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Carlos Roberto Matty
- Sonora
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este lunes a la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, luego de que el diario español ABC publicara que podría mudarse al exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid.
Ernesto Madrid
“Beatriz vive en México. Ayer sale en el periódico español de derecha el ABC, que se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió. Ah, pero la mentira”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.
En paralelo, Gutiérrez Müller publicó una carta en redes sociales donde negó cualquier mudanza y atribuyó la publicación a una revancha contra su esposo: “Quieren vengarse de ya saben quién, ese lindo señor que logró al menos dos hechos históricos. Me quieren involucrar. Soy independiente a la política. No estoy en eso”.
La académica fue más allá y dejó una advertencia: “Con el nuevo Poder Judicial habrá la opción de denunciar a quienes difundan estas mentiras y que se haga justicia”. La insinuación de usar al Poder Judicial para perseguir a la prensa generó nuevas críticas entre opositores y analistas.
Las cifras que el gobierno no quiere discutir
En su defensa, Sheinbaum reprochó que los medios amplificaran la supuesta mudanza mientras ignoran que “13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024”. Sin embargo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) advirtió que uno de cada dos menores de cinco años sigue viviendo en condiciones que no garantizan una vida digna, y que el 73% de quienes nacen en los hogares más pobres permanecen en la misma condición en la adultez.
A lo anterior, se suma un informe de México Evalúa, citado por el doctor Carlos Hinojosa, que muestra cómo el número de personas sin acceso a servicios de salud se duplicó en siete años, pasando de 20 a 44 millones, a pesar de un aumento del 13.3% en el gasto público en salud.
Lujo y contradicciones en Morena
El mismo día que Gutiérrez Müller y Sheinbaum -al otro día- rechazaban rumores de mudanzas y venganzas mediáticas, Aristegui Noticias reveló que Andy López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización de Morena, gastó más de 177 mil pesos en un hotel de lujo en Tokio, con cenas de hasta 47 mil pesos, contradiciendo la versión oficial que él mismo difundió en redes sociales.
¿A quién defiende realmente el gobierno?
La narrativa oficial —centrada en culpar a medios extranjeros, “comentócratas” y opositores— ha sido criticada por analistas que consideran que se trata de una estrategia para desviar la atención.
Un análisis reciente sostiene que mientras Sheinbaum habla de “mentiras” de la prensa y amenazas externas —como la retórica de Donald Trump sobre México—, el verdadero enemigo sigue intacto: el crimen organizado. Para los críticos, la política de “abrazos, no balazos” ha fortalecido a los cárteles, que controlan territorios, desplazan comunidades y operan con impunidad.
En ese sentido, advierten que el gobierno no defiende a los mexicanos, sino que protege la “soberanía del crimen organizado”, al permitir que estos grupos mantengan su poder. La conclusión es dura: “la llamada Cuarta Transformación estaría administrando una ‘demolición silenciosa’ del país, con una sociedad cada vez más pasiva, que observa entre la resignación, los memes y el silencio.
@JErnestoMadrid
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El próximo 15 de agosto, el corazón de la Ciudad de México se convertirá en un centro de espiritualidad y tradición, al recibir a Unicornio Negro, el aclamado Brujo Mayor de Catemaco. En un evento abierto al público, este reconocido líder místico encabezará una jornada espiritual en el Zócalo, a partir de las 12:00 horas.
Durante el encuentro, se ofrecerán 400 protecciones y limpias energéticas de forma completamente gratuita, con el objetivo de ayudar a las personas a liberarse de bloqueos, cargas y energías negativas que puedan estar afectando su bienestar. Esta iniciativa busca generar un espacio de armonización colectiva y bienestar, trayendo directamente a la capital las místicas tradiciones de Catemaco, Veracruz, un lugar famoso por sus prácticas espirituales.
