En agosto, la inversión cayó 2.7% mensual, con desplome histórico en maquinaria importada y construcción. Mientras el gobierno promete un “repunte” para 2026, los datos muestran un año completo de caídas. El capital parece haber perdido el entusiasmo... o la paciencia.
La economía mexicana volvió a dar señales de fatiga. Según el INEGI, la inversión fija bruta cayó 2.7% en agosto, su peor tropiezo desde los días pandémicos de 2020. Y no es metáfora: la maquinaria importada se desplomó 5.2%, el equipo de transporte un 13.6%, y la construcción bajó 1.5%. En resumen, el músculo productivo del país está a dieta... estricta.
Ernesto Madrid
Pero hay más: la inversión pública se contrajo 21.2% anual, sumando 16 meses consecutivos en picada. Todo un récord, aunque no precisamente de esos que se celebran con medalla. En paralelo, la inversión privada también flaquea: lleva diez caídas en los últimos doce meses. Parece que tanto el dinero público como el privado coincidieron, por fin, en algo: no gastar.
Con cifras originales, el panorama es aún menos alentador: la inversión total acumula un descenso de 7.3% en lo que va del año, después de haber crecido 6.8% en el mismo periodo de 2024. Si la tendencia fuera una película, se titularía “De la expansión al estancamiento”.
Las proyecciones oficiales, sin embargo, invitan al optimismo... o al autoengaño. Se espera que 2025 cierre con una caída de 5.8%, pero —buenas noticias— 2026 podría traer un “repunte” de 3.7%. Claro, siempre y cuando la paciencia económica sobreviva al discurso político.
Mientras tanto, el indicador coincidente (ese que mide el pulso real de la economía) lleva 24 meses en terreno negativo. Un maratón de caídas que ni la mejor retórica presidencial logra disimular. Y aunque el indicador adelantado muestra ligeras señales de esperanza —gracias al tipo de cambio y al S&P 500, no a la obra pública—, el repunte suena más a deseo que a diagnóstico.
El consumo privado, por su parte, intenta mantener el ánimo: creció 0.6% en agosto, impulsado por bienes nacionales y servicios. Nada espectacular, pero suficiente para no declararlo en terapia intensiva. Sin embargo, si se mira el acumulado del año, no hay crecimiento respecto a 2024. Dicho de otro modo: las familias compran lo mismo, solo que más caro.
Los economistas pronostican que el consumo podría recuperarse ligeramente en 2026, ayudado por ingresos un poco mejores y tasas de interés más bajas. Aunque, viendo la velocidad del avance, el impulso podría llegar tarde al sexenio.
En síntesis:
La inversión pública se esfuma,
la privada duda,
el consumo bosteza,
y el gobierno promete repuntes a futuro… como quien promete amor eterno en medio del divorcio.
Así que sí, la inversión mexicana parece estar en pausa. Y mientras los indicadores hacen malabares para encontrar el fondo, la economía nacional confirma lo que muchos ya sospechaban: que la “Cuarta Transformación” también puede transformarse en recesión.
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno federal promete “paz y justicia”, los alcaldes de Michoacán siguen cayendo a balazos. El asesinato de Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, revela que en el estado los grupos criminales gobiernan, los políticos negocian y la justicia solo asiste al velorio.
Con la voz rota y el corazón hecho trizas, Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, cuatro días después de que su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, fuera asesinado en plena plaza principal. La escena fue el retrato más fiel de lo que ocurre en Michoacán: funerales, discursos de esperanza y promesas de justicia que nunca llega.
Ernesto Madrid
“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha”, dijo Quiroz ante sus seguidores del Movimiento del Sombrero, un grupo político local fundado por Manzo, quien soñaba con liberar al estado del yugo criminal. Irónicamente, lo mataron por la misma causa.
De acuerdo con datos recopilados por Animal Político y el INEGI, en México cada dos meses y medio asesinan a un alcalde. En los últimos 25 años, 119 presidentes municipales —entre electos y en funciones— han sido ultimados. Y mientras la estadística suena fría, Michoacán sangra caliente: 20 de esos crímenes ocurrieron en su territorio, apenas detrás de Oaxaca.
El conteo de muertos por sexenio pinta un país que se repite en el espejo: Enrique Peña Nieto encabezó la etapa más sangrienta, con 42 alcaldes asesinados; Felipe Calderón le sigue con 37; López Obrador sumó 26; y el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum ya acumula 10. La transformación, como se ve, no llegó ni a las plazas municipales.
En Michoacán, los números también gritan. Bajo el sexenio de López Obrador se registraron 12,807 homicidios dolosos, más que con Calderón (4,003) o Peña Nieto (7,278). Tres gobiernos, tres estrategias y un mismo resultado: el país se sigue desangrando.
Tras el asesinato de Manzo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunió a 59 alcaldes y alcaldesas con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Un título esperanzador para una realidad que no se inmuta. “Se hará justicia y no habrá impunidad”, prometió Rodríguez. En Michoacán, esas palabras suenan como un estribillo ya conocido.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el presunto asesino de Manzo es Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la investigación, el adolescente fue parte del engranaje criminal que disputa Uruapan con Los Viagras, herederos de las autodefensas creadas durante el sexenio de Peña Nieto.
Manzo quedó atrapado en esa guerra de poderes: por un lado, Los Viagras, vinculados —según fuentes de inteligencia federal— al propio gobernador Ramírez Bedolla; por el otro, el CJNG, que controla la capital mundial del aguacate. En medio, un político que creía poder rescatar Michoacán con un sombrero como estandarte y la fe como escudo.
El sueño de Manzo era que su movimiento tuviera presencia en los 113 municipios del estado, y su ascenso lo perfilaba como posible candidato a la gubernatura. Pero en tierra de cárteles, los que sueñan con el poder suelen despertar entre ráfagas.
Ramírez Bedolla, por su parte, busca imponer como sucesora a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, aunque las encuestas no la favorecen. Detrás se mueven viejos fantasmas de la política michoacana: Raúl Morón, apoyado por Leonel Godoy, y los remanentes de La Familia Michoacana integrados a Cárteles Unidos.
La política local se confunde con la estructura criminal y la frontera entre gobierno y crimen ya no se distingue. En Michoacán, los cárteles votan, los funcionarios callan y los alcaldes mueren.
