Carlos Roberto Matty

Sonora

2025-11-18T12:11:02-06:00

• Mientras el Gobierno insiste en que la transformación avanza “sin miedo”, la COPARMEX —que representa a los patrones de más de 100 ciudades del país— pinta otro retrato: un México donde la extorsión es ley de facto, la impunidad su motor y la ausencia del Estado su mejor aliada.

México amanece cada día con una certeza incómoda: la violencia no da tregua y la extorsión se ha convertido en el negocio más estable del país. No lo dice la oposición, ni algún opinador catastrofista: lo afirma la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el organismo que agrupa a los empresarios de más de cien ciudades del país. En un país donde la violencia se dosifica por semana y los discursos oficiales por hora, las cifras empresariales son una llamada de emergencia, no de atención.

Ernesto Madrid

Desde Tijuana —símbolo de resiliencia, frontera de oportunidades y espejo de urgencias— los 71 presidentes empresariales levantaron la voz para decir lo que el Estado parece empeñado en no escuchar: la extorsión es hoy el delito que sostiene a miles de criminales y arrodilla a miles de empresarios.

No es metáfora. Es un diagnóstico:

– 8,585 víctimas de extorsión en lo que va del año, un incremento del 5.2%.
– En los 43 municipios fronterizos, donde supuestamente hay más vigilancia, el delito creció 15.2%. Y eso sin contar la “cifra negra”: miles que no denuncian por miedo a represalias o por sospecha —cada vez menos velada— de colusión entre autoridades y delincuencia.

El mensaje empresarial es claro: la extorsión dejó de ser un delito marginal para convertirse en un sistema paralelo de gobierno, uno que decide quién abre, quién cierra, quién invierte y quién abandona su hogar. Un sistema que está vaciando comunidades enteras y ahorcando a las MiPyMEs, ese “motor de México” que los discursos oficiales presumen, pero no protegen.

Ejemplo reciente y doloroso: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuyo impacto social desbordó regiones y profesiones. Un recordatorio de que la impunidad no es una estadística: es un mensaje.

COPARMEX no se quedó en el diagnóstico; lanzó un ultimátum elegante, pero ultimátum al fin:

– Al Gobierno Federal, le exige una estrategia nacional contra la extorsión, de Estado, no de partido.

– A los congresos locales, les pide armonizar leyes y presupuestos para enfrentar un delito que ya es plague económica.

• Al Senado, lo urge a aprobar —sin más pretextos— la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.
  – A los gobiernos estatales y municipales, los llama a lo básico: depurar policías, profesionalizarlas, dotarlas de capacidad y presencia territorial.

Fue también una advertencia: sin seguridad no hay convivencia, ni economía, ni país posible. Y sin Estado, la extorsión seguirá succionando la vida de comunidades completas.

La COPARMEX promete hacer su parte: diagnósticos territoriales, mapas de riesgo, pactos por la paz, apoyo a víctimas, redes de denuncia segura y mecanismos para reconstruir el tejido social que el crimen deshace y que el gobierno —por omisión— permite deshilachar.

Pero la frase de fondo, la que debería incomodar en Palacio Nacional, fue otra:
“No vamos a normalizar el miedo ni aceptar la renuncia del Estado a su función esencial”.

En tiempos donde se presume que “vamos bien” y que “el pueblo está más seguro que nunca”, los patrones del país responden con una narrativa más cruda: México no está condenado, pero sí está esperando. Y lo que espera es acción, no conferencias.

Un país cansado de vivir con miedo ya habló. Falta ver si alguien en el poder tiene la cortesía —o la responsabilidad— de escuchar.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-17T16:03:46-06:00

• La marcha juvenil de la generación Z que no pertenece al pueblo pero que descompuso al poder y exhibió a la vieja guardia, la mano dura en las calles y el hartazgo que ya no cabe bajo la alfombra de la 4T

El Zócalo se convirtió ahora en el espejo incómodo del gobierno. Lo que comenzó como una protesta convocada por jóvenes derivó en un episodio que exhibió, por un lado, la irritación del gobierno federal y, por el otro, la persistencia de viejas prácticas políticas que sobreviven bajo nuevas siglas.

Ernesto Madrid

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó condenando la violencia, atribuyéndola a “caras muy conocidas” de la Marea Rosa y asegurando que no se dejará intimidar: “¿Creen que me van a debilitar? ¡No! Aquí estamos fuertes con el pueblo”. Lo que omitió fue el despliegue policial y la actuación de grupos que, desde hace años, operan en las sombras del oficialismo capitalino: células organizadas cuya logística —según reportes de seguridad— ha estado vinculada a personajes como César Cravioto y Martí Batres que actuaron nuevamente el sábado.

El diseño del operativo tampoco fue casual. La línea dura que históricamente nació en Iztapalapa durante los años del PRD —territorio donde Clara Brugada construyó una base social robusta, disciplinada y útil para el proyecto político que hoy gobierna— reapareció en la capital. Aquella estructura, que transitó sin pudor de la izquierda perredista a Morena, volvió a demostrar que su capacidad de movilización incluye tanto porras como golpes, según se requiera.