Este evento promete ser un punto de encuentro para creyentes, curiosos y practicantes de la espiritualidad, ofreciendo una oportunidad única para quienes buscan un "reinicio energético" sin costo alguno. La jornada está diseñada para recargar fuerzas, abrir nuevos caminos y atraer la buena suerte, todo en un ambiente místico, lleno de tradición y la energía ancestral de la cuna de la brujería en México.
La historia de los brujos de Catemaco se remonta a tiempos prehispánicos, con raíces profundas en las creencias y prácticas de las culturas olmeca y totonaca, que consideraban la región como un lugar sagrado. El misticismo de la zona se vio reforzado por su ubicación geográfica, rodeada por la Laguna de Catemaco y la selva de Los Tuxtlas, lo que le ha conferido una energía particular. A lo largo de los siglos, estas tradiciones se han mezclado con elementos de la religión católica y rituales africanos, traídos por los esclavos, dando como resultado un sincretismo único. Este rico legado ha convertido a Catemaco en un punto de referencia para la brujería y las artes curativas en México, atrayendo a practicantes y buscadores de todo el mundo que buscan la sabiduría y los servicios de sus brujos, quienes han pasado sus conocimientos de generación en generación.
El Gobierno de la Ciudad de México otorgó entre 2015 y 2021 cuatro permisos administrativos para la explotación de 77 locales y espacios comerciales dentro del Metro a Jetsocial Group S.A. de C.V., empresa vinculada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la red de prestanombres de Genaro García Luna.
Ernesto Madrid
De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las concesiones fueron otorgadas durante las gestiones de Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, con vigencias que alcanzan hasta el año 2031.
La firma fue constituida en 2007 por Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, señalados por la UIF como operadores financieros de García Luna. Según registros mercantiles, en 2011 Weinberg Pinto otorgó un poder a Ivonne Mancera Valdivia, quien firmó los contratos con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en representación de la empresa.
Un vínculo directo con la “trama corrupta”
Informes de la UIF de 2023 y 2024 colocan a Jetsocial Group dentro de un esquema de triangulación de recursos públicos hacia Nunvav Inc., empresa panameña clave en las investigaciones contra García Luna en México y Estados Unidos. Las transferencias documentadas suman al menos 2 millones de pesos entre 2017 y 2019, ya cuando la empresa explotaba los espacios otorgados por el gobierno capitalino.
Nunvav Inc. recibió entre 2011 y 2017 aproximadamente 481 millones de dólares en contratos públicos. MCCI documentó que esta empresa también transfirió recursos a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, investigada en EE.UU. por operaciones de presunto lavado de dinero.
Concesiones bajo dos gobiernos
El primer permiso a Jetsocial se otorgó el 18 de mayo de 2015, durante el gobierno de Mancera, para locales en las líneas 1, 3 y 7. Otros dos permisos siguieron en 2016, ampliando el número de espacios y manteniendo el giro de venta de telefonía y accesorios.
Ya con Sheinbaum como jefa de Gobierno, el 12 de marzo de 2021 el STC concedió a Jetsocial dos locales y 40 espacios comerciales adicionales en ocho líneas, con un pago mensual de 57 mil 657 pesos y vigencia hasta marzo de 2031.
Entre los funcionarios que firmaron estos contratos figuran exdirectivos del STC que actualmente ocupan cargos en la administración de la Ciudad de México o en el IMSS.
La ubicación de las oficinas de Jetsocial también levanta suspicacias: el inmueble en Leibnitz 70, colonia Anzures, fue adquirido por los Weinberg a Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, en una operación de 4.5 millones de dólares revelada por MCCI en abril de 2025.
El caso plantea un nuevo ángulo en la discusión sobre el alcance de la red de García Luna y su permanencia en contratos públicos incluso bajo administraciones posteriores, incluyendo las de la llamada Cuarta Transformación.
@JErnestoMadrid
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Mientras México celebra que la pobreza disminuyó del 36.3% en 2022 al 29.6% en 2024 —lo que significa que 8.3 millones de personas salieron de esa condición—, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, consolida una carrera empresarial que no deja de crecer.