El legado de Carlos Manzo queda ahora en manos de su esposa, que promete continuar la lucha. Y aunque el gobierno asegura que habrá justicia, la historia reciente sugiere otra cosa: en Michoacán, los asesinatos de alcaldes no se resuelven, se sustituyen.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora, a 6 de noviembre de 2025.- En un ambiente de diálogo cercano y participación ciudadana, David Figueroa Ortega llevó a cabo la jornada número 34 del programa “Diputado en tu Colonia”, esta vez en la colonia La Huerta.
En compañía de la dirigente del Partido Verde en Hermosillo, Karla Samantha Yanez García, Figueroa Ortega reiteró su compromiso de mantener un contacto directo con las y los sonorenses, escuchando de primera mano sus necesidades y propuestas.
Durante la jornada, el legislador compartió los avances de su trabajo en el Congreso del Estado, destacando las iniciativas impulsadas en materia de transparencia, seguridad pública y bienestar social.
Asimismo, reiteró que el objetivo del programa es acercar la labor legislativa a las colonias, promoviendo un ejercicio constante de rendición de cuentas y atención ciudadana.
“Este programa nació para que la gente sepa qué hace su diputado, pero sobre todo para escucharlos y servirles directamente. La confianza se construye con hechos y con presencia en las colonias, no desde una oficina”, expresó Figueroa Ortega ante vecinos de La Huerta.
En la jornada se ofrecieron además servicios de gestión social, asesorías y orientación sobre programas estatales reforzando el compromiso del diputado con un trabajo legislativo cercano, transparente y útil para la gente.
David Figueroa Ortega agradeció la participación de las y los vecinos de La Huerta y anunció que las próximas jornadas del programa continuarán recorriendo distintos sectores de Hermosillo, consolidando así un modelo de representación ciudadana basado en el diálogo, la empatía y la acción.
El programa “Diputado en tu Colonia” ha recorrido más de 30 colonias de Hermosillo como la Olivares, Internacional, Sahuaro, San Pablo, Los Jardines, Dunas, Las Ladrilleras, Sahuaro Final, Nueva Castilla, El Mirador, Atardeceres, Reforma Norte, Benito Juárez, Floresta, Camino Real, Machi López y San Judas.
Además, la Unión de Colonos, Oasis Lantana, Primero Hermosillo, Sonacer, Luis Encinas, Pimentel, Mirasoles, Fraccionamiento Arizona, Sahuaro Indeco, Lomas de Madrid, Álvaro Obregón, Rancho Bonito, Mártires de Cananea, El Choyal, Los Jardines, Miguel Hidalgo y La Huerta.
Mientras las “benditas remesas” comienzan a flaquear tras seis meses en retroceso, la economía mexicana enfrenta un escenario de desconfianza, salidas empresariales y consumo debilitado. Un país que aplaude pequeños triunfos mientras el espejo financiero comienza a agrietarse.
Durante años, las remesas fueron el oxígeno invisible que sostuvo al discurso oficial y a millones de hogares. Pero ese motor, presentado como símbolo de fortaleza nacional, empieza a emitir ruidos preocupantes. Según el Banco de México, en septiembre ingresaron 5 mil 214 millones de dólares, cifra que suena triunfalista hasta que se revisa el dato completo: una caída anual de 2.7%, con lo que el país acumula seis meses consecutivos de retrocesos.
Ernesto Madrid
El número de envíos también disminuyó. Se registraron 13.2 millones de transacciones, un 4.7% menos que el año anterior. Cada envío promedió 396 dólares, apenas superior al promedio previo, pero insuficiente para compensar la caída del flujo. En conjunto, los primeros nueve meses del año suman 45 mil 681 millones de dólares, un 5.5% menos que en 2024, la primera contracción desde 2013.
El llamado “orgullo nacional” se convierte, lentamente, en un motivo de inquietud.
Pese a la tendencia a la baja, algunos gobiernos estatales siguen brindando discursos dignos de campaña. En Morelos, por ejemplo, se presume un “crecimiento” de remesas del 0.54% en dólares durante el primer semestre de 2025, de acuerdo con El Sol de México.
Una cifra tan mínima que apenas da para una sonrisa, pero suficiente para justificar un boletín de prensa con tintes de victoria.
Lo que no se dice es que este microcrecimiento ocurre en un contexto de desaceleración laboral en Estados Unidos y endurecimiento migratorio. Cada dólar enviado desde allá hoy cuesta más esfuerzo, más riesgo y más incertidumbre.
Detrás del dinero que cruza la frontera hay trabajadores con menos empleo, salarios presionados y familias que dependen de un flujo cada vez más incierto.
El espejismo sigue siendo rentable políticamente. La narrativa del éxito, no tanto.
Las causas del retroceso son conocidas: una economía estadounidense que se enfría, políticas migratorias más duras y un peso mexicano apreciado, que resta valor a cada dólar. Si allá hay menos empleo y menor ingreso, acá se respira menos oxígeno.
El banco Banamex prevé que el declive continúe con una caída total de 5.3% en 2025, después de un modesto crecimiento del 2.3% en 2024. Es un aviso de que las remesas, más que benditas, son frágiles. Cuando la dependencia económica se asienta sobre el trabajo migrante, cualquier resfriado del norte se convierte en neumonía del sur.
Y mientras los dólares migrantes se agotan, las grandes empresas también comienzan a hacer maletas. Telefónica anunció su salida del mercado mexicano dentro de su plan estratégico 2026-2029. Su presidente, Marc Murtra, explicó que México ya no es prioritario frente a mercados como España, Reino Unido, Alemania o Brasil.
La compañía registró una pérdida neta de mil 80 millones de euros hasta septiembre y enfrenta un entorno complicado: un mercado dominado por América Móvil, altos costos de espectro y una regulación que asfixia a los competidores. En paralelo, AT&T enfrenta rumores sobre la posible venta de su filial mexicana por más de 2 mil millones de dólares. Oficialmente lo niegan, pero el silencio habla por sí mismo.
La desconfianza no se limita a las empresas. La confianza del consumidor lleva 10 meses consecutivos a la baja, y en octubre cayó 0.3 puntos mensuales para ubicarse en 46.1 unidades, con un descenso anual de 3.2 puntos. El mexicano promedio percibe lo que los indicadores confirman: la economía se desacelera y el bolsillo se encoge.
El turismo, otro de los motores que presumía el gobierno, crece por debajo del promedio nacional. En el segundo trimestre, el PIB turístico avanzó 0.4%, frente al 0.6% del PIB total. El consumo turístico interior subió apenas 0.8%, y el gasto por turismo receptivo cayó 4.7%, reflejando que el “superpeso” también encarece el destino México.