El joven convocante de la marcha, Edson Andrade denunció que fue expuesto públicamente por la presidenta, responsabilizándola de cualquier represalia en “un país donde el crimen calla a quienes lo denuncian” y dejando en claro que la marcha fue para “toda la clase social”.

Su señalamiento también desnudó otra tensión: mientras Sheinbaum buscó asociar la protesta con políticos “de siempre”, como Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán, fueron precisamente esos perfiles los que el convocante pidió que se mantuvieran al margen; los mismos que hoy intentan regresar al ruedo para vivir nuevamente del presupuesto público.

La dirigencia de Morena, Luisa María Alcalde, insistió en que la marcha no fue juvenil y que apenas reunió 17 mil asistentes. Una comparación cómoda para un movimiento que presume llenar el Zócalo con cifras que oscilan entre los 3 y los 19 millones de pesos en gastos de organización según la Plataforma Nacional de Transparencia más esos 600 a 900 pesos que reparte en los mítines según fuentes periodísticas. Pero la magnitud del sábado no se midió en cuerpos, sino en señales: el gobierno no previó la intensidad, ni la respuesta internacional que siguió.

En las calles, el resultado fue evidente. Hubo choques a un costado de la Catedral, cohetones frente a Palacio Nacional y vallas derribadas que derivaron en jóvenes gaseados y policías heridos. Para la presidenta, aquello sirvió como argumento para deslegitimar la protesta y culpar al pasado de Peña y Calderón; para los manifestantes, fue la confirmación de que el discurso oficial de que “ya no hay granaderos” es cada vez menos creíble.

La tensión ocurre en un contexto en el que, pese a la reducción de homicidios que presume el gobierno, las cifras del Inegi muestran que una de cada cinco víctimas tiene entre 15 y 24 años. Ese fue el verdadero motor de la protesta: la seguridad que no llega, las promesas que se desgastan y los escándalos de corrupción e impunidad que se acumulan entre figuras cercanas al obradorismo.

El golpe al relato presidencial se amplificó fuera del país. Portadas y reportajes internacionales describieron la escena como una ruptura generacional. Incluso desde Estados Unidos, un mensaje atribuido a Barron Trump habló de “hartazgo” y “revuelta contra la corrupción”.

Sheinbaum, sin embargo, insistió en un mensaje que parece pensado para su base más fiel: la Pensiones del Bienestar y la revocación de mandato, dijo, es una bandera de la 4T y está dispuesta a someterse a ella. Lo que el sábado dejó claro es que habrá generaciones dispuestas a exigirle, no por lealtad partidista, sino por desencanto acumulado.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-17T15:37:22-06:00

• Mientras la SCJN confirma una sanción fiscal histórica contra Grupo Salinas y Sheinbaum insiste en que no asistirá al cumpleaños del “gran líder”, su agenda la llevará —pura coincidencia— a pocos kilómetros del rancho en Palenque. Entre campañas en redes, acusaciones cruzadas y chocolatadas oficiales, el discurso de independencia institucional vuelve a derretirse más rápido que una barra de cacao al sol tabasqueño.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, por fin, cerrar uno de los litigios fiscales más largos y políticamente incómodos de los últimos años: el que obliga al Grupo Salinas a pagar casi 50 mil millones de pesos al SAT. Una cifra que, de tan voluminosa, podría financiar un par de refinerías o, cuando menos, un capítulo más en la saga del encono entre Palacio Nacional y la élite empresarial.

Ernesto Madrid

El conglomerado de Ricardo Salinas Pliego respondió como era de esperarse: con un comunicado solemne lleno de indignación cívica, derechos humanos lastimados y una sentencia que acusa a los ministros de la Corte de haber actuado “por instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un reclamo que, al menos, mantiene viva una tradición: culpar al Ejecutivo de todo lo que no resuelva a favor del contribuyente.

“Un golpe fulminante al Estado de Derecho”, llamó la empresa al fallo. Una descripción dramática para referirse al simple acto de pagar impuestos… aunque, en justicia, lo de “simple” es un decir tratándose de más de 33 mil millones.

Del otro lado, Sheinbaum devolvió la pelota con la elegancia que permite un templete oficial. En pleno evento del ISSSTE en Tecámac, cuestionó que el conglomerado prefiera “pagar campañas en redes sociales” antes que saldar cuentas con Hacienda. Una línea que, para su audiencia, terminó en aplausos; para los analistas, en un recordatorio de que el pleito político-empresarial sigue en temporada alta.

La polémica, sin embargo, no surgió aislada. Llega justo cuando la presidenta atraviesa una semana particularmente sensible en términos simbólicos: el cumpleaños número 72 de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras la SCJN resolvía el tema fiscal, Palenque se convertía en un desfile de familiares del exmandatario: hijos, nueras, camionetas tabasqueñas, todo perfectamente registrado por las cámaras de los medios regionales. Un festejo discreto… dentro de lo discretamente masivo que puede ser la reunión anual del líder moral de la 4T en su rancho “La Chingada”.

La presidenta, eso sí, ha sido clara: No asistirá al cumpleaños. No es esa la intención. Su viaje a Tabasco el próximo domingo es estrictamente para el Festival del Chocolate.

