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El edificio incómodo de la sede de Morena

  • Entre fideicomisos opacos, el salto inexplicable de 16 a 75 millones de pesos y los vínculos financieros con CIBanco, la operación inmobiliaria que hoy alberga la sede de Morena sigue dejando más preguntas que respuestas.

En política, los edificios también cuentan historias. El inmueble ubicado en Liverpool 3, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, hoy sede nacional de Morena se convirtió en una operación inmobiliaria difícil de explicar y que inevitablemente conecta con el nombre de CIBanco.

En 2015 se constituyó el fideicomiso CIB/2420, administrado por CIBanco. Cuatro personas —cuya identidad permanece reservada— aportaron recursos y se designaron a sí mismas como beneficiarias del mismo instrumento financiero. Días después, el fideicomiso compró el edificio de Liverpool 3 por 16 millones de pesos.

Ernesto Madrid

Cinco años más tarde, en enero de 2020, ese mismo inmueble fue vendido a Morena por 75 millones de pesos, en un contrato firmado por la entonces dirigente partidista Yeidckol Polevnsky. El incremento es difícil de justificar de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.

Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el mercado inmobiliario en la alcaldía Cuauhtémoc aumentó 42.6% entre 2015 y 2020. El edificio de Liverpool 3, en cambio, se valorizó 368% en ese mismo periodo. Nueve veces más que el promedio del mercado.

El punto central es que la compra se hizo con recursos provenientes del financiamiento público de los partidos políticos. Es decir, dinero de los contribuyentes.

 

Aunque CIBanco no fue el beneficiario final de la operación, su papel como fiduciario permitió estructurar una operación donde los verdaderos beneficiarios permanecen ocultos. Los fideicomisos separan formalmente a quienes aportan los recursos, a quienes administran el dinero y a quienes reciben los beneficios. Cuando la identidad de estos últimos se mantiene reservada, el rastreo del dinero se vuelve prácticamente imposible.

Por eso, la pregunta central sigue abierta: ¿quién compró en 2015 por 16 millones lo que cinco años después vendió en 75?

 

La historia tiene un giro aún más llamativo. De acuerdo con los registros de transparencia del propio partido, el edificio que costó 75 millones de pesos hoy aparece reportado con un valor de 48.7 millones. Es decir, 26 millones menos de lo que se pagó por él revela la investigación de MCCI.

La contradicción es evidente: si el inmueble vale menos hoy, ¿por qué se pagó más en 2020?

 

El caso adquiere mayor relevancia porque vuelve a colocar en el centro el nombre de CIBanco, institución que en años recientes ha sido mencionada en investigaciones y reportes de autoridades estadounidenses por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.

En ese contexto, cualquier operación financiera relevante que pase por su estructura fiduciaria inevitablemente genera preguntas. La trama financiera también se conecta con Financiera Sustentable de México (Finsus), fundada por la economista y diputada de Morena Patricia Armendáriz Guerra.

Armendáriz se formó en el aparato financiero del Estado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y durante años defendió abiertamente el modelo neoliberal impulsado por esa generación de tecnócratas. Con el tiempo terminó integrándose al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y hoy es legisladora de Morena, un giro que muchos dentro del sector financiero interpretan como un movimiento pragmático —y para algunos abiertamente ambicioso— para mantenerse cerca del nuevo centro del poder.

Mientras tanto, Finsus busca convertirse en banco múltiple, un paso que ampliaría su presencia dentro del sistema financiero mexicano y que vuelve relevante cualquier vínculo operativo o financiero con estructuras relacionadas con CIBanco.

 

El caso llegó incluso al árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral revisó la operación tras una denuncia del Partido de la Revolución Democrática.El resultado fue formalmente favorable para el partido: no se detectaron irregularidades en el contrato.

Pero el organismo nunca investigó a fondo el salto de precio entre 2015 y 2020 ni la identidad de quienes integraron el fideicomiso. Y ahí permanece el punto ciego de toda la historia.

Un edificio comprado en 16 millones, vendido en 75 y hoy declarado en 48.

Tres cifras que, más que explicar una inversión inmobiliaria, parecen describir un negocio del que la opinión pública aún no conoce a sus verdaderos beneficiarios.

@JErnestoMadrid 

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