Ernesto Madrid
Según los últimos datos oficiales, 38.5 millones de personas siguen en pobreza, con Chiapas, Guerrero y Oaxaca a la cabeza. La reducción se ha atribuido al repunte salarial y a las transferencias gubernamentales; sin embargo, persisten rezagos severos: 24.2 millones de personas tienen atraso educativo y 44.5 millones carecen de acceso a servicios de salud, más del doble que en 2018.
En paralelo, Andy López Beltrán ha diversificado sus negocios. Apenas cinco meses después de asumir la Secretaría de Organización de Morena, se convirtió en socio fundador de Realesco, S.A., una compañía de vinos naturales con licencia para operar restaurantes y bares en Guadalajara. La firma nació el 17 de febrero de 2025, mientras él recorría el país en una intensa campaña de reafiliación morenista.
Esta es la tercera empresa privada en su portafolio, sumándose a Finca Rocío —productora del chocolate con el nombre de su madre— y Vinos Cósmicos, dedicada a la venta y distribución de vinos y licores. En Realesco se asoció con empresarios de PalReal, restaurante de autor ubicado en uno de los barrios más cotizados de Guadalajara, reconocido internacionalmente por la revista Time Out.
La narrativa oficial subraya avances en la reducción de la pobreza, pero los datos muestran que el rezago educativo, la falta de salud y la carencia de seguridad social continúan como obstáculos profundos. Mientras, la distancia entre quienes viven con carencias y quienes prosperan en negocios vinculados a círculos de poder se hace cada vez más evidente y florecen al amparo del poder.
Lo bueno es que, una mayoría de 70% de la población opina que en México se puede ejercer plenamente la libertad de expresión, mientras que 27% no está de acuerdo con que así sea, según lo revela una encuesta nacional de El Financiero realizada en julio. De acuerdo con el sondeo, las personas con nivel de educación universitaria son las que menos creen que la libertad de expresión se ejerce en plenitud, con 57%, comparado con el 73 y 74% que así lo cree entre los segmentos de educación básica y media.
Por otro lado, la creencia de que la libertad de expresión se ejerce a plenitud alcanza 84% entre simpatizantes de Morena, 51% entre simpatizantes de la oposición, y 47% entre la población apartidista.
@JErnestoMadrid
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Apenas 24 horas después de que México entregara a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes y criminales buscados por autoridades estadounidenses, el gobierno de Donald Trump convirtió la operación en un triunfo de su política antidrogas.
Ernesto Madrid
Sin pasar por el largo y complejo proceso de extradición, la entrega masiva fue anunciada en un extenso comunicado del Departamento de Justicia, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, quien la describió como “el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”.
Entre párrafos dedicados a destacar la estrategia del presidente republicano, México recibió apenas una línea de reconocimiento: “Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México su colaboración en este asunto”.
Horas después, la deferencia se evaporó. El Departamento de Estado incluyó por primera vez a México en sus alertas de viaje por “riesgos de terrorismo” y advirtió que en los 32 estados existe peligro de violencia derivada de grupos criminales, pandillas y organizaciones designadas como terroristas.
Narrativa de soberanía en Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entrega fue una decisión interna, tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, sin vínculo con un acuerdo específico con Washington. “Son decisiones por la seguridad de nuestro país, no tiene que ver con una petición de EU”, insistió.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero respaldaron la versión: se trató, dijeron, de una acción soberana para impedir que los internos continuaran ordenando secuestros, homicidios y extorsiones desde prisión, ante el riesgo de que amparos o resoluciones judiciales facilitaran su traslado a penales de menor vigilancia o incluso su liberación anticipada.
Presión política y militar desde Washington
El gesto ocurre en un contexto de alta tensión bilateral. Desde enero de 2025, Trump cumplió su promesa de designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que abrió la puerta legal para operaciones militares fuera del territorio estadounidense. En paralelo, ha mantenido aranceles del 30% a productos mexicanos como medida de presión en materia de migración y combate al fentanilo.
