- Washington asegura haber ejecutado una operación militar “quirúrgica” en Caracas para extraer al mandatario venezolano y a su esposa; el régimen denuncia invasión, víctimas civiles y convoca a la defensa armada mientras América Latina se divide entre la condena y el respaldo.
Los días del régimen venezolano, al menos en el discurso de Washington, “estaban contados”. Así lo afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar la supuesta captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques militares en distintos puntos estratégicos de Venezuela, principalmente en Caracas y estados aledaños.
Ernesto Madrid
Si la versión de Washington es correcta, Nicolás Maduro no cayó por el voto, ni por una rebelión popular, ni por una transición democrática largamente prometida por la oposición venezolana y la comunidad internacional. Cayó —o fue extraído— por el método preferido del siglo XXI cuando la diplomacia deja de ser rentable: una operación militar directa, atribuida a Delta Force, la unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en la captura de objetivos de alto valor.
La afirmación no proviene de Caracas, sino de la propia Casa Blanca. El presidente Donald Trump anunció públicamente la supuesta captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a través de Truth Social y posteriormente en declaraciones citadas por The New York Times, donde celebró el operativo como una “operación brillante”, ejecutada con “excelente planificación y tropas extraordinarias”.
Según CBS News, que citó a fuentes de seguridad estadounidenses, la misión fue realizada por Delta Force, una unidad “Tier One” que opera bajo autorización directa del presidente de Estados Unidos y cuyo historial incluye operaciones contra Saddam Hussein y líderes del terrorismo internacional. Hasta el momento, Washington no ha presentado evidencia visual ni documentación pública que confirme el paradero del mandatario venezolano.
La narrativa estadounidense es precisa en su lenguaje: no habla de un jefe de Estado, sino de un criminal. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y vínculos con organizaciones criminales, ofreciendo una recompensa que llegó hasta los 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. Con ese expediente, la investidura presidencial deja de ser blindaje diplomático y se convierte en un obstáculo operativo.
Del otro lado, la respuesta del gobierno venezolano fue inmediata y predecible. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y exigió a Estados Unidos una “prueba de vida”, mientras denunció víctimas civiles y militares derivadas de los ataques. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la acción como una invasión y anunció un despliegue militar para responder a lo que describió como una agresión imperial.
El gobierno venezolano declaró el estado de Conmoción Exterior, activó planes de defensa nacional y acusó a Estados Unidos de violar la Carta de las Naciones Unidas, citando específicamente los artículos que prohíben el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado. El comunicado oficial incluyó una extensa lista de instalaciones presuntamente bombardeadas, entre ellas Fuerte Tiuna, La Carlota, el Palacio Federal Legislativo y varias bases aéreas, además de apagones en amplias zonas de Caracas.
El discurso es solemne, épico y jurídicamente correcto. El problema es que llega con años de retraso. De acuerdo con datos de ACNUR y la OIM, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, configurando una de las crisis migratorias más grandes del mundo. La soberanía se defiende con comunicados, pero se erosionó durante años de colapso institucional, elecciones cuestionadas y concentración absoluta del poder.
La reacción internacional expuso, una vez más, la fractura latinoamericana. México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó la acción militar estadounidense citando el artículo 2 de la Carta de la ONU y llamó al diálogo como única vía legítima. Colombia, mediante el presidente Gustavo Petro, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y activó protocolos ante una posible ola de refugiados.
En contraste, el presidente argentino Javier Milei celebró públicamente el anuncio estadounidense, mientras figuras políticas afines a Washington hablaron de un “nuevo amanecer para Venezuela”. No hubo posición regional común. No hubo bloque. No hubo mediación efectiva. Solo alineamientos ideológicos.
Aquí está el punto incómodo que nadie quiere decir en voz alta: el orden internacional no se sostiene en normas, sino en correlaciones de fuerza. La legalidad funciona mientras no interfiera con los intereses estratégicos de una potencia. Cuando interfiere, se aplaza, se interpreta o se viola, y luego se discute en conferencias de prensa.
Hoy fue Venezuela. Mañana puede ser cualquier Estado que cruce la delgada línea entre lo tolerable y lo incómodo. Porque cuando un presidente en funciones puede ser extraído militarmente sin mandato multilateral, el mensaje es claro: la soberanía no es un derecho garantizado, es una concesión revocable.
Y mientras unos celebran “operaciones brillantes” y otros convocan a la resistencia armada, los pueblos —como siempre— quedan atrapados entre sanciones, misiles y discursos.
El verdadero golpe no fue solo contra Nicolás Maduro.
Fue contra la ficción de que el derecho internacional todavía gobierna al poder.
@JErnestoMadrid
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