Así, entre remesas que se diluyen, empresas que se retiran y consumidores que desconfían, el país enfrenta un efecto dominó silencioso: la incertidumbre que llega del norte y la falta de reformas efectivas en casa.
El “efecto incertidumbre” no solo viene de las elecciones en Estados Unidos o del humor de los mercados; está dentro del propio modelo económico mexicano, sostenido en flujos que no controla y en narrativas que ya no convencen.
Porque cuando los dólares dejan de llegar, no solo se derrumba el discurso… se tambalean los hogares. Y cuando las empresas comienzan a irse, el verdadero éxodo no se mide en migrantes, sino en oportunidades que ya no regresan.
@JErnestoMadrid
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El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no solo exhibió al crimen organizado, sino al Estado desorganizado. Mientras Estados Unidos habla de usar la fuerza en México, la presidenta Sheinbaum culpa a los medios, el gobernador Bedolla “asume” sin renunciar, y los ciudadanos entierran a un hombre que fue valiente en un país donde la cobardía gobierna.
Hay crímenes que matan personas… y hay crímenes que exhiben gobiernos. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pertenece al segundo tipo. No solo por su brutalidad, sino porque mostró, en tiempo real, la descomposición de un Estado que responde al caos con hashtags, promesas y culpables imaginarios.
Ernesto Madrid
El registro de MW Group es casi una radiografía del absurdo institucional mexicano: el 1 de noviembre, a las 20:10 horas, Manzo cargaba a su hijo durante el Festival de las Velas, una fiesta familiar, luminosa, llena de música. Minutos después, seis disparos apagaron las luces. No solo las del evento: también las del discurso presidencial de “abrazos, no balazos”.
Las primeras reacciones no vinieron del gobierno, sino del hartazgo. A medianoche, manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Morelia gritando “¡Justicia!”. Mientras tanto, en redes, el país ardía: #FueClaudia se convirtió en consigna, y el enojo escaló a marchas y protestas.
Según el análisis sociodigital, 130 millones de personas tuvieron algún contacto con el caso. Más que el público de un informe presidencial, pero con menos efectos reales: el crimen no cambia, solo el trending topic.
El informe detalla que 32.8% de la conversación en redes vinculó directamente el asesinato con la presidenta Claudia Sheinbaum, y 32.1% la señaló por omisión, inacción o complicidad con el crimen organizado.
Es decir: uno de cada tres mexicanos en redes cree que el gobierno no solo perdió el control, sino que lo entregó.
Pero la respuesta presidencial fue de antología: en su mañanera, Sheinbaum no habló del asesinado, sino del pasado, culpando —una vez más— a Calderón, a la “guerra del narco”, al neoliberalismo, y a los medios, a quienes acusó de “especular”.
La palabra “especulación” parece el nuevo sinónimo oficial de “realidad incómoda”.
Mientras tanto, el secretario Harfuch confirmó lo que todos sospechaban: no había seguridad adecuada en el evento.
Y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la serenidad de quien no se inmuta ni por los muertos, dijo asumir la “responsabilidad política”. Una frase que en el léxico de Morena significa: no renunciaré ni, aunque me entierren en Palacio.
El análisis de Perception Keys también revela otro dato escalofriante: solo el 9.2% de los mensajes en redes recordaron a Manzo como un alcalde valiente, honesto, que enfrentó al crimen sin miedo.
El resto de la conversación giró en torno a lo que su muerte dejó al descubierto: la impunidad, el control territorial de los cárteles y un gobierno que habla más de la prensa que de los delincuentes.
Porque sí: en el México de hoy, la indignación se mide en interacciones, no en acciones.
Los muertos son tendencia por 48 horas, luego los sepulta el siguiente horror. Y entre tanto, el gobierno se declara víctima de los medios… como si los sicarios tuitearan notas falsas desde sus cuarteles.
La narrativa digital también mostró algo que debería preocupar a Palacio Nacional: 14.8% de las publicaciones llamaron abiertamente a movilizaciones nacionales. El enojo social ya no se esconde detrás de “bots conservadores” o “comentócratas”. Tiene nombre, rostro y cuenta en X.
Y cuando un pueblo que ha normalizado la muerte empieza a indignarse, el problema ya no es de comunicación. Es de legitimidad.
El asesinato de Manzo simboliza más que la tragedia de un alcalde. Es la confirmación de que, en México, los valientes mueren solos y los poderosos se protegen entre sí.
Y mientras la presidenta ensaya su papel de víctima de los medios y Bedolla promete justicia que nunca llega, el país observa cómo el crimen organiza mejor al territorio que el Estado.
Ironías del destino: el alcalde pidió ayuda, no likes; pidió protección, no discursos. Murió esperando al Estado.
Y el Estado llegó… con un anunció, con una narrativa, con una justificación y con un comunicado y con un nuevo plan.
@JErnestoMadrid
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Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un nuevo plan de seguridad… y una vieja estrategia: culpar a los medios, exonerar al pasado y fingir que el crimen no gobierna donde Morena sí.
El gobierno federal bautizó su nuevo intento de apagar el incendio como “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, apenas horas después de que Estados Unidos anunciara que analiza usar la fuerza en territorio mexicano —sin previo aviso incluso— para atacar a líderes del narcotráfico. El mensaje fue claro: Washington perdió la paciencia y México, el control.
Ernesto Madrid
El plan de la presidenta Claudia Sheinbaum llega “después del niño ahogado”, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ultimado durante la fiesta del Día de Muertos pese a haber implorado apoyo federal y así marca el día de Muertes nacional como un presagio de que el que manda el es crimen organizado. Pero, fiel a la tradición de la Cuarta Transformación, el discurso se centró en atacar a los “buitres mediáticos”, no a los criminales que gobiernan de facto buena parte de Michoacán.
“Buitres” y “comentócratas carroñeros”, les llamó Sheinbaum a quienes exigieron respuestas por el asesinato de Manzo. No hubo un solo calificativo similar para los cárteles que controlan el estado ni para los funcionarios que, desde Morena, mantienen pactos de silencio y complicidad. La presidenta se enojó con la prensa, no con los asesinos.
La historia, sin embargo, tiene antecedentes conocidos.
