- Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con un nuevo plan de seguridad… y una vieja estrategia: culpar a los medios, exonerar al pasado y fingir que el crimen no gobierna donde Morena sí.
El gobierno federal bautizó su nuevo intento de apagar el incendio como “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, apenas horas después de que Estados Unidos anunciara que analiza usar la fuerza en territorio mexicano —sin previo aviso incluso— para atacar a líderes del narcotráfico. El mensaje fue claro: Washington perdió la paciencia y México, el control.
Ernesto Madrid
El plan de la presidenta Claudia Sheinbaum llega “después del niño ahogado”, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ultimado durante la fiesta del Día de Muertos pese a haber implorado apoyo federal y así marca el día de Muertes nacional como un presagio de que el que manda el es crimen organizado. Pero, fiel a la tradición de la Cuarta Transformación, el discurso se centró en atacar a los “buitres mediáticos”, no a los criminales que gobiernan de facto buena parte de Michoacán.
“Buitres” y “comentócratas carroñeros”, les llamó Sheinbaum a quienes exigieron respuestas por el asesinato de Manzo. No hubo un solo calificativo similar para los cárteles que controlan el estado ni para los funcionarios que, desde Morena, mantienen pactos de silencio y complicidad. La presidenta se enojó con la prensa, no con los asesinos.
La historia, sin embargo, tiene antecedentes conocidos.
Felipe Calderón inició su “Operativo Conjunto Michoacán” vestido de militar en 2006; Enrique Peña Nieto prometió “no combatir violencia con violencia” con su propio Plan Michoacán en 2014; y Andrés Manuel López Obrador ofreció un “Plan de Apoyo Michoacán” en 2021 que terminó siendo un programa social más, administrado por el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla —a quien la entidad ya no quiere, pero el partido no suelta—.
Tres presidentes, un mismo fracaso. Sheinbaum parece decidida a convertirse en la cuarta en repetirlo.
Su “nuevo” plan promete tres ejes: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. En resumen: promesas conocidas con distinto eslogan. Lo que no cambia es la verticalidad del poder. Aunque la presidenta asegura que “no será un plan vertical” y que “se nutrirá de otras voces”, la primera voz que descalificó fue la de quienes cuestionan su estrategia.
Mientras tanto, el conteo de la violencia avanza.
En Michoacán han sido asesinados siete alcaldes en los últimos tres años, tres durante el actual gobierno. Según Data Cívica, 63 funcionarios públicos han sido ejecutados en los últimos cinco años en la entidad. A la lista se suman líderes sociales como Bernardo Bravo, representante de los limoneros de Apatzingán, encontrado muerto días antes tras denunciar las extorsiones del Cártel Jalisco y Los Viagras.
El asesinato de Manzo no solo desnuda la fragilidad de la autoridad local, sino también el contubernio de Morena con los gobiernos estatales, a quienes el poder federal no toca, sin importar las evidencias o el clamor ciudadano. Sheinbaum, que prometió un Estado de derecho, parece más interesada en mantener la lealtad política que la justicia.
Y mientras la Casa Blanca contempla operaciones unilaterales en México, la respuesta presidencial es una mezcla de negación y soberbia.
En su conferencia matutina, Sheinbaum mencionó a Felipe Calderón diez veces, pero al alcalde asesinado solo una. Para la mandataria, la culpa sigue siendo del pasado, aunque el presente le explote en las manos.
El guion se repite: Washington amenaza, los cárteles avanzan, el gobierno promete planes con nombre solemne y el país entierra a otro alcalde.
Solo cambian los actores. El crimen sigue escribiendo la ley y, esta vez, el libreto oficial no busca justicia… sino audiencia.
@JErnestoMadrid
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