- COPARMEX, México Evalúa y el Laboratorio Electoral denuncian deficiencias graves del proceso y alertan sobre perfiles judiciales vinculados al crimen organizado.
La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, impulsada como una supuesta democratización del Poder Judicial, es en realidad un experimento de alto riesgo. Un ensayo populista que amenaza con desmantelar uno de los últimos contrapesos institucionales en México. En un país con estructuras débiles, justicia parcial e infiltración criminal documentada, esta reforma judicial no sólo es imprudente, es peligrosamente regresiva.
Ernesto Madrid
Desde la trinchera ciudadana, COPARMEX, el Laboratorio Electoral y México Evalúa han alzado la voz con argumentos sólidos: este proceso está plagado de irregularidades, improvisaciones, opacidad y —más grave aún— abre la puerta a perfiles judiciales con vínculos criminales o partidistas. ¿De verdad alguien cree que elegir jueces con campaña, clientela y propaganda garantiza imparcialidad?
Juan José Sierra, presidente de COPARMEX, lo resumió bien: “La justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos”. Pero eso es exactamente lo que pretende el nuevo modelo. Porque el verdadero propósito de esta reforma no es democratizar, sino capturar. La independencia judicial está bajo ataque.
Arturo Espinosa Silis, del Laboratorio Electoral, advirtió que ya existen candidaturas con antecedentes preocupantes. Hay nombres en las listas con vínculos al crimen organizado, sin experiencia judicial ni credenciales mínimas. ¿Qué puede salir mal cuando pones la justicia en manos de quienes aspiran a manipularla?
El contexto no ayuda: reducción del 50% de las casillas, boletas incomprensibles, una plataforma digital con fallas persistentes, y sin cadena de custodia efectiva en el conteo. A eso se le llama fabricar una elección sin garantías. Votar en esas condiciones no empodera, desinforma.
Mientras tanto, los datos duelen: sólo el 38.6% de la ciudadanía confía en el Ministerio Público y el 81.7% lo percibe como corrupto. La mayoría de los casos penales se archivan o se rechazan por incompetencia de acuerdo con México Evalua. ¿En serio creemos que un cambio cosmético como este resolverá la crisis de justicia?
Lo que más preocupa es que la oposición a la reforma no viene solo de críticos locales. Es un clamor internacional.
Morgan Stanley, Citibanamex, Bank of América y Fitch Ratings han lanzado alertas sobre los riesgos económicos y de inversión.
Embajadores de Estados Unidos y Canadá consideran que esta medida amenaza la democracia.
La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Jueces han pedido frenar la iniciativa por vulnerar la independencia judicial.
Y desde la academia, nueve de las principales universidades del país —de la UNAM al CIDE— ya la califican como un retroceso histórico.
¿De verdad vamos a ignorar todas esas señales? ¿O nos vamos a resignar a ver cómo se construye un poder judicial a modo, dócil, dispuesto a servir al poder político o, peor, a intereses criminales?
Hay quienes aplauden esta reforma en nombre del “pueblo”, pero omiten decir que sin instituciones independientes no hay justicia posible. Que sin jueces libres no hay Estado de derecho. Y que, sin contrapesos, no hay democracia: hay obediencia.
Este país necesita un Poder Judicial fuerte, profesional y autónomo. Lo que hoy tenemos entre manos es justo lo contrario: una simulación con consecuencias reales. Urge detener esta locura antes de que sea irreversible. Porque cuando la justicia se somete al poder, el siguiente paso ya no es democracia, es autoritarismo coincidieron en señalar.
@JErnestoMadrid
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