Felipe Calderón inició su “Operativo Conjunto Michoacán” vestido de militar en 2006; Enrique Peña Nieto prometió “no combatir violencia con violencia” con su propio Plan Michoacán en 2014; y Andrés Manuel López Obrador ofreció un “Plan de Apoyo Michoacán” en 2021 que terminó siendo un programa social más, administrado por el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —a quien la entidad ya no quiere, pero el partido no suelta—.
Tres presidentes, un mismo fracaso. Sheinbaum parece decidida a convertirse en la cuarta en repetirlo.
Su “nuevo” plan promete tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En resumen: promesas conocidas con distinto eslogan. Lo que no cambia es la verticalidad del poder. Aunque la presidenta asegura que “no será un plan vertical” y que “se nutrirá de otras voces”, la primera voz que descalificó fue la de quienes cuestionan su estrategia.
Mientras tanto, el conteo de la violencia avanza.
En Michoacán han sido asesinados siete alcaldes en los últimos tres años, tres durante el actual gobierno. Según Data Cívica, 63 funcionarios públicos han sido ejecutados en los últimos cinco años en la entidad. A la lista se suman líderes sociales como Bernardo Bravo, representante de los limoneros de Apatzingán, encontrado muerto días antes tras denunciar las extorsiones del Cártel Jalisco y Los Viagras.
El asesinato de Manzo no solo desnuda la fragilidad de la autoridad local, sino también el contubernio de Morena con los gobiernos estatales, a quienes el poder federal no toca, sin importar las evidencias o el clamor ciudadano. Sheinbaum, que prometió un Estado de derecho, parece más interesada en mantener la lealtad política que la justicia.
Y mientras la Casa Blanca contempla operaciones unilaterales en México, la respuesta presidencial es una mezcla de negación y soberbia.
En su conferencia matutina, Sheinbaum mencionó a Felipe Calderón diez veces, pero al alcalde asesinado solo una. Para la mandataria, la culpa sigue siendo del pasado, aunque el presente le explote en las manos.
El guion se repite: Washington amenaza, los cárteles avanzan, el gobierno promete planes con nombre solemne y el país entierra a otro alcalde.
Solo cambian los actores. El crimen sigue escribiendo la ley y, esta vez, el libreto oficial no busca justicia… sino audiencia.
@JErnestoMadrid
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Hermosillo, Sonora.- Treinta y un años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el país revive la herida con el asesinato político de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Y como si el destino insistiera en recordarnos las deudas del pasado, Hermosillo, Sonora, ciudad marcada por la tragedia de la Guardería ABC -donde 49 niños perdieron la vida en 2009-, vuelve a ser escenario del horror con la explosión en la tienda Waldo's, que dejó 23 muertos y 12 heridos.
A simple vista, los hechos parecen inconexos: dos asesinatos políticos y dos tragedias civiles.
Sin embargo, un hilo invisible los une: La violencia como instrumento, la negligencia como sistema y la impunidad como consecuencia.
México, en su historia reciente, ha mostrado una dolorosa capacidad de repetirse.
Un país que no aprende.
Cada generación hereda los mismos problemas, y patrones de omisión estatal, de justicia parcial, de víctimas olvidadas.
Colosio
El 23 de marzo de 1994, la vida política mexicana se detuvo en seco.
Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana.
La noticia estremeció al país.
México entraba en una nueva era de incertidumbre política, marcada por la desconfianza, la sospecha y el dolor.
Colosio no era un político más, era el rostro de una posible renovación dentro del sistema priista.
Su discurso del 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución, había sido una declaración de independencia política:
“Veo un México con hambre y con sed de justicia… Veo un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla".
Ese mensaje, que tocó fibras profundas en una sociedad cansada de los abusos del poder, también despertó recelos en las cúpulas políticas.
Días después, Colosio fue asesinado.
El país entero vio en televisión cómo el candidato era llevado a empujones entre la multitud.
Minutos más tarde, se confirmaba su muerte.
La versión oficial señaló a Mario Aburto Martínez como el autor material, pero las inconsistencias en la investigación, las pruebas alteradas y los testimonios contradictorios sembraron una duda que persiste hasta hoy.
El caso Colosio simbolizó el fin de la confianza en el Estado mexicano.
A partir de entonces, el ciudadano aprendió a desconfiar de las investigaciones oficiales.
Carlos Manzo
Tres décadas después, el 1 de noviembre de 2025, México volvió a ser testigo de otro asesinato político:
El de Carlos Manzo, figura emergente y reformista en la política.
Manzo, como Colosio, había construido un discurso centrado en la reconciliación nacional, la crítica al poder y la necesidad de un cambio moral en la vida pública.
Su estilo directo, su independencia ideológica y su conexión con los sectores marginados lo convirtieron en una figura incómoda para los viejos intereses.
El crimen ocurrió durante un acto público en el que el político saludaba a simpatizantes.
De nuevo, la multitud, el caos, la confusión.
De nuevo, una bala que interrumpe un proyecto político y, de nuevo, una respuesta institucional tardía, contradictoria y opaca.
Los paralelismos con el caso Colosio son evidentes:
Ambos fueron asesinados en eventos masivos, rodeados por simpatizantes y ante la presencia de cuerpos de seguridad insuficientes.
Ambos eran figuras de renovación dentro de un sistema político desgastado.
En los dos casos, las autoridades ofrecieron versiones oficiales poco convincentes y omitieron líneas de investigación sobre móviles políticos.
En ambos, el resultado inmediato fue la desconfianza ciudadana y el sentimiento de orfandad política.
El asesinato de Carlos Manzo confirmó lo que Colosio había advertido: que el país seguía padeciendo los mismos males, los mismos intereses y los mismos silencios.
ABC
Hermosillo es una ciudad marcada por la tragedia.
El 5 de junio de 2009, un incendio arrasó con la Guardería ABC, un establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En cuestión de minutos, las llamas consumieron el lugar, atrapando a decenas de niños y niñas.
Cuarenta y nueve murieron; más de setenta resultaron con quemaduras y lesiones permanentes.
El país lloró.
Las imágenes del humo negro elevándose sobre el cielo de Hermosillo se grabaron en la conciencia nacional.
Pero más doloroso aún fue descubrir que la tragedia pudo evitarse.
Las investigaciones revelaron que la guardería no contaba con salidas de emergencia adecuadas; que las paredes estaban forradas de material inflamable; que las inspecciones de Protección Civil se habían simulado; y que los propietarios tenían vínculos con funcionarios públicos de alto nivel.
