiere escuchar
Cuando Trump afirma que “sabe dónde viven” y que “lo sabe todo”, no se refiere únicamente a los capos visibles. En inteligencia, lo que más pesa no es la captura del sicario, sino la identificación de quien lo protege. Y el expresidente estadounidense ha utilizado esta línea varias veces: sugerir complicidades al más alto nivel en México sin nombrar a nadie, dejando que la sospecha flote como un misil sin destino preciso.
Según fuentes diplomáticas consultadas por analistas en Washington —y citadas en reportes de think tanks como el Wilson Center y el International Crisis Group—, la inteligencia estadounidense ha expresado desde hace años preocupación por la infiltración del crimen en estructuras políticas mexicanas, especialmente en gobiernos locales emanados de Morena en zonas de alta conflictividad. No lo dicen públicamente porque “no rompe relaciones”, pero sí lo insinúan por canales discretos.
Trump, sin embargo, no usa canales discretos. Usa micrófonos.
Entre amenazas militares y diplomacia de negación
Mientras tanto, en México, el gobierno responde con el mismo libreto:
Sheinbaum repitió el mantra de la soberanía: “Nuestro territorio es inviolable.” “No aceptamos intervención extranjera.” “Ellos entendieron.” Pero lo que no respondió fue lo que sí queda en el aire:
¿Entendieron realmente? ¿O entendieron que México no quiere ni puede tocar a ciertos personajes que la inteligencia estadounidense sí tiene identificados?
Porque es evidente: Trump habla como si alguien en México estuviera protegiendo a los jefes reales. Y el gobierno responde como si la frase no existiera. Caos interno, narrativa externa
La protesta juvenil —la primera marcha masiva contra Sheinbaum— fue descalificada como “campaña internacional”, justo cuando Trump decía estar atento a lo ocurrido en México. La narrativa oficial se refugia en conspiraciones cuando la realidad es más cruda:
Es ahí donde las palabras de Trump resuenan: “No estoy contento con México”.
“Es como una guerra”. “Yo estaría dispuesto a hacerlo”. “Sabemos dónde viven”.
Lo que realmente está en juego
No es solo una amenaza militar. Es algo peor: Es una advertencia política.
Trump sugiere que Estados Unidos sabe más de lo que México admite. Que la corrupción no solo está en los cárteles, sino en quienes deberían combatirlos. Que la impunidad tiene nombres y apellidos. Que la transformación tiene grietas donde caben pactos incómodos.
Y que, si México no actúa, Estados Unidos podría hacerlo a su manera.
La relación bilateral continuará tensa, y la retórica seguirá escalando. El riesgo es claro: la soberanía no se pierde cuando se niega una intervención militar, sino cuando un gobierno deja de combatir a los responsables reales del crimen.
Ahí está el núcleo del conflicto: Trump insinúa que sabe quiénes son.
Y México insiste en que no los ve. Mientras Marco Rubio apacigua el terreno.
@JErnestoMadrid
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En una jugada que los bancos mexicanos describen como “inesperada” —y que los usuarios describen como “por fin”— la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que cambia la regla más cómoda del sistema financiero: ya no será suficiente culpar al cliente ausente para validar un cargo no reconocido.
Ernesto Madrid
Ahora, cada institución deberá demostrar, con documentos verificables y procesos confiables, que fue el usuario quien autorizó cada transacción. En otras palabras, aquello que en cualquier país sería lo mínimo indispensable.
La resolución, impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar, tomó por sorpresa a la banca, que no fue convocada a tiempo para presentar sus argumentos. Una tragedia procesal que, al parecer, les dolió más que los miles de quejas por cargos indebidos que acumulan desde hace años.
La Corte eliminó la figura de la “confesión ficta”, ese mecanismo que convertía la ausencia del usuario en el juicio en una especie de firma involuntaria. Con el nuevo criterio, los bancos deberán acreditar que sus sistemas funcionaron correctamente, que los pasos de autorización se siguieron como marca el contrato y que la operación puede rastrearse sin sombras técnicas. Solo entonces el cliente deberá probar que no realizó el cargo.
La medida llega en un momento especialmente sensible para el sector: mientras Estados Unidos presiona por casos de presunto lavado de dinero, en México la banca enfrenta otra tormenta regulatoria —entre ellas, la propuesta del Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para topar comisiones en tarjetas— que, según la Asociación de Bancos de México, amenaza con “restringir el crédito” y “frenar la inclusión financiera”. Sí, los mismos bancos que durante años han defendido comisiones de hasta más del doble de lo que proponen hoy las autoridades.
Según análisis como el de Miranda Partners, las instituciones ya anticipan que recuperarán sus pérdidas por otras vías: más comisiones, menos recompensas y créditos más caros. Una estrategia tan vieja como el propio sistema bancario: si la regulación aprieta, la banca aprieta al usuario.
Mientras tanto, la SCJN insiste en que la nueva jurisprudencia busca un equilibrio básico: que los clientes dejen de estar en desventaja frente a instituciones con recursos ilimitados, abogados de tiempo completo y sistemas que —cuando conviene— siempre funcionan a la perfección.
La decisión marca un precedente obligatorio para los tribunales del país y podría complicar a los bancos ganar juicios por cargos no reconocidos como antes. Para los usuarios, en cambio, representa un respiro: ya no serán interrogados como sospechosos por cargos que no hicieron.
En un giro curioso, la banca asegura que estas medidas contradicen el plan del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la digitalización y la penetración financiera. Una lectura peculiar de los tiempos: proteger al usuario, al parecer, sería contrario al progreso.
Así, entre nuevos topes a comisiones, pérdida de deducibilidad de cuotas al IPAB y más controles regulatorios en puerta, el gremio financiero vive días difíciles. Los usuarios, por primera vez en mucho tiempo, no tanto.
Porque en la guerra declarada por la Corte, el mensaje es simple: si vas a cobrar, primero demuestra. Y eso, para ciertos actores, parece ser pedir demasiado.
Faltan más regulaciones para la banca como el hecho de que sean ellos los que determinan sus lineamientos en contra del usuario y mayores controles en los cheques que reciben para ‘salvo buen cobro’ donde protegen más a los ‘defraudadores’ y ‘rateros’ que, a los usuarios, lo que deja entrever la sospecha de la complicidad, pero quizás, ya vendrá nuevas reglas para quienes siempre quieren ganar antes de perder.
@JErnestoMadrid
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