Una coincidencia geográfica que solo en México puede considerarse normal: viajar al estado natal de AMLO, a escasos kilómetros del rancho donde se congrega su círculo íntimo, justo el fin de semana del cumpleaños 72 del hombre al que Sheinbaum describe como “el dirigente político más importante de la historia moderna”, pero con quien —insiste— no tiene programado ningún encuentro.

Los críticos del gobierno, por supuesto, vieron en el timing la escena completa: una histórica multa fiscal para un rival político-mediático, una respuesta presidencial con dedicatoria, un cumpleaños simbólico y una visita estratégicamente cercana a Palenque. Pieza por pieza, un retrato que permite lecturas sobre la independencia institucional… y otras sobre la coreografía política del momento.

Detrás de todo, queda la incómoda pregunta:

¿Fue el fallo contra Grupo Salinas un acto de estricta justicia fiscal o parte del mismo espectáculo de presión y narrativa que ha caracterizado la relación entre gobierno y empresarios incómodos?

La respuesta —como el chocolate tabasqueño— dependerá de qué tan amargo prefiera cada quien su versión de los hechos.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-14T10:11:36-06:00

• Mientras Washington advierte que el narco gobierna zonas completas de México, el gobierno federal prefiere mirar hacia otro lado: convertir críticas en bots, impuestos en conspiraciones y asesinatos políticos en notas de color. Una coreografía perfecta para que las acusaciones jamás asciendan hasta quienes realmente protegieron al crimen organizado.

En la diplomacia, como en la política doméstica, el silencio suele decir más que la palabra. Y cuando desde Estados Unidos aseguran que en México existen regiones “controladas y gobernadas” por cárteles más poderosos que las policías locales e incluso que las fuerzas federales, la reacción del gobierno mexicano no es indignación… sino distracción. Arte nacional desde tiempos memorables.

Ernesto Madrid

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde el gélido Hamilton —en plena cumbre del G7, lejos del calor de la mañanera— recordó que los cárteles, esos invitados permanentes al festín de la impunidad mexicana, poseen “más armas, mejor inteligencia y mayor capacidad” que los propios Estados nación. No habló de metáforas: habló del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ultimado en plena celebración del Día de Muertos. Un símbolo cruel de lo que México ya normalizó.

Rubio insistió en que Washington no planea enviar tropas ni emprender medidas unilaterales. Desde la Casa Blanca saben que lo último que necesita México es otro pretexto para acusar injerencia extranjera. Pero sí dejó sobre la mesa algo más incómodo: la afirmación de que el problema es tan grande que amenaza la viabilidad misma del Estado mexicano.

Y mientras el republicano articulaba una de las advertencias más frontales en años, la administración mexicana afinaba su respuesta maestra: un nuevo distractor.

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su última intervención pública no a responder sobre zonas del país dominadas por el crimen organizado, ni a la cadena de asesinatos políticos, ni al avance internacional del lavado de dinero. No. Su prioridad fue denunciar una “campaña tremenda” en redes sociales —con bots, por supuesto— que busca, según dijo, crear la percepción de descontento social.

Que un fallo de la Suprema Corte obligue al Grupo Salinas a pagar 33 mil millones de pesos no parece tan grave como los 90 millones de pesos que, afirma la mandataria, se habrían destinado a atacar a su gobierno en redes. Una magistral forma de convertir un conflicto fiscal en una conspiración digital. Pan y circo; pero ahora con algoritmos.

Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro y la OFAC anunciaron un golpe conjunto contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa, una red albanesa que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa mediante restaurantes, casinos y empresas en México. Una operación que evidencia tres cosas:

1. Que el narco ha diversificado su portafolio internacional.
2. Que Estados Unidos está haciendo el trabajo financiero que México evita.
3. Que el gobierno mexicano celebra la cooperación… siempre y cuando la evidencia no apunte demasiado cerca de casa.

El subsecretario John K. Hurley advirtió que “los que apoyen a los cárteles rendirán cuentas”. En México, por contraste, rendir cuentas suele significar rendir declaraciones… en conferencias de prensa.

Mientras tanto en la feria del libro en Culiacán —extraño lugar para hablar de transparencia política— sirvió para que el gobernador Rubén Rocha Moya revelara un capítulo que ya se sospechaba: encuestas de Morena donde él no ganaba eran suspendidas por orden presidencial. No por inconsistencias, sino por el desconcierto del propio Andrés Manuel López Obrador al ver que, contra toda expectativa, Rocha sí encabezaba la intención de voto.

Un destello de sinceridad política que confirma lo que muchos sabían: en Morena, la democracia interna es más literaria que cuantificable. Pero, como siempre, el relato funciona de cortina de humo para un señalamiento mayor: el mismo partido que presume pureza moral fue señalado durante años por encubrir la expansión del crimen organizado bajo el amparo de los abrazos y el desdén operativo.

