- Mientras el gobierno federal promete “paz y justicia”, los alcaldes de Michoacán siguen cayendo a balazos. El asesinato de Carlos Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, revela que en el estado los grupos criminales gobiernan, los políticos negocian y la justicia solo asiste al velorio.
Con la voz rota y el corazón hecho trizas, Grecia Quiroz rindió protesta como alcaldesa de Uruapan, cuatro días después de que su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, fuera asesinado en plena plaza principal. La escena fue el retrato más fiel de lo que ocurre en Michoacán: funerales, discursos de esperanza y promesas de justicia que nunca llega.
Ernesto Madrid
“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha”, dijo Quiroz ante sus seguidores del Movimiento del Sombrero, un grupo político local fundado por Manzo, quien soñaba con liberar al estado del yugo criminal. Irónicamente, lo mataron por la misma causa.
De acuerdo con datos recopilados por Animal Político y el INEGI, en México cada dos meses y medio asesinan a un alcalde. En los últimos 25 años, 119 presidentes municipales —entre electos y en funciones— han sido ultimados. Y mientras la estadística suena fría, Michoacán sangra caliente: 20 de esos crímenes ocurrieron en su territorio, apenas detrás de Oaxaca.
El conteo de muertos por sexenio pinta un país que se repite en el espejo: Enrique Peña Nieto encabezó la etapa más sangrienta, con 42 alcaldes asesinados; Felipe Calderón le sigue con 37; López Obrador sumó 26; y el naciente gobierno de Claudia Sheinbaum ya acumula 10. La transformación, como se ve, no llegó ni a las plazas municipales.
En Michoacán, los números también gritan. Bajo el sexenio de López Obrador se registraron 12,807 homicidios dolosos, más que con Calderón (4,003) o Peña Nieto (7,278). Tres gobiernos, tres estrategias y un mismo resultado: el país se sigue desangrando.
Tras el asesinato de Manzo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunió a 59 alcaldes y alcaldesas con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Un título esperanzador para una realidad que no se inmuta. “Se hará justicia y no habrá impunidad”, prometió Rodríguez. En Michoacán, esas palabras suenan como un estribillo ya conocido.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el presunto asesino de Manzo es Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la investigación, el adolescente fue parte del engranaje criminal que disputa Uruapan con Los Viagras, herederos de las autodefensas creadas durante el sexenio de Peña Nieto.
Manzo quedó atrapado en esa guerra de poderes: por un lado, Los Viagras, vinculados —según fuentes de inteligencia federal— al propio gobernador Ramírez Bedolla; por el otro, el CJNG, que controla la capital mundial del aguacate. En medio, un político que creía poder rescatar Michoacán con un sombrero como estandarte y la fe como escudo.
El sueño de Manzo era que su movimiento tuviera presencia en los 113 municipios del estado, y su ascenso lo perfilaba como posible candidato a la gubernatura. Pero en tierra de cárteles, los que sueñan con el poder suelen despertar entre ráfagas.
Ramírez Bedolla, por su parte, busca imponer como sucesora a Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, aunque las encuestas no la favorecen. Detrás se mueven viejos fantasmas de la política michoacana: Raúl Morón, apoyado por Leonel Godoy, y los remanentes de La Familia Michoacana integrados a Cárteles Unidos.
La política local se confunde con la estructura criminal y la frontera entre gobierno y crimen ya no se distingue. En Michoacán, los cárteles votan, los funcionarios callan y los alcaldes mueren.
El legado de Carlos Manzo queda ahora en manos de su esposa, que promete continuar la lucha. Y aunque el gobierno asegura que habrá justicia, la historia reciente sugiere otra cosa: en Michoacán, los asesinatos de alcaldes no se resuelven, se sustituyen.
@JErnestoMadrid
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