La tragedia de la Guardería ABC se convirtió en un emblema de la negligencia institucional en México.
Pese a los años de lucha de los padres y madres, la justicia nunca llegó del todo.
Las sanciones fueron mínimas, los responsables siguieron en libertad y las reformas prometidas se quedaron en el papel.
Waldo"s
El 1 de noviembre de 2025, Hermosillo volvió a estremecerse.
En una sucursal de la tienda Waldos, ubicada en la zona comercial, una explosión en el centro de carga eléctrica provocó un incendio devastador.
El siniestro dejó 23 personas muertas y 12 heridas, entre empleados y clientes.
Los primeros peritajes apuntaron a una sobrecarga eléctrica pero pronto salieron a la luz detalles que recordaron dolorosamente al caso ABC:
Falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas.
Omisión de medidas de seguridad básicas.
Ausencia de inspecciones recientes de Protección Civil.
Desorganización y falta de protocolos de evacuación.
Falta de salidas de emergencia.
La tragedia volvió a desnudar la precariedad del sistema de prevención de desastres en México.
Hermosillo, una vez más, se convirtió en el espejo del país:
Un lugar donde la tragedia no enseña, sólo se repite.
Padres de víctimas de la Guardería ABC acudieron al lugar de la explosión para encender velas y acompañar a las familias afectadas.
“Nos prometieron que nunca volvería a pasar”, dijo una madre. “Y volvió a pasar.”
Fallas, omisiones y simulación
Las cuatro tragedias -los asesinatos de Colosio y Manzo, y los incendios de la Guardería ABC y Waldos- comparten un mismo denominador:
La falla estructural del Estado mexicano.
En los asesinatos políticos, esa falla se manifiesta en la incapacidad para proteger a figuras públicas amenazadas y en la tendencia a encubrir las investigaciones.
En las tragedias civiles, se refleja en la corrupción administrativa, la falta de vigilancia, la simulación de inspecciones y la impunidad que sigue a la catástrofe.
En ambos ámbitos -el político y el civil-, la constante es la misma:
la omisión como política, la impunidad como resultado y el olvido como mecanismo de defensa colectiva.
México, al mirar sus heridas, descubre que en ellas siempre hay un sello institucional:
Una firma del Estado ausente o cómplice.
Protección Civil
La Ley General de Protección Civil establece que toda autoridad tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población ante riesgos previsibles.
Sin embargo, tanto en el caso de la Guardería ABC como en Waldo's, esa prevención se tradujo en burocracia y simulación.
Inspecciones que nunca se realizaron, permisos renovados o no sin supervisión, protocolos que sólo existían en papel.
En Hermosillo, la cultura de la prevención quedó subordinada a la cultura del trámite.
Las tragedias demostraron que los sellos y los oficios no apagan incendios.
Expertos en gestión de riesgos han advertido que México continúa sin consolidar un sistema nacional eficaz.
Las dependencias de Protección Civil operan con recursos limitados, sin autonomía técnica ni mecanismos de control ciudadano.
El resultado es un país donde la vida cotidiana transcurre sobre una base de riesgo permanente.
Repetición
México parece atrapado en un bucle histórico.
El asesinato de Colosio debió marcar un antes y un después en la protección a líderes políticos.
No lo hizo.
La tragedia de la Guardería ABC debió transformar la forma en que se regulan los espacios públicos y privados.
Tampoco lo hizo.
El asesinato de Carlos Manzo y la tragedia de Waldo's confirman que la historia se repite no por destino, sino por desatención.
En cada uno de estos hechos hay víctimas, familias destrozadas, y un mismo escenario posterior:
El silencio oficial, las conferencias de prensa, los homenajes fugaces y la impunidad duradera.
Heridas abiertas
México carga con heridas que nunca sanaron.
En Tijuana, la cruz de Lomas Taurinas recuerda el día en que la esperanza fue silenciada.
En Hermosillo, el memorial de la Guardería ABC y las flores frente a la tienda Waldo's simbolizan el precio de la negligencia.
Y en la memoria nacional, los nombres de Colosio, Manzo, los niños de la ABC y las víctimas de Waldo's se entrelazan como capítulos de una misma historia:
La historia de un país que no logra proteger la vida de su gente.
La memoria, sin embargo, también puede ser resistencia.
Mientras haya quien recuerde, investigue y escriba, habrá posibilidad de que esas historias no se repitan.
Porque cada tragedia exige justicia y exige que el Estado aprenda, actúe y deje de fallar.
Y en ese aprendizaje pendiente, México sigue mirándose al espejo, con las mismas heridas abiertas y las mismas preguntas sin respuesta.
La plaza de Uruapan fue el escenario de una sentencia: cuando el Estado calla, el crimen escribe la ley. El asesinato de Carlos Manzo desnuda la farsa de la seguridad y la hipocresía del poder.
El primero de noviembre de 2025 será recordado como el día en que el país enterró su última ilusión de justicia. En Uruapan, Michoacán, la fiesta del Día de Muertos terminó siendo una ceremonia real: el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, el único político que se atrevió a desafiar al crimen organizado y a señalar la complicidad del poder.
Ernesto Madrid
Lo mataron frente a su gente, en la plaza, en medio de velas y música. Pero no fue una bala de plomo la que lo mató. Fue la bala invisible de la indiferencia nacional, la que se dispara desde los escritorios del poder y se carga con silencio ciudadano.
De los “valientes no asesinan” de antaño, México ha pasado a su versión más cruel: “a los valientes, los asesinan.”
La presidenta Claudia Sheinbaum salió con su libreto de siempre: “No habrá impunidad.” El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lamentó el crimen y habló de “dar la cara.”
El secretario Omar García Harfuch prometió justicia y anunció —como si eso fuera consuelo— que catorce elementos federales custodiaban al alcalde. Catorce.
Ni así pudieron evitar que lo mataran.
Esa es la magnitud del fracaso: en un país donde ni catorce escoltas federales bastan, las instituciones ya no protegen; acompañan al funeral.
Mientras Sheinbaum promete que no regresará “a la guerra de Calderón”, su secretario admite lo evidente: “es necesaria la fuerza del Estado.” La contradicción los delata. La retórica de paz ya solo sirve para maquillar la guerra perdida.
Y mientras el narco conquista territorio, el gobierno conquista titulares: los youtuberos del oficialismo minimizan el crimen, los medios alineados suavizan los titulares y el dinero público vuelve a callar las redacciones.