El propio 31 de julio, horas antes de que entraran en vigor dichos aranceles, Sheinbaum y Trump sostuvieron su novena llamada oficial, en la que acordaron extenderlos por 90 días. Poco después, The New York Times reveló que el presidente estadounidense ordenó al Pentágono preparar ataques contra cárteles mexicanos, un paso que el gobierno mexicano minimizó. “No hay riesgo de invasión”, declaró Sheinbaum.
Sin embargo, la tensión militar se hizo tangible cuando un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EU sobrevoló Valle de Bravo, Estado de México, en un vuelo de “reconocimiento”, del que México insiste en que se trató de una acción “con plena coordinación y respeto a la soberanía nacional”, pero el mensaje que quedó en la arena política estadounidense fue el opuesto: que Washington tiene carta blanca para intervenir, sin importar si el operativo se viste de cooperación y sin olvidar el episodio en febrero cuando el buque destructor USS Gravely fue desplegado en el Golfo de México.
Golpe financiero al CJNG
La jornada posterior a la entrega de capos se cerró con otra presión: el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, incluyendo negocios turísticos en Puerto Vallarta y redes de robo de combustible. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros buscan debilitar las estructuras comerciales del cártel en territorio mexicano.
Al final, el contraste es insalvable: Sheinbaum habla de soberanía; Trump habla de trofeos. Y mientras tanto, el vecino del norte afila sus instrumentos —económicos, militares y mediáticos— para recordarnos que, en el tablero geopolítico, quien mueve primero casi siempre es el que tiene más piezas.
@JErnestoMadrid
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de la República investigará las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra dos empresarios mexicanos —Ramon Rovirosa y Mario Ávila— por presuntos sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos entre 2019 y 2021.
Ernesto Madrid
Sin embargo, la trama no solo apunta a la petrolera: documentos y testimonios periodísticos vinculan a ambos con contratos avalados por Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado y figura clave del lopezobradorismo.
Un caso internacional con implicaciones locales
Sheinbaum informó que solicitará a Pemex y a autoridades estadounidenses toda la información sobre los contratos presuntamente irregulares. Uno de los acusados, Mario Ávila, está detenido en E.U.; el otro, Rovirosa, permanece prófugo. Según la presidenta, Ávila es exdelegado y exmilitante del PAN, y ya había enfrentado señalamientos por corrupción en el pasado.
Pero el expediente no se agota ahí. Fuentes periodísticas señalan que, durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco, su notario de confianza, Ramón Oropeza Lutzow, otorgó la legalidad necesaria para que las empresas de Rovirosa y Ávila —Kim Rent Card y RM Asset Advisor— operaran en la entidad. La primera se dedicó a rentar vehículos ejecutivos en la refinería de Dos Bocas; la segunda, a transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
El encuentro incómodo
La coincidencia política y judicial es inevitable: el próximo 18 de agosto, Sheinbaum se reunirá con López Hernández y con Ricardo Monreal para discutir la agenda legislativa. Será la primera ocasión en que enfrente cara a cara al senador desde que se ventiló que su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora.
No obstante, también el columnista Raymundo Riva Palacio sostienen que Sheinbaum ya fue informada de que el gobierno estadounidense concluyó una investigación sobre los supuestos negocios criminales de López Hernández, que involucraría a exfuncionarios de Tabasco, empresarios y políticos cercanos.
El contexto que no ayuda
El escándalo estalla en un momento en que el Departamento de Estado de E.U. en su informe anual sobre Derechos Humanos mantiene a México en la lista de países con altos niveles de impunidad, crimen organizado y corrupción sin castigo. En su informe 2025, advierte que “no existen cambios significativos” respecto a 2024 y que los delitos del narcotráfico siguen siendo la principal amenaza a la estabilidad del país.
