En los entredichos del presidente Andrés Manuel López Obrados de que el Informe Anual 2023 sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos es una “tomadura de pelo”, el embajador de la Unión Americana en México Ken Salazar respondió, frente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña, que “siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer y eso lo vamos a hacer”.
Ernesto Madrid
Mientras tanto, el presidente de México Justo AC, Juan Carlos Pérez Góngora, coincidió con el presidente del Consejo Académico de México Justo, Genaro David Góngora Pimentel, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quién señalo que a diferencia de lo que sucedía hace algunas décadas, México vive el periodo de su vida moderna en la que sus gobernantes y políticos “se ríen” más de la gente y de la ciudadanía.
En ese escenario de ataques al poder judicial manifestaron su ‘ferviente apoyo’ a la ministra presidenta Norma Piña al señalar que todos los mexicanos tenemos el derecho de conocer la verdad sobre presuntos casos de corrupción cuando se trate de servidores públicos, más aún si es el de un titular del Poder Judicial Federal o de aquellos que imparten justicia.
Lo anterior, en referencia a las situaciones suscitadas en los últimos días sobre la denuncia hacia el ministro en retiro de la SCJN Arturo Zaldívar, recibida por la ministra Norma Piña para proceder en contra de éste y generar las investigaciones pertinentes sobre temas de corrupción por parte de Zaldívar y otros funcionarios judiciales durante su administración.
Lo cierto es que López Obrador calificó, desde el púlpito de Palacio Nacional de “mentirosos” y de “no ser serios” a los funcionarios de los Estado de Estados Unidos que advierten ataques a la corte al señalar que es “muy superficial, no tiene sustento -el reporte presentado- y dejar en claro que “¡Cómo le vamos a hacer caso, si dice que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte! ¿Dónde están las pruebas? Es muy irresponsable. Es una tomadura de pelo, les afecta mucho. No son serios, son mentirosos”.
No obstante es preciso señalar que, en la conferencia mañanera del día 21 de febrero del presente año, López Obrador dijo que “cuando Arturo Zaldívar era ministro presidente de la Corte, había más recato, cuando había un asunto nosotros respetuosamente interveníamos”… “Llega la señora Piña y dice -los jueces son autónomos-” o cuando en mayo de 2023 la acusó de “empoderar” a los jueces del país dejándoles a su potestad la liberación de criminales como narcotraficantes y acusados por violación o cuando se deslindó del juicio político en contra de la ministra al señalar que “a mí no me parece, nada más que también es un asunto de abogados”, por mencionar solo algunos ejemplos.
Pero López Obrador dijo este miércoles, “a ver que prueben, pero cómo nos vamos a estar metiendo en eso, es como si estuviese yo aquí contestando todos los días el Quién es quién en las Mentiras. Lo hago para informar, concientizar a los jóvenes de cuál es el tejemaneje de la política en México”, de ese tamaño las contradicciones.
Por eso y otras razones es que la candidata opositora Xóchitl Gálvez ve evidencias del crimen organizado con los gobiernos locales de morena, que dice López Obrador que protege el poder judicial y en su mitin de campaña en el sureste del país señaló que “Dejen de intimidar a los chiapanecos. Basta del cobro de piso, ¡abran los ojos, despierten, despierten chiapanecos!, no merecen sus hijos su cobardía, no merecen sus hijos que ustedes no den la pelea”, dijo sobre el asedio del crimen organizado el paso que le cerraron a ciudadanos para acudir.
En ese contexto y en la presentación del libro ¿Estado de Derecho? Síntomas de un México Impune, editado por México, Mario Rodríguez Vigueras, investigador del World Justice Project en México, aseguró que México se ha convertido en los recientes cinco años en un país más corrupto y los gobernadores han abusado al grado de querer “destruir” todo lo que signifique participación ciudadana.