Carlos Manzo no era un político más. Era el alcalde que denunció lo que nadie quería ver: la colusión entre el gobierno estatal de Ramírez Bedolla y los cárteles, la extorsión a productores de aguacate y limón, las cuotas impuestas por las células criminales.
Lo dijo sin miedo:
“Prefiero convocar al pueblo de Uruapan a tomar las armas que arrodillarme ante el crimen organizado.”
Y ante las amenazas, respondió con una frase que hoy retumba como epitafio:
“Tengo miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía. No podemos dar ni un paso atrás.”
Lo dijo. Lo cumplieron. Lo mataron.
Fue el segundo crimen político en Michoacán en menos de quince días, después del asesinato del líder agrícola Bernardo Bravo, otro hombre que denunció la corrupción y la extorsión. Dos muertos, una misma raíz: el Estado ausente.
Manzo no pedía milagros. Pedía presencia, apoyo, Estado. Pero su voz cayó en el vacío de un gobierno que escucha con sordera selectiva.
El gobernador Bedolla tuvo el descaro de presentarse en el funeral.
Los uruapenses le respondieron con lo que merecía: “¡Asesino!” “¡Fuera!”
El pueblo lo corrió a gritos, porque en Michoacán ya no se confunde la compasión con el cinismo. Y Bedolla, acorralado, dijo en conferencia:
“Fui a ponerme a las órdenes de su familia. Entiendo la indignación.”
Entiende, pero no actúa. Lamenta, pero no renuncia. Promete, pero no cumple. Y así, con declaraciones tibias y rostros compungidos, se repite el ciclo nacional: matan, condenan, prometen, olvidan.
El mensaje es brutal y claro: ni la Guardia Civil ni el gobierno controlan Michoacán.
Los dueños del estado se apellidan Cártel, y despachan desde oficinas más seguras que cualquier Palacio de Gobierno.
El crimen de Manzo no fue solo un asesinato: fue un aviso.
El mensaje del narco fue directo y pedagógico: “el que habla, muere.”
Y el del gobierno, aún más infame: “el que muere, será lamentado, no protegido.”
La hija de Amparo Romero, aquella enfermera atacada por perros en 2024, lo resumió mejor que cualquier editorial: “Te quedó grande, México.”
Y sí, nos quedó grande a todos: a los políticos de izquierda, derecha o centro que huyen a Europa a “descansar”; a los que lloran en Gaza pero callan en Uruapan; a los que legislan la impunidad con discursos de moral pública.
El país que alguna vez presumió héroes hoy fabrica mártires.
Y la historia que antes escribían los valientes ahora la corrigen los cobardes.
Carlos Manzo no fue un alcalde más. Fue un mexicano que se negó a negociar con el miedo.
Por eso lo mataron.
Y mientras sigamos aceptando la injusticia como paisaje, seguirán cayendo los mejores.
Porque en México, los valientes no matan.
A los valientes, los matan.
@JErnestoMadrid
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En la República de la Verdad Selectiva, la presidenta presume honestidad con sello de Palacio, aunque los números, los informes y los notarios de su partido cuenten otra historia. Pemex se hunde, la economía se congela, y los viejos fantasmas de la corrupción siguen firmando escrituras… con fe pública.
“Nosotros no decimos mentiras”, aseguró Claudia Sheinbaum en su ya célebre tono doctoral, el mismo con el que se desmienten hechos comprobables y se glorifica la estadística a conveniencia. La frase surgió tras una pregunta incómoda de reporteros sobre el paradero de Simón Levy, exfuncionario de la 4T.
Ernesto Madrid
“Está detenido en Portugal”, dijo la presidenta.
Y aunque Simón Levy, con el que hay que tener cuidado, lo desmintió, horas después, propio de quienes pertenecieron a la cuarta transformación en el periodo del expresidente López Obrador, con la contradicción, Simón Levy si está en libertad, pero con medidas cautelares.
Mientras tanto, el país sigue su curso. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que trece empresas fantasma fueron constituidas en notarías de los hermanos Adán Augusto y Melchor López Hernández, ambos cercanos al círculo presidencial.
En la Notaría 27, de Adán Augusto, quién se aferra a su cargo, nacieron CCTI y Surface Technology, compañías señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de triangular 270 millones de pesos de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto.
En la Notaría 13, de Melchor, apareció E&P Solutions, con otros 194 millones de pesos desviados bajo el mismo esquema. En total: 464 millones evaporados con fe pública y tinta tabasqueña.
Pero las notarías no son lo único que huele a humo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó esas y otras diez firmas más en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como factureras. Una de ellas, Grupo Consultor de Tabasco, S.A. de C.V., fue creada ante la presencia del propio Adán Augusto, cuando aún juraba que su firma sólo certificaba “el progreso del pueblo”.
Y mientras la justicia fiscal se entretiene con oficios y sellos, las Fuerzas Federales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez a Leonardo Arturo Leyva Ávalos, “El Carnal”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y enlace directo del exsecretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” —sí, el mismo que ocupó el cargo con la venia del entonces gobernador Adán Augusto. En el expediente aparecen también El Mamado, Indeco y Chichirria, nombres de caricatura en una trama criminal que, curiosamente, tampoco se menciona en las “mañaneras del pueblo”.
Pero lo verdaderamente heroico ocurre en el tablero financiero. El Congreso aprobó para 2025 apoyos a Pemex por 136.2 mil millones de pesos, según la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo, de enero a septiembre el gobierno ya transfirió 380.6 mil millones, es decir, 179% más de lo autorizado.
Para dimensionar: el rescate a la petrolera superó el gasto total de la Secretaría de Educación Pública, que ejerció 361.1 mil millones en el mismo periodo de acuerdo con México Evalúa. En otras palabras, el país invierte más en sostener pérdidas que en educar al futuro.
Y, aun así, la presidenta insiste en que “Pemex está mejor que nunca”. Quizá lo esté… si medimos el éxito en la velocidad con la que se hunde.
Mientras tanto, la percepción de inseguridad entre los adultos mayores de 18 años alcanzó 63%, de acuerdo con el INEGI. La gente tiene miedo de vivir en sus propias ciudades, pero la narrativa oficial asegura que “el país está en paz”. Paz, claro, entendida como silencio mediático y estadísticas con perspectiva optimista.
