- Contratos públicos en Tabasco terminaron en manos de empresas “fantureras” ligadas a una red familiar y criminal, con la firma de un amigo íntimo de Andy López Beltrán. La promesa anticorrupción del obradorismo vuelve a tropezar… ahora entre escuelas primarias.
Mientras el discurso oficial del lopezobradorismo presumía honestidad valiente, en Tabasco la obra pública caminó por la ruta conocida: amigos del poder, empresas fantasma y redes familiares con antecedentes criminales.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Daniel Arturo Casasús, entonces secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco (SOTOP), firmó contratos por 11.9 millones de pesos a favor de dos empresas declaradas factureras por el SAT y una tercera vinculada a la misma red.
Ernesto Madrid
Casasús no es un funcionario cualquiera: es amigo de la infancia de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, y forma parte del círculo cercano que se integró al gobierno federal tras la llegada de López Obrador a la presidencia.
Las empresas beneficiadas fueron Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco —ambas incluidas en el listado definitivo de simuladoras del SAT— y Coincisur SA de CV, compañía que comparte domicilios, socios y apoderados con al menos otras cinco firmas del mismo entramado, conocido como “La Barredora Guinda”, documentado por MCCI desde el 1 de febrero.
El detalle no es menor: Hopelchén tuvo como apoderado legal a un empleado de la familia Bermúdez Requena, mientras que Comercio y Construcción de Tabasco operó desde un inmueble administrado por ese mismo grupo familiar.
En la propia dependencia que asignó los contratos trabajaba Pablo Jiménez Pons, yerno de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, hoy preso por su presunta participación en el grupo criminal La Barredora. Todo quedaba, literalmente, en familia.
Los contratos —para construir aulas en tres primarias— fueron adjudicados mediante el mecanismo de “invitación a cuando menos tres personas”, financiados con recursos federales del Ramo 33, y en uno de los procedimientos compitieron entre sí… las dos empresas factureras.
Según el Servicio de Administración Tributaria, ambas compañías fueron investigadas bajo el artículo 69-B del Código Fiscal, que permite presumir operaciones inexistentes cuando una empresa carece de personal, infraestructura o capacidad material. En los dos casos, el SAT concluyó que no acreditaron la materialidad de sus servicios, tras revisar CFDI correspondientes a 2023 y 2024, justo el periodo en que se firmaron los contratos.
MCCI también documentó que las tres contratistas reportaron el mismo domicilio en Villahermosa, un edificio donde operan al menos siete empresas de la red.
Consultado por la organización, Casasús no respondió.
Así, entre aulas escolares, recursos federales y amistades heredadas, se dibuja otro capítulo del ecosistema obradorista: finanzas arriba, política al centro y estructuras criminales abajo. La corrupción, al parecer, también sabe leer y escribir… pero factura mejor.
@JErnestoMadrid
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