El reporte Aborto La Realidad no Contada, elaborado por el equipo de investigación de la plataforma UNNA, revela todos los tipos de violencia que se cometen ligadas a ese delito.
Derogar el delito de aborto desprotege a la mujer embarazada y su hija o hijo por nacer.
*La comisión de este delito no criminaliza a la mujer. La mayoría de los presos por el delito de aborto son hombres, cita el estudio.
La violencia estructural en prácticamente todas sus modalidades concurre en el delito de aborto forzado, y van desde el abuso sexual infantil, violencia física, psicológica, económica, emocional, coacción, chantaje, trata y hasta feminicidio, alertó Paulina Hernández Torruco, abogada y vocera de UNNA, la plataforma especializada en la agenda de protección a la mujer embarazada.
Impunidad y más violencia hacia la mujer, en especial hacia la que es forzada a acabar con la vida de su hijo que lleva en el vientre, es la consecuencia lógica si se elimina de los códigos penales el delito de aborto, explicó la especialista en Derecho, y agregó que la naturaleza de la configuración de ese tipo penal es, ha sido y debe ser la protección de la vida de la mujer embarazada y de sus hijas o hijos por nacer.
Hernández Torruco dio a conocer el Reporte de UNNA Aborto. La Realidad no contada, documento en el que se hace un amplio desglose de las cifras de aborto en México, estado por estado, en donde se revela una gran conclusión: La gran mayoría de personas procesados por el delito de aborto en México son hombres, no mujeres, lo que evidencia que el tipo penal del delito de aborto es un instrumento jurídico vigente para la protección hacia la mujer.
De acuerdo con la información del Reporte, agregó, hoy se tiene la certeza de que las mujeres que están procesadas por el delito de aborto, que no son más allá de seis, están presas no porque se hayan auto procurado una borto, sino porque ayudaron o formaron parte de una coacción para que a otra mujer se le cometiera aborto o porque participaron en otros delitos incluidos el de aborto.
En entrevista, la especialista en Derecho y vocera de UNNA citó un caso ocurrido en el estado de Guanajuato, en donde un adulto abusó de una menor y al enterarse de que estaba en un embarazo avanzado la obligó a consumir pastillas para abortar. Contra su voluntad y mediante violencia física y emocional, la menor de edad abortó, sin embargo, la madre de ella se percató de los acontecimientos y denuncio al violentador, quien fue procesado y sentenciado a diez años de cárcel y ocho meses.
Por otra parte, explicó que en el país no hay mujeres presas por abortar, la mayoría de las personas procesadas y sentenciadas son hombres. Esos datos son oficiales, provienen de todas las fiscalías del país y de otras instituciones municipales y locales encargadas de la procuración de justicia. Las cifras son reales, no hay sesgo ni ideología, dijo.
Derogar de los Códigos Penales el delito de aborto, como lo plantean organizaciones, dejará desprotegida a la mujer embarazada y su hija o hijo por nacer, dijo la especialista.
Paulina Hernández Torruco expresó que la mayoría de las mujeres que acaban con la vida por su hija o hijo por nacer son víctimas de aborto forzado mediante prácticas violentas y otros actos constitutivos de delitos.
“El aborto forzado esconde una serie de hechos de violencia en contra de las mujeres embarazadas, tanto adolescentes como adultas como violencia sexual, trata de personas, abuso sexual, maltrato, abandono, lesiones, violencia de género
El reporte, elaborado por abogados y especialistas de UNNA arrojó que en muchos casos las mujeres son obligadas a la ingesta de pastillas para terminar con la vida desde el vientre materno.
En ese sentido negó que el delito de aborto criminalice a la mujer; por el contrario, eliminar de los códigos penales de los estados este delito alimenta la impunidad de esos hechos en contra de la seguridad y la protección de las mujeres embarazadas y de sus hijas e hijos por nacer.
Entre otras conclusiones del reporte: “Aborto: La realidad no contada”, también está que sería “inviable” dejar impune este delito ya que dejaría a las mujeres en estado de indefensión y abriría la puerta a más agresiones sin consecuencias legales, además de que conforme a la ley el bien jurídico protegido no es solo la vida en gestación, sino también la integridad de la mujer, víctima de violencia, abuso y sometimiento.
Además, la revelación de que la mayoría de las personas presas son hombres revela de manera irrefutable la mujer embarazada y su bebé en gestación enfrentan una realidad social grave pero contundente por la existencia de violencia, abuso y coacción para terminar con la vida humana desde el vientre materno.
Como ejemplo, citó un caso en Colima en 2012, cuando una mujer conducía su vehículo particular en segundo grado de ebriedad y, primero colisionó contra un vehículo que se encontraba estacionado y, en su intento por darse a la fuga, continuó conduciendo a exceso de velocidad.
Poco después, al no percatarse de un reductor de velocidad, perdió el control de su automóvil y se impactó violentamente contra el costado de un taxi con una pareja a bordo, estando la mujer embarazada, que por el impacto sufrió lesiones mientras que su bebé en gestación falleció. Ahí quedó configurado el delito de aborto en contra de la mujer responsable del accidente automovilístico.
Respecto a cifras, Hernández Torruco precisó que al menos 841 carpetas de investigación fueron abiertas en 2024 y otras 370 en 2025 por el delito de aborto forzado, mientras que actualmente hay 71 hombres encarcelados y solo 7 mujeres por haber cometido dicho acto.
Comentó que sólo Durango y Tlaxcala son las entidades donde no se ha registrado ninguna denuncia de aborto forzado, esto debido a que son zonas donde todavía hay una valoración más integral de la vida.