En el frente económico, la actividad industrial cayó 0.5% en el tercer trimestre, empujando al PIB a su primer retroceso de 2025. El crecimiento proyectado de 1.5% por la Secretaría de Hacienda ya parece un recuerdo optimista.
Mientras tanto, Donald Trump reaviva su diplomacia de mazo: cancela vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, mantiene la frontera cerrada al ganado mexicano y continúa pactando acuerdos comerciales con todos… menos con México.
Desde Palacio, Sheinbaum responde: “México no es una piñata”. Cierto. Pero entre los golpes externos y los autogoles internos, el país parece, cuando menos, una caja de sorpresas que sangra presupuesto. Aunque el gobierno de México ya cedió, de acuerdo con el Departamento de Transporte en un documento fechado el 28 de octubre y se reanudaran los servicios con slots en el Aeropuerto de la Ciudad de México, para la temporada de verano de 2026.
Así, la presidenta cumple con su palabra de “nosotros no decimos mentiras”, sólo elige con cuidado qué parte de la verdad cabe en la transmisión matutina y cuál debe permanecer bajo reserva.
Después de todo, en el México del Segundo Piso de la Transformación, la transparencia no se niega: se administra.
@JErnestoMadrid
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La banca mexicana anuncia con solemnidad que pedirá identificación para depósitos y retiros mayores a 140 mil pesos… pero hasta julio de 2026. Ocho meses en los que seguirán los fraudes, las omisiones y las manos limpias de quienes dictan las reglas y no responden a los usuarios, sino a Washington.
Los bancos mexicanos se han vuelto expertos en el arte de la limpieza: se frotan las manos, las lavan y salen oliendo a legalidad. Esta semana, la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció su nueva cruzada moral: a partir del 1 de julio de 2026, toda persona que deposite o retire más de 140 mil pesos deberá presentar una identificación oficial y un dato biométrico.
Ernesto Madrid
En teoría, la medida busca combatir fraudes y lavado de dinero. En la práctica, es otra jugada para quedar bien con Estados Unidos y distraer de los escándalos recientes. Y mientras tanto, en estos ocho meses de gracia, los fraudes a particulares seguirán ocurriendo con la misma naturalidad de siempre, sobre todo en bancos como BBVA y Banamex, donde las reclamaciones se resuelven con el elegante sello de la impunidad: “fue culpa del cliente”.
Con sus ejércitos de abogados prepotentes, que ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sus cómplices per se, las instituciones bancarias seguirán justificando los robos, bloqueando los reclamos y blindando sus intereses. Porque en México, la banca no solo lava dinero, también lava responsabilidades.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que esta medida “va más allá de la regulación” y que busca “digitalizar la economía y combatir el uso de efectivo”. Una declaración tan solemne como conveniente, justo cuando varios bancos se encuentran bajo observación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
Solo que, a estas alturas, algunos de esos bancos ya ni existen. CI Banco, por ejemplo, ya fue revocado y vendió todos sus activos; solo quedan residuos en manos del IPAB, que deberá liquidar lo que resta.
Intercam, por su parte, se deshizo de sus tres filiales en Estados Unidos, vendió su fondo de inversión, casa de bolsa y activos bancarios a Kapital, quedándose como un elegante cascarón financiero, con algo de capital, pero sin operaciones bancarias.
Aun así, la ABM presume “medidas contundentes” y “plataformas de información en tiempo real” para prevenir el lavado. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplaude, a pesar de haber impuesto sanciones por 185 millones de pesos a Intercam, CI Banco (en su etapa final) y Vector Casa de Bolsa, en el marco de una investigación internacional.
El monto suena fuerte, pero en un sistema que gana más de 300 mil millones de pesos al año, equivale a un coscorrón contable.
Y mientras el Banco de México intenta moderar las comisiones de las tarjetas para “impulsar la inclusión financiera”, los banqueros se quejan de que eso sería “un control encubierto de precios”. Quieren digitalizar la economía, sí, pero sin renunciar al control de la caja y sin que les toquen los márgenes.
Así que el guion se repite: anuncian medidas con olor a transparencia, pero que entran en vigor cuando ya nadie las recuerde. Los bancos ponen las reglas, la autoridad asiente y el usuario paga el costo.
Así, mientras las autoridades regulatorias intentan, con timidez, ajustar las tuercas, los bancos responden con la elegancia de quien dicta las reglas del juego: aceptan “corresponsabilizarse” de la bancarización, siempre y cuando puedan decidir cómo, cuándo y cuánto.
Porque en el sistema financiero mexicano, los fraudes se perdonan, las sanciones se descuentan y la reputación se limpia con comunicados de prensa.
Y mientras llega julio de 2026, los bancos seguirán haciendo lo que mejor saben hacer: lavar… pero no precisamente el dinero de otros, sino su propia conciencia.
Al final, lo de siempre: los bancos se frotan las manos… y luego se las lavan. Porque en México, cuando el dinero sucio pasa por caja, la culpa nunca cotiza en bolsa.
@JErnestoMadrid
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El PIB se contrajo 0.3% en el tercer trimestre de 2025, la deuda alcanzará niveles históricos y el presupuesto 2026 promete mucho gasto… pero poca inversión. Un equilibrio peculiar entre la austeridad discursiva y el endeudamiento pragmático.
La economía mexicana parece haberse especializado en el arte del tropezón elegante. Según la estimación oportuna del INEGI, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.3% durante el tercer trimestre de 2025, arrastrado por una producción industrial que se desplomó 1.5%. Nada que no se esperara, por supuesto. Banamex Estudios Económicos y el consenso de analistas ya lo habían adelantado: el país crece poco, pero cae con estilo.
Ernesto Madrid
Mientras tanto, el sector primario —esa vieja maquinaria del campo— sorprendió con un avance de 3.2%, acaso empujado por la necesidad más que por la política pública. Los servicios apenas se movieron 0.1%, reflejando la fatiga de una economía que sigue viva gracias al consumo interno y las remesas, esos dólares de esperanza que cruzan la frontera más rápido que las reformas prometidas.
A tasa anual, el PIB cayó 0.2% y acumuló un magro crecimiento de 0.2% entre enero y septiembre. Un logro modesto que el discurso oficial traducirá, sin duda, en “estabilidad con justicia social”. Pero detrás de la retórica, la realidad muestra un modelo agotado: el industrial lleva cuatro trimestres consecutivos en negativo y las manufacturas —motor del empleo y de la exportación— muestran señales de fatiga estructural.
