Por Alejandro Matty Ortega
El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el domingo en Oaxaca dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Marina (Semar).
La tragedia se registró a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, estado de Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.
La Línea Z recorre de Veracruz hacia Salina Cruz y cuenta con 212 kilómetros de extensión.
Del total de personas heridas, 36 permanecen hospitalizadas y el resto fue atendido sin lesiones de gravedad, según el reporte difundido por la dependencia federal la noche del domingo.
La Semar informó que, tras el accidente, desplegó un operativo de emergencia con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de realizar labores de búsqueda, localización y atención inmediata a los pasajeros afectados.
La institución expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.
“La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, y continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes”, señaló la Semar.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó públicamente las cifras de personas fallecidas y lesionadas, e informó que cinco de los heridos se reportan en estado grave.
A través de sus redes sociales, indicó que instruyó al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a trasladarse a la zona del accidente para atender de manera directa a las familias afectadas.
Sheinbaum precisó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de coordinar las labores de atención a víctimas y el acompañamiento institucional, mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento.
El accidente reavivó cuestionamientos en torno a las condiciones de operación del Tren Interoceánico, particularmente sobre la antigüedad del material rodante utilizado en el servicio de pasajeros.
De acuerdo con información previamente reconocida por autoridades, el proyecto inició operaciones con equipo ferroviario reacondicionado, adquirido de segunda mano en el extranjero.
Diversos señalamientos públicos refieren que algunos vagones corresponden a modelos fabricados entre las décadas de 1950 y 1960, así como locomotoras con varias décadas de uso que fueron rehabilitadas para su operación.
Desde el inicio del proyecto, esta decisión generó debate entre especialistas y actores políticos sobre los estándares de seguridad y la vida útil del equipo.
A ello se suman observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en revisiones previas detectó irregularidades financieras en la Línea Z del Corredor Interoceánico, entre ellas pagos en exceso y posibles fallas estructurales.
Asimismo, durante la fase de construcción, en 2022, se registró un descarrilamiento en el tramo Palomares–Nuevo Progreso, atribuido entonces por las autoridades a factores distintos a la calidad de la obra.
Mientras la oposición ha exigido la suspensión de operaciones del Tren Interoceánico y una investigación exhaustiva, el gobierno federal ha señalado que se dará prioridad a la atención de las víctimas y al esclarecimiento técnico del accidente.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa del descarrilamiento ni si el servicio permanecerá suspendido de forma indefinida.
En tanto avanzan las indagatorias, el accidente deja en evidencia los retos de seguridad, supervisión y transparencia que enfrenta uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos del país, así como la urgencia de respuestas claras para las familias de las 13 personas que perdieron la vida y para los usuarios que dependen de este sistema ferroviario.
La tragedia del Tren Interoceánico en Oaxaca obliga a detener el ruido político y mirar con serenidad —pero con firmeza— lo que este accidente revela sobre la manera en que se conciben, ejecutan y defienden los grandes proyectos públicos en México.
La reacción institucional ha sido inmediata y, en términos operativos, contundente.
El despliegue de la Secretaría de Marina y la intervención directa del gobierno federal para atender a las víctimas son acciones necesarias y correctas.
Sin embargo, la eficiencia en la respuesta posterior no exime de la obligación central del Estado: prevenir.
La verdadera pregunta no es cuántos recursos se movilizaron después del descarrilamiento, es cuántas alertas fueron ignoradas antes de que ocurriera.
El debate sobre el material rodante no es un asunto ideológico ni un ataque gratuito, es un tema técnico y de seguridad pública.
Operar un servicio de pasajeros con vagones y locomotoras reacondicionados, algunos con más de medio siglo de antigüedad, exige una supervisión extraordinaria, auditorías constantes y una transparencia total.
Cuando estas condiciones no se comunican con claridad a la ciudadanía, se rompe un principio básico de confianza entre el Estado y los usuarios.
A ello se suman antecedentes que hoy pesan más que nunca: observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, fallas previas en la infraestructura y descarrilamientos durante la etapa de construcción.
Cada uno de estos elementos, analizado de forma aislada, pudo ser minimizado.
En conjunto, dibujan un escenario que exige algo más que explicaciones técnicas: exige responsabilidades.
La oposición pide suspender operaciones y realizar una investigación exhaustiva.
Más allá de la confrontación política, esa exigencia debería asumirse como un acto mínimo de prudencia.
No para condenar anticipadamente, es para garantizar que la seguridad no vuelva a quedar subordinada a la prisa, al discurso triunfalista o a la necesidad de mostrar resultados.
El Tren Interoceánico fue presentado como una promesa de desarrollo y dignidad para una región históricamente relegada.
Esa promesa no puede sostenerse si el costo es la vida de quienes confiaron en el proyecto.
La modernización no se mide en anuncios ni en montos de inversión, sino en la capacidad del Estado para proteger a su gente.
Hoy, el mayor reto no es reconstruir la vía ni reanudar el servicio, sino reconstruir la credibilidad y sólo se logra con verdad, con investigaciones independientes y con la disposición real de corregir lo que haya que corregir, caiga quien caiga.
Porque cuando la responsabilidad se descarrila, el daño no es sólo material: es social, moral y profundamente humano.