El gobierno mexicano despliega con maestría su estrategia favorita: ahogar las discusiones relevantes con un océano de anécdotas políticas, pleitos fiscales, bots imaginarios y confesiones tardías. Pero los hechos persisten:

• Alcaldes asesinados en fechas simbólicas.
• Zonas del país donde rige la ley del cártel, no la Constitución.
• Redes internacionales de lavado operando desde México.
• Funcionarios y políticos beneficiados por encuestas mágicamente suspendidas.
• Y un gobierno que acusa amenazas digitales mientras minimiza amenazas armadas.

El problema no es que Estados Unidos hable de terrorismo: es que México no habla de responsabilidad. Y mientras los distractores sigan siendo más ruidosos que los datos, las acusaciones jamás escalarán hasta quienes durante dos sexenios dieron cobijo político, operativo y financiero al crimen organizado.

Porque en México, el narco manda en territorios; el gobierno, en la narrativa.
Y en esa balanza desigual, siempre gana el silencio.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-14T10:04:21-06:00

• Entre la rebeldía digital y los viejos trucos del poder, la protesta juvenil pone nervioso a un gobierno que dice no temerle al disenso… pero levanta vallas por si acaso

La encuesta de El Financiero de octubre trajo un dato que el oficialismo celebra como medalla: 70% de aprobación para Claudia Sheinbaum, en un mes en que el país parecía hundirse —literalmente— bajo el agua. Pero entre tanto aplauso hay una grieta que preocupa: la Generación Z, ese grupo nacido entre 1997 y 2012 que creció entre pantallas, crisis y escepticismo, no está tan convencida.

Ernesto Madrid

Según Alejandro Moreno, director de encuestas del diario, solo 66% de los Gen Z aprueban el trabajo presidencial, frente al 73% de los millennials. Y lo más delicado: 69% reprueba la estrategia de seguridad. No es para menos: la violencia no descansa, y los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo son recordatorios de que el crimen sigue mandando en amplias zonas del país y los jóvenes los más afectados por el crimen organzado.

Moreno añade que esta generación “cree que las inundaciones pudieron prevenirse” y exige resultados tangibles, no promesas recicladas. Pero también observa que los jóvenes muestran poco interés en la política tradicional, quizá porque la política se muestra poco interesada en ellos.

En ese clima de desconfianza, Sheinbaum se refirió con cierto desdén a los “chavorrucos” que —según dijo— buscan montarse en la convocatoria juvenil para protestar. “Los jóvenes tienen derecho a manifestarse, pero esto ya se convirtió en una manifestación de la oposición”, aseguró desde la mañanera. Lo que no dijo es que ella, como su jefe político, siente una profunda aversión por las protestas en su contra: prefiere no verlas ni oírlas, aunque el eco de los tambores se cuele por las ventanas de Palacio Nacional.

Por eso, las vallas metálicas vuelven a abrazar el corazón de la capital. Sheinbaum asegura que son “para proteger vidas”, pero la experiencia indica que protegen más los muros que las libertades, en un Palacio Nacional que antes estaba abierto a las y los mexicanos. El argumento de los “bloques negros” se repite, aunque desde hace años se sabe que varios de esos contingentes han sido financiados por funcionarios del propio régimen, no para sabotear las marchas, sino para generar caos, provocar enfrentamientos y sacar raja política de la desestabilización.

A ello se suma un ingrediente viejo con sabor a maniobra: la CNTE, incondicional aliada del lopezobradorismo, decidió salir a las calles justo ahora, algo inédito para noviembre. Normalmente el magisterio disidente inicia su ciclo de movilizaciones a comienzos de año, calienta motores y culmina el 15 de mayo, Día del Maestro, tras la clásica rutina de negociación, presión y receso. Esta vez, en cambio, el plantón coincide con la protesta juvenil. Casualidad o no, parece una jugada táctica para ocupar el Zócalo antes que los jóvenes, o, en el peor de los casos, servir como grupo de contención adicional.

Dentro del oficialismo, el guion ya está escrito: culpar a la derecha internacional. Desde Palacio Nacional señalan al argentino Fernando Cerimedo —ex estratega digital de Javier Milei— como supuesto instigador de la marcha. No hay pruebas, solo la conveniencia de alimentar el relato de un enemigo externo.

En este ambiente de polarización atizado por la propia presidenta, todo puede suceder. Porque la Generación Z no pide permiso: desafía, se burla y se organiza sin estructuras ni padrinos.

La Generación Z, mientras tanto, parece tener su propio código: creen en la diversidad, la autonomía y el derecho a la irreverencia. En otros países, tumbaron gobiernos (Nepal, Madagascar) o incendiaron las calles (Indonesia, Filipinas). En México, su rebelión podría empezar con memes, pero podría incomodar más de lo que el poder imagina.

Y tal vez por eso, más que a los jóvenes, Sheinbaum teme a lo que representan: una generación que no necesita líderes, ni discursos de plaza, ni permiso para dudar. Porque en el fondo, los verdaderos “chavorrucos” no son los que marchan con los jóvenes… sino los que insisten en creer que aún pueden controlarlos.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-13T15:15:15-06:00

Carlos Roberto Matty

Sonora

2025-11-13T11:31:23-06:00

• Mientras el Congreso presume un aumento histórico para la educación en 2026, los maestros recibirán apenas 13.71 pesos más al año para su formación. Un gesto simbólico que, según Mexicanos Primero, confirma que el aprendizaje sigue siendo la asignatura pendiente del gobierno.