El panorama no mejora con el horizonte fiscal. El Paquete Económico 2026, según la COPARMEX, se sostiene sobre bases más realistas que en años anteriores, aunque no por ello más alentadoras. El gobierno prevé un crecimiento entre 1.8% y 2.8%, un optimismo que choca con las proyecciones privadas que apenas rozan el 1.4%. Todo esto mientras la deuda pública alcanzará un histórico 52.3% del PIB —unos 151 mil pesos por habitante—, demostrando que la austeridad también sabe endeudarse cuando conviene.
Los ingresos tributarios crecerán 6.5%, aunque el gasto sigue apostando más a la dádiva que a la productividad. El presupuesto mantiene un sesgo asistencial, más orientado a sostener clientelas que a fortalecer capacidades productivas. Las MiPyMEs, responsables de siete de cada diez empleos, vuelven a quedar fuera del radar presupuestal, relegadas detrás de megaproyectos energéticos y obras emblemáticas que no necesariamente producen energía… ni confianza.
El rubro de salud recibirá 965.7 mil millones de pesos, apenas el 2.5% del PIB, muy lejos del 6% recomendado por la OMS. Pero lo importante, dicen en Palacio, es que el IMSS tendrá más recursos —aunque la Secretaría de Salud y el ISSSTE sufran recortes— y que COFEPRIS, con un presupuesto reducido en 5.9%, siga revisando expedientes con la velocidad de un caracol con insomnio.
En educación, el gasto crecerá 3.4%, pero un tercio de los recursos irá a las Becas Benito Juárez. Una inversión noble, aunque limitada: se beca más, pero se enseña menos. Y mientras los alumnos reciben apoyos, las escuelas continúan sin infraestructura, los maestros sin capacitación y la tecnología sin llegar al aula.
En seguridad, los números son igual de elocuentes. Aunque el gasto total aumentará 3.6%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana perderá casi una quinta parte de su presupuesto. En cambio, la seguridad interior y los asuntos de orden público —léase: presencia militar— recibirán aumentos de dos dígitos. La lógica es clara: la paz se mide en efectivos desplegados, no en delitos reducidos.
La inversión pública sube 19.8% hasta alcanzar 3.2% del PIB, pero más del 80% se concentrará en energía, vivienda y transporte. PEMEX absorberá uno de cada cuatro pesos invertidos, consolidando su estatus de agujero financiero con causa nacionalista. El Tren Maya, ese símbolo del segundo piso de la transformación, continuará devorando recursos mientras hospitales y escuelas siguen esperando turno.
Desde COPARMEX, el mensaje es claro: sin fortalecer a las MiPyMEs, sin garantizar certeza jurídica y sin orientar la deuda hacia inversión productiva, México corre el riesgo de quedar atrapado en su propio laberinto presupuestal. La confederación propone reorientar recursos, fortalecer el Estado de Derecho y apostar por innovación, infraestructura y capital humano.
En otras palabras, hacer lo contrario de lo que se viene haciendo.
El país necesita un presupuesto que deje de administrar la pobreza y empiece a construir riqueza. Pero por ahora, el discurso de la “transformación con justicia social” parece más cómodo en la estadística que en la realidad productiva.
Porque si algo ha demostrado el gobierno mexicano es su habilidad para mantener la economía en equilibrio: ni tan mal como para caer, ni tan bien como para levantarse.
@JErnestoMadrid
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En plena temporada alta, Washington baja del cielo 13 rutas mexicanas, mientras el gobierno de Sheinbaum promete que todo “seguirá volando”... al menos por tres meses más.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos acaba de perder altitud. El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) decidió revocar 13 rutas aéreas desde el AIFA y el AICM hacia ciudades clave de Estados Unidos, afectando directamente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Una medida que, más que un ajuste técnico, suena a castigo político con escala en la diplomacia y destino en la turbulencia.
Ernesto Madrid
El golpe llega justo antes de la temporada vacacional —diciembre a marzo—, dejando varados no sólo a turistas, sino también a una administración que confiaba en el cielo como símbolo de “transformación y soberanía aeroportuaria”. “La decisión unilateral y sin previo aviso tendrá un impacto en miles de pasajeros norteamericanos y mexicanos”, lamentó Viva Aerobus, que verá truncados vuelos hacia destinos como Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Miami y Orlando.
Desde el sindicato de pilotos ASPA, el tono fue más institucional, aunque no menos inquieto. Exhortaron al gobierno federal a “actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica”, recordando que defender la conectividad aérea no es una cortesía, sino un asunto de Estado. Traducido: si el cielo se cierra, el turismo, la inversión y la credibilidad también.
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, justificó la decisión acusando a México de haber “congelado ilegalmente” operaciones de una aerolínea estadounidense durante tres años, violando el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015.
El castigo no sólo suspende los vuelos combinados desde el AIFA, sino que también prohíbe nuevas rutas y restringe incluso el transporte de carga, otro tema sensible tras la imposición mexicana de trasladar toda la carga del AICM al AIFA.
Los analistas ya comparan esta medida con la degradación de categoría aérea de 2021, estimando pérdidas de hasta 150 millones de dólares anuales y un nuevo golpe a la imagen del AIFA, el aeropuerto que debía ser símbolo de independencia, pero que cada vez se parece más a una terminal de vuelos cancelados por geopolítica.
En el fondo, la decisión estadounidense no sólo mide la gestión aérea mexicana, sino su capacidad de mantener acuerdos internacionales sin convertir cada negociación en un acto de soberanía mal entendida. La cancelación también exhibe las consecuencias del voluntarismo burocrático y la improvisación técnica disfrazada de política nacionalista.
Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ofreció un consuelo a la mexicana: aclaró que la medida no será inmediata. “Si se confirma, entrará en vigor dentro de 108 días hábiles”, lo que suena más a tregua diplomática que a solución real. En ese lapso, las aerolíneas podrán operar “bajo las condiciones actuales”, mientras el gobierno promete más mesas de trabajo… y quizá menos vuelos.
El costo político para el gobierno de Claudia Sheinbaum es innegable: deberá equilibrar una crisis diplomática con Washington y evitar que la incertidumbre se traduzca en turbulencias económicas. Porque si algo demuestra este episodio es que, en materia de aviación, no basta con despegar: hay que saber mantener el vuelo.
@JErnestoMadrid
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Ernesto Madrid
