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Pagos de Pemex a proveedores no se difieren ocho años: operan vía el Fondo Ónix

  • La extensión de plazos reportada ante la SEC corresponde a la recuperación de recursos adelantados por Banobras a través del Fondo Ónix, no a la falta de pago a proveedores, que ya están siendo liquidados con capital de la banca privada.

La narrativa de que Pemex decidió “patear” hasta por ocho años el pago a sus proveedores no solo es imprecisa: es financieramente superficial. Confunde —voluntaria o involuntariamente— el pago al proveedor con la recuperación del financiamiento público-privado que permitió cubrir ese pago. Son cosas distintas. Y la diferencia importa.

Ernesto Madrid

En su reporte más reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Pemex reconoce convenios modificatorios por 29 mil 236 millones de pesos, correspondientes a adeudos generados en 2025, cuyo reembolso puede extenderse hasta por ocho años mediante pagos trimestrales de capital e intereses. A partir de ahí se construyó la idea de un incumplimiento generalizado y de una contradicción frontal con la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de liquidar adeudos “en meses”.

El problema es que esa lectura omite deliberadamente el Fondo Ónix.

Ónix es un vehículo financiero del Gobierno federal, administrado por Banobras, que no se fondea con recursos presupuestales, sino con capital de bancos privados. Su función es simple pero estratégica: adelantar pagos a proveedores y contratistas de Pemex, absorber el riesgo de liquidez inmediata y ordenar el pasivo de la empresa productiva del Estado sin asfixiar su operación.

El mecanismo es claro: el proveedor presenta su factura, Banobras valida y el fondo paga. El proveedor cobra. Punto. No espera ocho años. No financia a Pemex. No queda atrapado en la cadena de pagos. La deuda, en todo caso, se traslada al Estado, que se compromete a reponer esos recursos al fondo en el largo plazo.

Ahí es donde aparecen los ocho años.

Lo que Pemex reporta a la SEC no es un diferimiento del pago al proveedor, sino el plazo para restituir al Fondo Ónix los recursos ya utilizados, una diferencia contable y financiera fundamental que ha sido borrada del debate público. De hecho, los 29 mil millones renegociados representan apenas el 5.6% de una deuda total con proveedores cercana a los 517 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2025.

Este modelo no es una ocurrencia ni una simulación. Es una estrategia de financiamiento estructurado, similar a esquemas utilizados en países con empresas petroleras altamente apalancadas, donde el Estado asume el rol de amortiguador financiero mientras se estabilizan flujos de producción e ingresos.

El fondo se inserta, además, en una lógica más amplia: contratos mixtos para incrementar la producción petrolera, bajo los cuales los flujos futuros permiten cubrir compromisos presentes. No es una cesión de soberanía ni una privatización encubierta, como tampoco lo es —aunque así se haya querido presentar— el uso de infraestructura instalada por terceros para recuperar producción, como ocurre hoy en Venezuela.

Cuando Reforma reduce este esquema a un titular que sugiere incumplimiento, contradicción presidencial o colapso operativo, no está informando: está editorializando desde la simplificación. Se trata de una lectura que ignora deliberadamente la arquitectura financiera del acuerdo, borra el papel de Banobras y del Fondo Ónix, y presenta como “aplazamiento” lo que en realidad es ingeniería financiera para evitar una crisis de liquidez.

Reducir este esquema a un titular de “ocho años sin pagar” no solo distorsiona la realidad, también alimenta una narrativa de colapso permanente que no ayuda ni a los mercados, ni a los proveedores, ni a la discusión pública seria sobre Pemex.

Pemex sigue siendo un problema financiero mayúsculo. Nadie lo niega. Pero también es cierto que el Estado ha optado por ordenar el caos, trasladar riesgos, garantizar liquidez y comprar tiempo productivo. Confundir eso con incumplimiento es, en el mejor de los casos, desconocimiento técnico; en el peor, mala fe editorial.

Y en finanzas públicas, como en política, la precisión no es un lujo: es una obligación.

@JErnestoMadrid

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