- Mientras Washington advierte que el narco gobierna zonas completas de México, el gobierno federal prefiere mirar hacia otro lado: convertir críticas en bots, impuestos en conspiraciones y asesinatos políticos en notas de color. Una coreografía perfecta para que las acusaciones jamás asciendan hasta quienes realmente protegieron al crimen organizado.
En la diplomacia, como en la política doméstica, el silencio suele decir más que la palabra. Y cuando desde Estados Unidos aseguran que en México existen regiones “controladas y gobernadas” por cárteles más poderosos que las policías locales e incluso que las fuerzas federales, la reacción del gobierno mexicano no es indignación… sino distracción. Arte nacional desde tiempos memorables.
Ernesto Madrid
El secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde el gélido Hamilton —en plena cumbre del G7, lejos del calor de la mañanera— recordó que los cárteles, esos invitados permanentes al festín de la impunidad mexicana, poseen “más armas, mejor inteligencia y mayor capacidad” que los propios Estados nación. No habló de metáforas: habló del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ultimado en plena celebración del Día de Muertos. Un símbolo cruel de lo que México ya normalizó.
Rubio insistió en que Washington no planea enviar tropas ni emprender medidas unilaterales. Desde la Casa Blanca saben que lo último que necesita México es otro pretexto para acusar injerencia extranjera. Pero sí dejó sobre la mesa algo más incómodo: la afirmación de que el problema es tan grande que amenaza la viabilidad misma del Estado mexicano.
Y mientras el republicano articulaba una de las advertencias más frontales en años, la administración mexicana afinaba su respuesta maestra: un nuevo distractor.
La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó su última intervención pública no a responder sobre zonas del país dominadas por el crimen organizado, ni a la cadena de asesinatos políticos, ni al avance internacional del lavado de dinero. No. Su prioridad fue denunciar una “campaña tremenda” en redes sociales —con bots, por supuesto— que busca, según dijo, crear la percepción de descontento social.
Que un fallo de la Suprema Corte obligue al Grupo Salinas a pagar 33 mil millones de pesos no parece tan grave como los 90 millones de pesos que, afirma la mandataria, se habrían destinado a atacar a su gobierno en redes. Una magistral forma de convertir un conflicto fiscal en una conspiración digital. Pan y circo; pero ahora con algoritmos.
Mientras tanto, en Washington, el Departamento del Tesoro y la OFAC anunciaron un golpe conjunto contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa, una red albanesa que lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa mediante restaurantes, casinos y empresas en México. Una operación que evidencia tres cosas:
- Que el narco ha diversificado su portafolio internacional.
- Que Estados Unidos está haciendo el trabajo financiero que México evita.
- Que el gobierno mexicano celebra la cooperación… siempre y cuando la evidencia no apunte demasiado cerca de casa.
El subsecretario John K. Hurley advirtió que “los que apoyen a los cárteles rendirán cuentas”. En México, por contraste, rendir cuentas suele significar rendir declaraciones… en conferencias de prensa.
Mientras tanto en la feria del libro en Culiacán —extraño lugar para hablar de transparencia política— sirvió para que el gobernador Rubén Rocha Moya revelara un capítulo que ya se sospechaba: encuestas de Morena donde él no ganaba eran suspendidas por orden presidencial. No por inconsistencias, sino por el desconcierto del propio Andrés Manuel López Obrador al ver que, contra toda expectativa, Rocha sí encabezaba la intención de voto.
Un destello de sinceridad política que confirma lo que muchos sabían: en Morena, la democracia interna es más literaria que cuantificable. Pero, como siempre, el relato funciona de cortina de humo para un señalamiento mayor: el mismo partido que presume pureza moral fue señalado durante años por encubrir la expansión del crimen organizado bajo el amparo de los abrazos y el desdén operativo.
El gobierno mexicano despliega con maestría su estrategia favorita: ahogar las discusiones relevantes con un océano de anécdotas políticas, pleitos fiscales, bots imaginarios y confesiones tardías. Pero los hechos persisten:
- Alcaldes asesinados en fechas simbólicas.
- Zonas del país donde rige la ley del cártel, no la Constitución.
- Redes internacionales de lavado operando desde México.
- Funcionarios y políticos beneficiados por encuestas mágicamente suspendidas.
- Y un gobierno que acusa amenazas digitales mientras minimiza amenazas armadas.
El problema no es que Estados Unidos hable de terrorismo: es que México no habla de responsabilidad. Y mientras los distractores sigan siendo más ruidosos que los datos, las acusaciones jamás escalarán hasta quienes durante dos sexenios dieron cobijo político, operativo y financiero al crimen organizado.
Porque en México, el narco manda en territorios; el gobierno, en la narrativa.
Y en esa balanza desigual, siempre gana el silencio.
@JErnestoMadrid
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