- Moody’s y S&P colocaron a México en la zona límite del grado de inversión. El bajo crecimiento, la presión financiera de Pemex, la incertidumbre regulatoria y el deterioro fiscal abren una ventana crítica de entre 12 y 18 meses para corregir el rumbo económico.
México todavía conserva el grado de inversión, pero las señales de alerta ya comenzaron a encenderse y el tiempo para corregir el rumbo parece cada vez más corto.
Tras el recorte de Moody’s y el cambio de perspectiva de S&P Global, el país quedó colocado prácticamente en el último escalón dentro de las economías consideradas seguras para invertir. El mensaje de las calificadoras fue claro: México mantiene estabilidad macroeconómica, pero el deterioro fiscal, el bajo crecimiento y la presión financiera de Pemex comienzan a comprometer la confianza de largo plazo.
Ernesto Madrid
Analistas financieros y calificadoras consideran que el gobierno mexicano tiene entre 12 y 18 meses para corregir desequilibrios fiscales, recuperar confianza para la inversión y estabilizar el crecimiento económico antes de enfrentar una posible degradación más severa.
El principal foco rojo es Pemex. Moody’s advirtió que el gobierno federal seguirá respaldando financieramente a la petrolera durante toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a su débil generación de flujo de efectivo, problemas operativos y elevados vencimientos de deuda.
Tan sólo en 2025, el gobierno destinó más de 40 mil millones de dólares para apoyar a Pemex y cubrir deuda y pagos a proveedores. Además, el presupuesto de 2026 contempla otros 14 mil millones de dólares para enfrentar vencimientos de corto plazo.
La dimensión del problema preocupa porque Pemex dejó de ser un apoyo para las finanzas públicas y se convirtió en una carga fiscal creciente. El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, reconoció que la petrolera consume actualmente cerca de dos puntos del PIB mediante apoyos gubernamentales.
“No consideramos que exista un riesgo inminente de pérdida del grado de inversión”, sostuvo Romano. Sin embargo, admitió que la situación representa una llamada de atención para acelerar la consolidación fiscal y mejorar la operación de Pemex.
El problema es que México enfrenta esta presión crediticia en medio de una economía debilitada. El Banco de México recortó recientemente su expectativa de crecimiento para 2026 de 1.6% a apenas 1.1%, muy lejos del rango de entre 1.8% y 2.8% proyectado por la Secretaría de Hacienda.
A ello se suma un déficit fiscal que cerró 2025 en 4.9% del PIB, por encima de lo previsto originalmente por Hacienda y lejos del promedio histórico de 2.7% observado entre 2000 y 2018.
Banamex advirtió que el deterioro del perfil crediticio mexicano ya no es sólo financiero. También responde al bajo crecimiento estructural, la incertidumbre regulatoria, la falta de certeza jurídica, la rigidez del gasto público y la debilidad de la inversión privada.
Las calificadoras también observan con preocupación los riesgos asociados al entorno político y la dificultad del gobierno para implementar ajustes estructurales rápidos en medio de tensiones políticas rumbo a las elecciones de 2027.
El riesgo de perder el grado de inversión no sería únicamente simbólico. Banamex advierte que una degradación elevaría el costo de financiamiento para el gobierno, bancos y empresas mexicanas; presionaría al tipo de cambio, aumentaría tasas de interés y reduciría la inversión extranjera.
Actualmente, el costo financiero de la deuda pública ya ronda 1.5 billones de pesos, equivalente a 4.1% del PIB. Un deterioro adicional podría agravar todavía más la presión sobre las finanzas públicas.
México aún conserva amortiguadores importantes: reservas internacionales superiores a 250 mil millones de dólares, autonomía monetaria, un sistema financiero sólido y una fuerte integración comercial con Estados Unidos.
Pero las agencias dejaron claro que esos factores ya no serán suficientes si el país no logra recuperar crecimiento, fortalecer sus finanzas y devolver certidumbre a la inversión.
La pregunta ya no es si México enfrenta riesgos. La pregunta es si el gobierno tendrá tiempo —y capacidad política— para corregirlos antes de que las calificadoras retiren definitivamente el beneficio de la duda.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