En México, la educación siempre ha sido prioridad… al menos en los discursos oficiales y las conferencias de prensa. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, aprobado por la Cámara de Diputados, lo confirma con precisión quirúrgica: se habla de transformación, pero se presupuesta resignación.

Ernesto Madrid

Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, optó por la elocuencia selectiva. Evadió responder si tiene una investigación abierta en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada —y si, de paso, todavía puede poner un pie en ese país sin que le cancelen la visa—.

El incómodo recordatorio provino de la senadora panista Gina Geraldina Campuzano González, quien no se guardó las preguntas: “Nos gustaría que nos pueda informar a todos los mexicanos si usted es uno de los funcionarios de este gobierno a los que Estados Unidos les retiró la visa.”

Delgado, sin despeinarse, respondió con solemnidad pedagógica: “La educación no solo es prioridad, es el motor de la transformación.”

Y para que no quedara duda del guion, añadió que “La Nueva Escuela Mexicana no es un adoctrinamiento autoritario, sino exactamente lo contrario”. En su narrativa, los maestros ya no reciben órdenes, sino “confianza”. Lástima que el presupuesto diga lo contrario.

En el cierre del intercambio, Campuzano volvió a la carga: “No cabe duda de que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos. Tenemos un senador con el negocio de las medicinas, Carlos Lomelí, y a usted, secretario, compareciendo en este pleno. En 2026, la SEP recibirá 2.1% más de presupuesto… pero los mexicanos nos preguntamos: ¿irá a las aulas o a las campañas? ¿A los salones o a los bolsillos del Cártel de Morena?”

Más allá de la arena política, los números hablan por sí solos. De acuerdo con un análisis de la organización civil Mexicanos Primero, el sector educativo recibirá más de 1.2 billones de pesos. Una cifra que luce monumental… hasta que se conoce el detalle: a cada maestra y maestro del país le tocarán apenas 13.71 pesos más al año para su formación profesional. Lo suficiente para un café y, con suerte, una galleta.

Aunque la SEP podrá presumir que la educación fue “una de las más favorecidas” en la reasignación presupuestal, el grueso del aumento se destina a la educación media, superior y a los Cendis operados por el Partido del Trabajo (PT). Es decir, más para los aliados políticos y menos para las aulas donde realmente se enseña a leer y a pensar.

Y para coronar la ironía, el Senado aprobó un decreto para declarar el 19 de marzo como el “Día de la Actualización Docente”. Una celebración perfectamente simbólica: los maestros podrán festejar su día… con los mismos 13 pesos que recibirán para capacitarse. Suficiente para imprimir el reconocimiento y enmarcarlo con sarcasmo.

El estudio de Mexicanos Primero advierte que esta ausencia de inversión en formación continua, acompañamiento pedagógico y evaluación limita la capacidad del sistema para atender los rezagos en comprensión lectora y razonamiento matemático, las materias donde México acumula fracasos en evaluaciones internacionales.

Para completar el cuadro, la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo verá recortado su presupuesto en un 65.4%, pasando de 147 a 51 millones de pesos. Es decir, habrá menos dinero para saber qué tan mal vamos aprendiendo.

El gasto educativo sigue concentrado en nómina, becas e infraestructura, rubros que garantizan que los estudiantes lleguen a la escuela, pero no que aprendan algo en ella. “Aumentar el número de becas no equivale a mejorar la calidad educativa”, subraya Mexicanos Primero.

El enfoque asistencial del gobierno privilegia la estadística sobre la sustancia. La educación se mide por cuántos entran, no por cuánto entienden. Y así, el país sigue graduando generaciones que asisten a clases… pero no necesariamente al conocimiento.

Porque, como bien resume Mexicanos Primero, el presupuesto educativo “no son solo cifras, sino el futuro de más de 30 millones de niñas, niños y jóvenes”. Y, de paso, el reflejo de cuánto —o qué tan poco— vale la educación para un gobierno que aplaude a sus maestros con discursos, pero los capacita con monedas.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-12T14:50:15-06:00

• Mientras el gobierno celebra una baja en homicidios, las desapariciones se disparan, los gobernadores señalados por vínculos criminales permanecen intocados y México obtiene el primer lugar mundial en mercados criminales, según el Global Organized Crime Index 2025.

En el México de la “Cuarta Transformación”, las cifras se acomodan con precisión quirúrgica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presume una reducción del 37% en homicidios dolosos —según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— mientras el país asciende al podio mundial del crimen organizado, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Ernesto Madrid

De los 193 países evaluados, México ocupa el primer lugar en mercados criminales y el tercer lugar global en crimen organizado. Un logro que podría parecer sarcástico, pero que en los hechos revela la consolidación de un narco-régimen institucionalizado: el crimen no solo manda, también gobierna.

De acuerdo con informes de inteligencia, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, mantiene presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la región. En Sinaloa, la situación es idéntica con Rubén Rocha Moya.

