- Sheinbaum evita confirmar investigaciones contra funcionarios, mientras Estados Unidos capitaliza la confesión del capo sinaloense
La primera confesión pública de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia estadounidense abrió un terremoto político que el gobierno de Claudia Sheinbaum parece querer sortear con silencios y evasivas. El fundador del Cártel de Sinaloa admitió haber sobornado a funcionarios de distintos niveles durante cinco décadas para garantizar la operación criminal de su organización. Sin embargo, la presidenta mexicana condicionó cualquier pesquisa en el país a que exista una denuncia formal, minimizando el peso de la declaración judicial en Nueva York.
Ernesto Madrid
El contraste es inevitable: en 2019, Andrés Manuel López Obrador celebró la condena de Genaro García Luna como símbolo de su narrativa anticorrupción, pese a que tampoco existía una denuncia en México, sino testimonios recopilados en Estados Unidos. Hoy, con Sheinbaum en Palacio Nacional, el criterio cambia.
El búmeran de 2019
La situación adquiere tintes de ironía política. Aquel “maxiproceso” que López Obrador exigió a Donald Trump tras la captura de García Luna parecía un arma de presión bilateral. El entonces presidente incluso festejó que bastaran las declaraciones de testigos en Nueva York para señalar a su enemigo político. Cinco años después, el efecto búmeran alcanzó a la 4T: ahora que Zambada reconoce haber sobornado a funcionarios mexicanos, la propia Sheinbaum exige “pruebas” y asegura que cualquier señalamiento tendría que pasar por la Fiscalía General de la República.
En otras palabras: lo que fue suficiente para acusar a García Luna, hoy no lo es para mirar hacia adentro.
La contradicción se acentúa al recordar que el proceso de extracción de El Mayo de México fue pactado en secreto y sin notificación al gobierno de López Obrador. Según versiones, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, facilitó los canales para la entrega pactada; la administración federal se enteró minutos después de que el capo ya había cruzado la frontera bajo custodia estadounidense. Es decir, Washington no solo dictó las condiciones del proceso, también dejó en evidencia la marginalidad del Estado mexicano frente a un caso que toca fibras de corrupción interna.
Estados Unidos, por su parte, no solo se quedó con el control del proceso, sino también con la narrativa. El director de la DEA, Terry Cole, colocó en el mismo nivel a García Luna, Joaquín Guzmán Loera y Zambada, resaltando la cooperación internacional “sin precedentes” que permitió la captura del capo. La fiscal general Pamela Bondi fue más lejos: habló del fin de “un reino de terror” sustentado en la corrupción de funcionarios mexicanos.
Silencios en México, certezas en Washington
Mientras la presidenta mexicana pide analizar “cómo es que llegó a Estados Unidos” y se limita a repetir que “tendría que haber denuncias”, la justicia norteamericana avanza: Zambada se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas; aceptó entregar 15 mil millones de dólares de su fortuna —que lo ubicaría, en teoría, como el tercer hombre más rico de México— y pidió a sus seguidores evitar violencia en Sinaloa.
El contraste es brutal: la DEA presume el golpe como una victoria global contra el crimen organizado, mientras el gobierno mexicano rehúye el escrutinio sobre funcionarios presuntamente corrompidos. Ni Rocha Moya, señalado como facilitador de la entrega pactada, ni otros nombres salieron a colación en las conferencias presidenciales.
La factura pendiente
El caso también revela la fragilidad de la estrategia de seguridad mexicana. Durante el sexenio de López Obrador, el fentanilo se consolidó como crisis de seguridad nacional en Estados Unidos, con decenas de miles de muertos anuales, mientras la cooperación binacional se mantuvo en tensión. Ahora, Sheinbaum hereda un expediente en el que Washington dicta las reglas, mientras en México la narrativa oficial insiste en que sin denuncias “no hay caso”.
La historia reciente demuestra que cuando las políticas públicas se subordinan a intereses ideológicos o partidistas, terminan siendo frágiles. El “primer canto” de El Mayo obliga a preguntarse si México seguirá atrapado en la inercia de silencios y justificaciones, o si podrá enfrentar con seriedad el reto de la corrupción estructural que sostiene al narcotráfico.
@JErnestoMadrid
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