Sheinbaum llega así a un punto político incómodo: prometer una investigación que, si se hace a fondo, podría salpicar a uno de los operadores más influyentes del oficialismo y, a la vez, a un protegido del expresidente López Obrador. La pregunta es si la justicia avanzará hasta donde lleven las pruebas… o solo hasta donde la política lo permita.
Como diría su protector, López Obrador y repitió el senador: “la calumnia, cuando no mancha, tizna” … pero en este caso, senador, el tizne ya es una firma con tinta de Pemex.
@JErnestoMadrid
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México vive con una bomba de tiempo encendida bajo su sistema eléctrico: más del 60% de la energía del país se genera con gas natural, y hasta el 96% de ese gas puede llegar de un solo proveedor: Estados Unidos. Bastaría un giro político, una ola de frío en Texas o un conflicto comercial para que la luz se apague.
Ernesto Madrid
Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo dijo sin rodeos: “Si nos cierran la llave, México se queda a oscuras”. No es una exageración. Ya ha pasado antes. En 2000, California colapsó y cortó envíos; en febrero de 2021, un vórtice polar congeló Texas, los flujos se detuvieron, el precio del gas se disparó 600 veces y México pagó cifras extraordinarias para no quedarse sin electricidad.
La raíz del problema es una mezcla de comodidad y dependencia. El gas seco que llega por ductos desde Texas cuesta entre 2.5 y 3 dólares, mientras que el gas natural licuado (GNL) del mercado internacional se cotiza hasta en 12 dólares. La diferencia ha sido un espejismo que adormeció la política energética mexicana, frenó la inversión en producción nacional y nos llevó a un déficit estructural: de los 8 mil millones de pies cúbicos diarios que consume el país, solo producimos 3,500 millones. Y buena parte de esa producción se queda en Pemex para sus propias operaciones, dejando al mercado apenas 1,500 millones.
El 61.2% de la electricidad nacional proviene de ciclos combinados alimentados por gas natural, según el CENACE. Esa concentración convierte al energético en el punto más frágil de nuestra seguridad nacional. Peor aún: la capacidad de almacenamiento es mínima. Para el gas natural, el margen es crítico: apenas 2.5 días. Un corte prolongado sería un apagón prolongado.
El riesgo no es solo técnico, también es político. Como advierten especialistas, Donald Trump ya ha usado las exportaciones energéticas como palanca diplomática. Incluso la amenaza de restringir envíos podría bastar para doblar a México en negociaciones.
La solución exige un cambio de mentalidad y de política pública. No basta con repetir el mantra de la “soberanía energética”. Se requiere diversificar fuentes, invertir en infraestructura para importar GNL desde otros mercados, mejorar la eficiencia de plantas, reducir pérdidas, ampliar almacenamiento e incluso reabrir el debate del fracking con criterios técnicos y ambientales claros, algo que descarta el director de Pemex.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que el plan de acción para Pemex y para el sector energético no puede quedarse en papel: requiere respaldo presupuestal, continuidad institucional y una evaluación permanente.
La seguridad energética no es una consigna patriótica, es una necesidad vital. Porque no se trata solo de tener combustible para mover la economía hoy, sino de garantizar que México pueda encender la luz mañana.
@JErnestoMadrid
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En medio de la tensión por los aranceles y la autorización de La Casa Blanca al Pentágono a actuar militarmente contra cárteles latinoamericanos, que negó la presidenta Claudia Sheinbaum que sea en territorio mexicano, la cúpula de hombres y mujeres de negocios que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson.
Ernesto Madrid
La finalidad, dijeron, es ponderar la importancia del diálogo para encontrar soluciones que fortalezcan la competitividad, el crecimiento y la prosperidad solo que en el contexto de la pausa arancelaria de 90 días que otorgó Washington a México, The New York Times, anunció que la orden, otorga al Pentágono, una base legal para ataques directos y unilaterales contra cárteles en el extranjero.
No obstante, los presidentes de organismos del sector privado explicaron que fue una reunión “cordial” con el embajador, en la que se reiteró que ambos países son socios estratégicos con una profunda integración económica.