Ambos permanecen inamovibles. Fuentes cercanas al gabinete admiten que Sheinbaum evita tocarlos para no afectar la imagen del movimiento cuatroteísta. En política, el costo de la verdad sigue siendo más alto que el de la complicidad.

En su informe más reciente, la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, reportó que el homicidio doloso bajó de 86.9 a 54.5 casos diarios en un año. Sin embargo, las desapariciones se duplicaron.

No obstante, la Secretaría de Gobernación reporta que, durante los primeros seis meses del actual gobierno se registraron 7,900 desapariciones, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior.

En los primeros 100 días de su administración, 40 personas desaparecieron cada día, un aumento del 60% respecto al promedio de López Obrador.

El punto más crítico llegó en mayo de 2025, con 1,421 personas no localizadas, la cifra más alta de la historia.

Organizaciones como el Centro Prodh y México Unido Contra la Delincuencia advierten una tendencia preocupante: el gobierno podría estar reclasificando homicidios como desapariciones para presentar una reducción ficticia de la violencia.

Al respecto, el Global Organized Crime Index 2025 es categórico: México se sitúa en el primer lugar mundial en mercados criminales, superando incluso a países en guerra o en colapso institucional.

El estudio, basado en indicadores de narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, revela un entramado criminal que atraviesa las estructuras del Estado.

La tenacidad para mantener intacto e impune al narco-régimen morenista ha dado resultados: el país se consolidó como una superpotencia criminal.

El crimen se volvió una industria nacional con presencia territorial, capacidad financiera y protección política.

En este contexto, en 2026, México destinará apenas 0.86% del PIB a seguridad y justicia, el nivel más bajo en diez años, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Los recursos siguen concentrándose en las Fuerzas Armadas, mientras las policías locales, fiscalías y tribunales carecen de medios básicos para operar.
La militarización no solo continúa: se profundiza.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las llamadas de extorsión en el país. Como remedio, anunció el bloqueo de señales en penales de Tamaulipas y en Santa Marta Acatitla. Una medida simbólica: se apagan antenas, pero no estructuras criminales.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sumó su propio capítulo de ironía institucional. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que “el protocolo no falló”, sino que el edil confió demasiado en la policía local. En otras palabras: la culpa es del muerto.

A este panorama se suma la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que propone elegir jueces por voto popular. Lejos de fortalecer la independencia judicial, esta medida la subordina al poder político. Sin un Poder Judicial autónomo, cualquier combate al crimen se convierte en simulacro.

La paradoja es brutal: el gobierno presume control, mientras las cifras y los organismos internacionales certifican el avance del crimen. México es hoy un país donde la legalidad retrocede y la impunidad escala posiciones globales.

Los asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo confirman lo que los reportes internacionales ya advertían: el crimen gobierna donde el Estado se ausenta. Y esa ausencia no es casualidad: es política pública. México encabeza el mundo en mercados criminales, duplica sus desapariciones y presume menos homicidios. El Estado celebra sus cifras, pero los cárteles celebran su dominio. El país ha alcanzado una paz estadística, sostenida por el silencio y la negación.

Porque en la “nueva transformación”, la justicia se elige, las cifras se maquillan y el crimen… se institucionaliza.

La pregunta que flota en el aire es la misma con la que todo comienza:

¿Quién gobierna realmente en México?

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-11T13:12:45-06:00

• Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum promete pacificar Michoacán con 57 mil millones de pesos y más de 10 mil efectivos federales, los corredores de adiestramiento criminal del CJNG siguen operando impunes desde hace años. En el escenario, la detención del supuesto “segundo tirador” del caso Colosio reaparece como el clásico telón de humo en un país donde los fantasmas del pasado sirven para distraer los fracasos del presente.

Este lunes amaneció con un desfile de uniformes y promesas en Michoacán. En las instalaciones de la 21 Zona Militar, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional arribaron con la encomienda de “restablecer la paz” dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, encabezado por el secretario de Seguridad estatal, Juan Carlos Oseguera, y anunciados días antes por el general secretario Ricardo Trevilla, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ernesto Madrid

El plan, bautizado con el nombre simbólico de ‘Operación Paricutín’, contempla el despliegue de 10 mil 506 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, además de mil 781 marinos. Según Sedena, el objetivo es contener la extorsión, los homicidios y el tráfico de drogas, y detener a los “principales generadores de violencia”. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 57 mil millones de pesos para el estado, en una operación mediática que, por su magnitud, busca tanto imponer autoridad como tranquilizar mercados y votantes.

El contexto, sin embargo, no da para aplausos. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la irrupción política de su esposa Grecia Quiroz, ahora alcaldesa interina, encendieron las alarmas en Palacio Nacional. Su discurso de toma de protesta —“El legado de Carlos Manzo va a seguir, el Movimiento del Sombrero no parará”— fue más que una arenga local: fue una declaración de autonomía emocional frente a un gobierno federal que intenta apagar el incendio con retórica.

La popularidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, según Enkoll (octubre 2025), ronda el 62%, aunque otros estudios, como el de México Elige (marzo 2025), lo colocan en el lugar 29 de 32 mandatarios con apenas 45.8% de aprobación. Cifras que, ante la crisis actual, parecen tan infladas como los informes de seguridad que cada semana presumen avances “irreversibles”.

La presidenta Sheinbaum, heredera del proyecto de la “Cuarta Transformación”, sabe que Michoacán no es un frente menor. La violencia en la entidad no sólo amenaza la narrativa de continuidad, sino que abre la puerta a la intervención norteamericana que tanto ha rechazado, invocando —como escudo simbólico— los versos del Himno Nacional. Sin embargo, mientras la retórica patriótica suena en los balcones, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue marcando el paso en el terreno.

La DEA, en su informe “National Drug Threat Assessment 2025”, describe al CJNG como la “principal amenaza criminal para Estados Unidos”, con presencia en más de 20 estados de México y operaciones en 40 países. Su dominio incluye una red de centros de adiestramiento en el occidente del país, donde adolescentes reclutados mediante ofertas falsas en redes sociales son convertidos —literalmente— en soldados del narco.

El Rancho Izaguirre, descubierto el 6 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, es sólo uno de los símbolos de este poderío: ahí, la violencia se industrializa y los desaparecidos son transformados en combatientes. De acuerdo con El Universal, las autoridades conocen la existencia de esta red desde 2017, pero la respuesta ha sido la habitual: comunicados, reuniones y, últimamente, planes con nombre de volcán.

Y mientras Michoacán arde, el gobierno federal desempolva fantasmas. El sábado, la Fiscalía General de la República anunció la detención en Tijuana del exagente del Cisen José Antonio Sánchez Ortega, señalado hace 31 años como el supuesto segundo tirador del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

A escasos diez kilómetros de Lomas Taurinas, donde ocurrió el magnicidio, la detención fue presentada como un acto de justicia histórica. Sin embargo, el expediente —con más de 70 mil fojas revisadas por cuatro fiscales, entre ellos Luis Raúl González Pérez— ya había descartado de manera concluyente cualquier participación de Sánchez Ortega. “No existe evidencia de un segundo tirador”, concluyó la investigación, abierta al público desde hace décadas.

El retorno de ese caso, justo cuando la violencia y la descomposición institucional exigen respuestas inmediatas, parece más una operación de nostalgia política que de justicia. Un gesto que, como tantas veces en la historia reciente, sirve para distraer, no para resolver.

El discurso oficial insiste en la continuidad del proyecto de López Obrador: “abrazos, no balazos”, aunque los abrazos ahora llegan escoltados por batallones y millones. La presidenta Sheinbaum, fiel hasta la devoción a su mentor político, parece decidida a defender ese legado incluso cuando la realidad lo contradice con crudeza.

Como ironía del destino —o coherencia de la transformación—, mientras el Estado invierte miles de millones para pacificar Michoacán, el crimen invierte en adolescentes para mantener su ejército. Uno entrena en campos con nombres heroicos; el otro, en la sierra, con armas reales. Ambos dicen buscar la paz.

La diferencia es que uno lo hace con boletines de prensa y el otro con balas.

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

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2025-11-10T15:05:57-06:00

• Mientras Donald Trump presume bombardear “cárteles terroristas” ligados a Maduro y advierte que “no es solo Venezuela”, en México la presidenta Claudia Sheinbaum defiende la soberanía nacional, justo cuando su antecesor es señalado por un “pacto” con el crimen organizado. La duda es inevitable: ¿quién protege a quién?

Donald Trump volvió a prender las alarmas internacionales. Desde el América Business Forum en Miami, el presidente de Estados Unidos declaró con su característico tono triunfalista: “Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro y otros. No es solo Venezuela, vienen más cosas”.

Ernesto Madrid

Más cosas. Dos palabras que desataron un oleaje de interpretaciones. Porque, según The Wall Street Journal, The New York Times, The Miami Herald y NBC News, esas “otras cosas” incluyen planes para atacar laboratorios y líderes de cárteles en territorio mexicano con drones del Comando Sur. En los despachos de Washington, ya se discute si la “misión especial” debe ejecutarse bajo el Título 50, el mismo que permite operaciones encubiertas de la CIA fuera del marco militar tradicional.

Trump, fiel a su estilo de sheriff del mundo, no se contuvo: dijo que Venezuela “vació sus prisiones dentro de nuestro país” y que está “liberando a las ciudades del flagelo del crimen violento”. Mientras tanto, María Corina Machado —ahora Premio Nobel de la Paz 2025— le aplaudió la estrategia con una frase digna de un cartel de campaña: “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”.

Pero la noticia que incomoda está al norte del Orinoco. NBC News reveló que el plan estadounidense incluye el despliegue de tropas y agentes de inteligencia en México. La operación, aún en fase de deliberación, implicaría ataques con drones para “desmantelar laboratorios de droga y eliminar objetivos de alto valor”. Traducido: operaciones quirúrgicas con bisturí extranjero sobre suelo mexicano.

Y ahí entra en escena la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, marcó distancia: “México aceptará ayuda de información e inteligencia, pero no una intervención”. La frase suena firme, aunque en el fondo parece más un eco de soberanía que una advertencia real.

