- Presiones financieras y políticas desde Washington comienzan a cerrar el cerco: mientras las agencias estadounidenses apuntan al entorno del Cártel de Sinaloa, en México las investigaciones avanzan contra operadores y funcionarios menores, mientras la sombra política se proyecta hasta el refugio de Andrés Manuel López Obrador en Palenque.
La presión de Estados Unidos sobre México entró a una nueva fase. Ya no se trata solo de discursos diplomáticos ni de advertencias en privado. Esta semana, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, colocó al Cártel de Sinaloa en el mismo nivel que Hezbollah durante una conferencia sobre financiamiento al terrorismo.
El mensaje no es menor. Significa que, para Washington, los cárteles mexicanos han dejado de ser únicamente organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y comienzan a ser tratados bajo una lógica similar a la del terrorismo internacional. En términos prácticos, esa categoría permite utilizar herramientas financieras, legales y operativas mucho más agresivas.
Ernesto Madrid
El brazo ejecutor de esa estrategia es el sistema financiero estadounidense. A través de dependencias como Financial Crimes Enforcement Network y la Office of Foreign Assets Control, el Departamento del Tesoro puede aislar a individuos, empresas o instituciones del sistema bancario internacional dominado por el dólar. Y cuando Washington mueve ese tipo de piezas, los bancos escuchan.
En México ya hubo señales. La congelación preventiva de cuentas vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a exfuncionarios de su entorno evidenció que el sistema financiero mexicano prefiere protegerse antes que desafiar las alertas del Tesoro.
El precedente pesa. Cuando FinCEN señala a una institución financiera, el riesgo es quedar prácticamente expulsado del sistema financiero internacional. Por eso, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas y defiende la soberanía nacional, la banca se mueve con una lógica distinta: blindarse primero.
Las sanciones anunciadas por Washington apuntan a redes de lavado vinculadas al tráfico de fentanilo. Entre los señalados se encuentran personajes como Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González”, y Armando de Jesús Ojeda Avilés. Incluso un negocio aparentemente ordinario, el restaurante Gorditas Chiwas, quedó incluido en la lista negra por presuntos vínculos financieros.
El mensaje es claro: la estrategia estadounidense busca golpear las finanzas del narcotráfico donde más duele. Pero el caso Sinaloa tiene implicaciones políticas que van más allá del dinero.
Las acusaciones presentadas en tribunales de Nueva York contra figuras cercanas al gobierno sinaloense han encendido alarmas dentro de Morena. No solo por lo que se dice del entorno de Rocha Moya, sino por las ramificaciones que, según diversas fuentes políticas y militares, conducen a Tabasco.
En ese entramado aparece el nombre del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, hoy bajo custodia de autoridades estadounidenses. Su carrera estuvo estrechamente ligada al general Audomaro Martínez Zapata, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador y quien encabezó el Centro Nacional de Inteligencia durante su gobierno.
Fue precisamente Martínez quien promovió a Mérida Sánchez para ocupar posiciones de seguridad en estados con fuerte presencia criminal, incluida Sinaloa.
Así, el mapa político del caso empieza en el Pacífico… pero proyecta su sombra hasta el sureste. Hasta Palenque.
Allí se encuentra retirado López Obrador, quien recientemente reapareció para hablar de la “defensa de la soberanía”. Sin embargo, en los hechos, el pulso real parece estarse librando en otro terreno: el financiero y el judicial. Mientras tanto, en México comienzan a aparecer movimientos internos que parecen responder a esa presión externa.
Un ejemplo reciente es la llamada “Operación Enjambre”, que llevó a la detención de funcionarios municipales en Morelos, incluidos alcaldes y exfuncionarios señalados por esquemas de extorsión. Las investigaciones fueron impulsadas por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada con información del Centro Nacional de Inteligencia. Pero esos operativos apuntan, por ahora, a peces menores.
Funcionarios locales, operadores regionales, enlaces criminales. El problema es que, mientras en México se persigue a esos eslabones intermedios, el mensaje de Washington parece mirar más arriba en la cadena. La pregunta que queda en el aire es si esta ofensiva es únicamente una cruzada contra el narcotráfico o también una presión política destinada a debilitar al movimiento que gobierna México.
Lo cierto es que la presión estadounidense ya está en marcha. Y en esa ruta que va de Sinaloa a Palenque, cada movimiento —financiero, judicial o político— parece estar acercando las piezas de un tablero mucho más grande.
@JErnestoMadrid
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