Lo cierto es que La Casa Blanca autoriza al Pentágono a actuar militarmente contra cárteles latinoamericanos, mientras la presidenta mexicana insiste en que no habrá tropas estadounidenses en México y expertos alertan que la medida podría tensar la cooperación bilateral y reabrir viejas heridas en la relación de seguridad.
Lo anterior fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este viernes que emitió una orden ejecutiva al Pentágono para que utilice la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina, como parte de su estrategia para frenar el tráfico de fentanilo hacia su país, horas después de que The New York Times lo hiciera público y que faculta al Pentágono para acciones militares contra cárteles latinoamericanos, incluida la producción de fentanilo atribuida a grupos mexicanos.
"América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años", declaró en la Casa Blanca, sin precisar el alcance del operativo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que fue informada previamente de esta decisión, pero negó que implique la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional. "No tiene que ver nada con el territorio mexicano. Tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos", afirmó en conferencia de prensa.
Sheinbaum aseguró que las agencias de E. U. con presencia en México operan bajo estricta regulación y que la cooperación bilateral continuará sin riesgo de invasión: "Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está absolutamente descartado".
Sin embargo, de acuerdo con The New York Times, la orden otorga al Pentágono una base legal para ataques directos y unilaterales contra cárteles en el extranjero. El medio recuerda que, aunque la ley estadounidense prohíbe a las Fuerzas Armadas realizar funciones policiales, existen precedentes donde la frontera legal ha sido difusa, como la invasión a Panamá en 1989 para detener a Manuel Noriega.
Especialistas consultados, como el exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane, advierten que operaciones letales fuera de un conflicto armado formal podrían violar tanto leyes internas como el derecho internacional. El contralmirante retirado James E. McPherson calificó de "grave violación" emplear fuerza militar sin el consentimiento del país afectado, salvo excepciones muy específicas.
Trump anunció que dará más detalles próximamente, mientras crece la atención sobre cómo esta medida podría reconfigurar la cooperación de seguridad entre Washington y los gobiernos latinoamericanos, particularmente con México.
@JErnestoMadrid
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En medio de un clima de incertidumbre comercial marcado por los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre nuevos aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la inversión de más de 12 mil millones de pesos en México por parte de Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Laboratorios Carnot.
Ernesto Madrid
El anuncio se dio en Palacio Nacional como parte del llamado Plan México, que —según la mandataria— avanza “viento en popa” e incluye el arranque del primer Polo de Bienestar para el Desarrollo en Michoacán. El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que la inversión generará más de 3 mil empleos directos altamente especializados y 20 mil indirectos en diversas regiones del país.
La euforia contrastó con la advertencia de Trump, quien en entrevista con CNBC dijo que impondrá un arancel inicial a los productos farmacéuticos importados, que podría escalar hasta 250% en un año y medio. “Queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país”, declaró el presidente estadounidense. Apenas en julio había adelantado que el gravamen podría ser de hasta 200% si las empresas no se instalan en territorio estadounidense.
Especialistas advierten que la tensión arancelaria llega en un momento clave para la revisión del T-MEC. La organización México ¿Cómo Vamos? alertó que la competitividad regional depende de reducir la incertidumbre y de acelerar proyectos estratégicos como generación eléctrica e inversión en investigación y desarrollo, sobre todo en sectores de industria 4.0. De no hacerlo, el acuerdo comercial enfrentará problemas estructurales que podrían minar la integración productiva de América del Norte.
En paralelo, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos en el primer semestre de 2025, con exportaciones por 264 mil millones de dólares, equivalentes al 15% de las importaciones totales estadounidenses, pese a los aranceles al acero, aluminio y automóviles.
El escenario también tiene un matiz político. Según una encuesta de El Financiero, 45% de los ciudadanos considera que Morena es de izquierda, mientras que un 30% lo ve de derecha y 21% al centro. Además, 35% lo percibe como progresista, pero 36% como conservador; 41% lo define como autoritario y 34% como democrático.