Porque el contexto no ayuda. Apenas hace unos meses, el expresidente López Obrador —su mentor político— fue señalado por los actuales funcionarios de Estados Unidos de que había pactado con el crimen organizado y los abrazos no balazos fue la señal más clara. Ahora, su sucesora reclama respeto a la soberanía ante un país que, si seguimos la lógica de Trump, podría considerar a México un territorio “involucrado”.

¿Y si ese involucramiento no fuera solo por el trasiego de drogas, sino por las redes políticas que las protegen?

La pregunta flota incómoda: ¿por qué tanta resistencia a que entren los drones estadounidenses si, en teoría, solo buscan a los narcos?

Algunos analistas lo interpretan como una defensa preventiva. Otros, como una forma elegante de ganar tiempo. Pero en los pasillos diplomáticos se comenta que Washington ya tiene nombres, rutas y financiamientos de campañas políticas vinculadas a cárteles, del mismo modo en que rastreó los lazos entre Maduro y los narco-militares venezolanos.

Mientras tanto, Trump presume que “cada embarcación destruida salva 25 mil vidas estadounidenses”, y los bombardeos en el Caribe suman ya 66 muertos y 20 lanchas destruidas. Los números, como siempre, son relativos: se cuentan muertos del otro lado, y votos del suyo.

Y México, en medio, vuelve a ser el tablero.

Un tablero donde la Casa Blanca se prepara para mover drones, y Palacio Nacional responde con discursos sobre soberanía.

La pregunta final queda suspendida, como un zumbido metálico en el cielo:
¿defiende Sheinbaum la soberanía… o está defendiendo los secretos de la 4T?

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-07T14:26:00-06:00

• La inflación cerró octubre en calma —3.57% anual— y el Banco de México redujo la tasa de interés a 7.25%. Pero los analistas advierten: el alivio es momentáneo. Los nuevos impuestos del “segundo piso” de la Cuarta Transformación podrían encender de nuevo la inflación en 2026, mientras el déficit y la deuda externa empiezan a pasar factura.

El milagro mexicano de octubre vino en forma de aguacate barato. El “oro verde”, símbolo patrio del guacamole y de la inflación emocional del país, sorprendió con una caída de 10.52% en su precio, según el Inegi. Una bendición estadística que ayudó a que la inflación general se ubicara en 3.57% anual, dentro del rango dorado del Banco de México por cuarto mes consecutivo.

Ernesto Madrid

El semáforo de inflación, según México, ¿cómo vamos?, se mantiene en amarillo —ni alarma roja, ni euforia verde— mientras el país disfruta de una tregua que parece más contable que estructural. Porque, aunque los jitomates, papas, huevos y naranjas dieron un respiro, el café, la leche y la carne de res siguen en plan de lujo gastronómico: aumentaron 24.6%, 8.5% y 18.9%, respectivamente.

En pocas palabras: el desayuno nacional bajó de precio, excepto lo que realmente importa.

Banxico, fiel a su tono de prudencia ascética, aprovechó el clima benigno para reducir por tercera vez consecutiva la tasa de interés, dejándola en 7.25%. La institución aseguró que el panorama inflacionario “permite seguir con la flexibilización monetaria”, aunque el mensaje entre líneas fue claro: se acabaron los tiempos de euforia bajista.

Los analistas, menos poéticos, lo interpretan como una advertencia. El consenso es que hacia 2026 la inflación podría volver a repuntar —hacia el 4.5% anual— empujada por el incremento de impuestos que el gobierno de Claudia Sheinbaum planea aplicar para tapar el boquete fiscal dejado por el gasto social y la creciente deuda externa.

Dicho de otro modo: si hoy baja el precio del dinero, mañana subirá el costo de pagarlo.

La política económica del llamado “segundo piso” de la Cuarta Transformación enfrenta su propio dilema: mantener el apoyo popular con subsidios y programas, o evitar que el déficit público se convierta en un problema macroeconómico de largo alcance. De momento, la deuda crece más rápido que el optimismo, y el tipo de cambio agradece el respiro del petróleo y del aguacate.

Mientras tanto, los alimentos bailan al ritmo de su propio son. Las frutas y verduras bajaron 10.27% anual, pero los productos pecuarios subieron 8.19%. La electricidad aumentó 5.07%, el gas LP 4.38%, y el pan dulce —ese termómetro infalible de la economía mexicana— registró un alza de 6.86%.

En resumen: los precios bajan, pero no los que duelen; la tasa de interés baja, pero no por mucho; y el optimismo oficial sube, aunque solo en los comunicados.

Los próximos meses pondrán a prueba el equilibrio entre la narrativa de estabilidad y la realidad fiscal. Porque si algo ha demostrado la historia económica mexicana es que, cuando el gobierno sube impuestos para “consolidar la transformación”, los precios —como la política— terminan transformándose también.

¿Y usted?

¿Ya notó la baja de precios en su despensa… o solo en los discursos?

@JErnestoMadrid

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Ernesto Madrid

Noticias

2025-11-07T14:19:38-06:00