- Mientras el gobierno celebra una baja en homicidios, las desapariciones se disparan, los gobernadores señalados por vínculos criminales permanecen intocados y México obtiene el primer lugar mundial en mercados criminales, según el Global Organized Crime Index 2025.
En el México de la “Cuarta Transformación”, las cifras se acomodan con precisión quirúrgica. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presume una reducción del 37% en homicidios dolosos —según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— mientras el país asciende al podio mundial del crimen organizado, de acuerdo con el Global Organized Crime Index 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
Ernesto Madrid
De los 193 países evaluados, México ocupa el primer lugar en mercados criminales y el tercer lugar global en crimen organizado. Un logro que podría parecer sarcástico, pero que en los hechos revela la consolidación de un narco-régimen institucionalizado: el crimen no solo manda, también gobierna.
De acuerdo con informes de inteligencia, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, mantiene presuntos vínculos con grupos criminales que operan en la región. En Sinaloa, la situación es idéntica con Rubén Rocha Moya.
Ambos permanecen inamovibles. Fuentes cercanas al gabinete admiten que Sheinbaum evita tocarlos para no afectar la imagen del movimiento cuatroteísta. En política, el costo de la verdad sigue siendo más alto que el de la complicidad.
En su informe más reciente, la titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, reportó que el homicidio doloso bajó de 86.9 a 54.5 casos diarios en un año. Sin embargo, las desapariciones se duplicaron.
No obstante, la Secretaría de Gobernación reporta que, durante los primeros seis meses del actual gobierno se registraron 7,900 desapariciones, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior.
En los primeros 100 días de su administración, 40 personas desaparecieron cada día, un aumento del 60% respecto al promedio de López Obrador.
El punto más crítico llegó en mayo de 2025, con 1,421 personas no localizadas, la cifra más alta de la historia.
Organizaciones como el Centro Prodh y México Unido Contra la Delincuencia advierten una tendencia preocupante: el gobierno podría estar reclasificando homicidios como desapariciones para presentar una reducción ficticia de la violencia.
Al respecto, el Global Organized Crime Index 2025 es categórico: México se sitúa en el primer lugar mundial en mercados criminales, superando incluso a países en guerra o en colapso institucional.
El estudio, basado en indicadores de narcotráfico, tráfico de armas, corrupción y trata de personas, revela un entramado criminal que atraviesa las estructuras del Estado.
La tenacidad para mantener intacto e impune al narco-régimen morenista ha dado resultados: el país se consolidó como una superpotencia criminal.
El crimen se volvió una industria nacional con presencia territorial, capacidad financiera y protección política.
En este contexto, en 2026, México destinará apenas 0.86% del PIB a seguridad y justicia, el nivel más bajo en diez años, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Los recursos siguen concentrándose en las Fuerzas Armadas, mientras las policías locales, fiscalías y tribunales carecen de medios básicos para operar.
La militarización no solo continúa: se profundiza.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 12 centros penitenciarios concentran el 56% de las llamadas de extorsión en el país. Como remedio, anunció el bloqueo de señales en penales de Tamaulipas y en Santa Marta Acatitla. Una medida simbólica: se apagan antenas, pero no estructuras criminales.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, sumó su propio capítulo de ironía institucional. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró que “el protocolo no falló”, sino que el edil confió demasiado en la policía local. En otras palabras: la culpa es del muerto.
A este panorama se suma la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que propone elegir jueces por voto popular. Lejos de fortalecer la independencia judicial, esta medida la subordina al poder político. Sin un Poder Judicial autónomo, cualquier combate al crimen se convierte en simulacro.
La paradoja es brutal: el gobierno presume control, mientras las cifras y los organismos internacionales certifican el avance del crimen. México es hoy un país donde la legalidad retrocede y la impunidad escala posiciones globales.
Los asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo confirman lo que los reportes internacionales ya advertían: el crimen gobierna donde el Estado se ausenta. Y esa ausencia no es casualidad: es política pública. México encabeza el mundo en mercados criminales, duplica sus desapariciones y presume menos homicidios. El Estado celebra sus cifras, pero los cárteles celebran su dominio. El país ha alcanzado una paz estadística, sostenida por el silencio y la negación.
Porque en la “nueva transformación”, la justicia se elige, las cifras se maquillan y el crimen… se institucionaliza.
La pregunta que flota en el aire es la misma con la que todo comienza:
¿Quién gobierna realmente en México?
@JErnestoMadrid
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