Estas cifras apuntan a que la presidenta estaría adoptando una postura más cercana a un pragmatismo económico de corte neoliberal, justo cuando enfrenta un reto mayúsculo: mantener el crecimiento en un país que, según el FMI, apenas avanzará 0.2% en 2025, lejos del ritmo necesario para estar entre las 10 economías más grandes del mundo.
@JErnestoMadrid
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Mientras el gobierno pregona humildad y sencillez, varios de sus integrantes y aliados actúan como si el poder fuera un pasaporte al privilegio. Viajes al extranjero, relojes de lujo, propiedades millonarias y contratos opacos revelan que los "nuevos ricos" de la 4T han aprendido rápido los vicios del viejo régimen. La diferencia es que ahora se les justifica desde el púlpito presidencial.
Ernesto Madrid
El secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, hijo y heredero del legado “primero los pobres” del partido en el poder, reapareció en redes sociales luego de que el pasado 26 de julio se difundiera que vacacionó en Tokio, Japón. En lugar de explicar, justificó: dijo que costeó el viaje con sus propios recursos y que se lo merecía “tras extenuantes jornadas de trabajo”.
López Beltrán narró su itinerario: primero Seattle, luego un vuelo comercial a Tokio. Y no tardó en culpar a los "hipócritas conservadores" de enviar espías para acosarlo y armar una campaña de linchamiento político. Lo negó todo: ni avión privado, ni hotel de 50 mil pesos la noche, sólo un hospedaje de 7,500 diarios “con desayuno incluido”.
“Desde niño aprendí que el poder es humildad”, dijo. Pero la realidad no encaja con sus palabras ni con su pasado que nunca se le conoció trabajo alguno.
AMÍLCAR OLÁN: EL EMPRESARIO SIN CARGO, DETRÁS DE LA RIQUEZA DE SUS ALIADOS
No es político, ni militar, ni médico. Pero ha ganado más que un gobernador, con acceso al Ejército y vende medicamentos al Estado. Su nombre: Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Amílcar no figura en las listas oficiales del gabinete, pero en las sombras ha sido uno de los grandes beneficiarios del sexenio y su cercanía con los hijos del presidente —Andrés y Gonzalo López Beltrán— le abrió las puertas del negocio público. Desde asados familiares hasta contratos millonarios.
Todo comenzó con el Tren Maya. Sin experiencia en infraestructura ferroviaria, pero con amigos en el poder, Amílcar vendió balasto por 250 millones de pesos en solo seis meses. Sin licitación. Luego vino la oportunidad en Dos Bocas: compró 18 hectáreas a 6 pesos el metro cuadrado (el valor real era de 1,200) y las rentó a ICA-Fluor sin construir nada.
Después, el negocio de las medicinas: su empresa Poyago vendió al IMSS-Bienestar fármacos hasta 1,000% más caros. Sitagliptina-metformina fue el medicamento estrella; el contrato estrella: más de 340 millones de pesos entre 2023 y 2024.
Y a pesar de denuncias, audios, vínculos con empresas fantasma, uso de prestanombres y protección presidencial, no hay una sola consecuencia judicial. El expediente Sedena 2292/2024 está clasificado por “seguridad nacional”.
EL LUJO COMO ESTILO DE VIDA
Mientras tanto, otros rostros de la 4T también brillan… pero por su ostentación. Diana Karina Barreras, diputada del PT, y conocida como ‘Dato Protegido’ ha sido exhibida por usar joyería y ropa de lujo que no aparecen en su declaración patrimonial. Relojes Hublot, anillos Tiffany, zapatos Dolce & Gabana, lentes Gucci y hasta una chamarra Ferrari de más de 40 mil pesos con un valor estimado en casi 5 millones de pesos de sus accesorios. En paralelo, descubrió que su compañero Sergio Gutiérrez Luna ocultó participación empresarial y que la diputada no reportó propiedades en Sonora.
Por su parte, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera en la ANAM, también está bajo investigación por ingresos sospechosos y la compra de un penthouse en Polanco por 7.7 millones de pesos, una ganga frente a su valor real de más de 22 millones. A eso se suma su colección de relojes de lujo valuada en otros 7.7 millones.
¿HUMILDAD? ¿SENCILLEZ? ¿AUSTERIDAD?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no entrará en debate, pero insiste en que el poder debe ejercerse con humildad. “Todos debemos dar cuentas”, declaró. Pero ¿a qué cuentas se refiere si los lujos están a la vista y las respuestas se ocultan tras comunicados y discursos moralistas?
"Nos juzgan millones, el pueblo de México", dijo Sheinbaum. Pero al parecer, mientras el pueblo vive con lo justo, algunos miembros del régimen viven en la justa medianía… de un penthouse.
Y en medio de todo esto, la presidenta pide unidad. ¿Unidad con los lujos? ¿Unidad con la corrupción? ¿Unidad para blindar la reforma electoral que les dará todo el poder y la impunidad?
Con los pelos de la burra en la mano, todavía se atreven a decir que no son iguales. Pero los hechos gritan otra cosa. Porque en la 4T, la austeridad aplica… solo para los demás.
@JErnestoMadrid
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*Cifras oficiales reportan una baja en el índice de embarazo adolescente en México, pero detrás está el “rostro oculto” del abuso sexual infantil.
*En varios casos la edad del padre supera en muchos años la edad de la madre
*El riesgo de que niños y adolescentes hayan sido abusadas por un adulto es latente y preocupante
Organizaciones de la sociedad civil emitieron un llamado de alerta respecto a la violencia sexual que afecta y vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes como un problema que afecta a 12 de cada 100 mujeres que reportaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años.
En un pronunciamiento público, las organizaciones Alumbra, un proyecto colaborativo de Early Institute, Guardianes y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., todas coincidentes en la protección de menores de edad el abuso y violencia sexual, puntualizaron que al menos 6.3 millones de mujeres mexicanas que reportaron haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años, según la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2021).
Precisaron que millones de mujeres mexicanas, desde su niñez y adolescencia, se les obliga a mirar actos sexuales, sufren acoso sexual y tocamientos, intentos de violación o son violadas bajo amenazas o usando la fuerza, por lo que enfrentan la maternidad desde temprana edad y sus consecuencias.
Resaltaron que aunque la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) revela que la maternidad precoz ha disminuido en los últimos años, México se encuentra por arriba del promedio de la región Latinoamericana y el Caribe en relación a los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Citaron que es relevante el caso de las niñas y adolescentes de entre 10 a 14 años, donde la razón de fecundidad ha aumentado en los últimos años en la mayoría de las entidades federativas. En tanto, datos disponibles del INEGI, en 2023 arrojaron 6 mil 798 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años con un alto riesgo de violencia sexual detrás.
Estas organizaciones expresaron que la alta vulnerabilidad y la falta de protección integral hacia niñas y adolescentes es clara. “No se trata solo de estadísticas; estamos ante vidas en riesgo y una crisis social que requiere respuestas de fondo, humanas y responsables”, indicaron
En ese sentido, la comunidad Alumbra, Guardianes y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C, pidieron a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,Presidenta de la República; Gobernadoras y Gobernadores; Fiscales de Justicia de los Estados; Diputadas y Diputados Federales y Locales; Senadoras y Senadores de la República; Madres y Padres de Familia y sociedad civil tomar cartas en el asunto, pues la evidencia muestra que miles de niñas y adolescentes sufren violencia sexual debido a que gobiernos, comunidades, instituciones y familias no logran brindarles protección efectiva.
Y, plantearon una serie de llamados a que:
Concluyeron que la solución a este grave problema requiere una voluntad política firme, acciones coordinadas y responsabilidad colectiva que ponga en el centro los derechos, la protección y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.