La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobierno de Estados Unidos explicar la revocación de la visa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres, ambos cercanos a la cúpula de Morena. “Esperaremos a conocer el motivo de esta acción, porque aún no sabemos cuál fue la causa que la originó”, declaró la mandataria.
Ernesto Madrid
El reclamo ocurre justo cuando, en un movimiento que pasó casi inadvertido por el gobierno mexicano, Griselda López Pérez, exesposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán y madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, cruzó a pie por la garita de San Ysidro acompañada de 17 familiares. De acuerdo con información confirmada por el Servicio de Alguaciles de EU (US Marshals), los esperaba un operativo federal en suelo estadounidense. La presidenta afirmó no tener conocimiento del caso.
¿Por qué a Marina sí y a Griselda no?
Lo que indigna al círculo más cercano a Sheinbaum es que la visa de Marina del Pilar fue revocada de forma directa por el Departamento de Estado, sin explicaciones públicas, mientras figuras vinculadas al narcotráfico parecen circular libremente. Pero la diferencia radica en que la gobernadora de Baja California aparece en investigaciones de agencias de seguridad estadounidenses desde hace más de dos años.
Según fuentes de inteligencia mexicanas, Marina del Pilar y su esposo fueron vinculados a un reacomodo de cárteles en Tijuana, y la campaña de Ávila recibió dinero del huachicolero Sergio Carmona, quien financió varias candidaturas de Morena en 2021. La DEA habría participado en la indagatoria inicial.
No es una acción aislada. Según altos funcionarios, el retiro de visas responde a una lista negra de políticos, empresarios y funcionarios mexicanos bajo investigación por lavado de dinero, tráfico de hidrocarburos, personas y drogas —especialmente fentanilo—. La advertencia fue lanzada desde marzo por la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, en su visita a Palacio Nacional. Desde entonces, la Casa Blanca ha insistido en que espera acciones judiciales claras del gobierno mexicano, que no han llegado.
Un desvisadero anunciado
El “desvisadero” ya empezó, y fue anunciado. Se trata de una estrategia que marca distancia con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior, y que evidencia que E.U. ya no esperará a que México actúe contra los nexos entre poder político y crimen organizado. La decisión se basa en inteligencia propia, no en denuncias mexicanas.
Lo paradójico es que Marina del Pilar ha sido una de las figuras más protegidas del lopezobradorismo. AMLO llegó a decir que era “lo mejor que le había pasado a Baja California”, y Sheinbaum la ha calificado como “una mujer sensible y cercana a la gente”. Pero para E.U., eso no pesa frente a los indicios de corrupción, financiamiento ilícito y omisiones frente a la violencia criminal en su estado.
Una señal para toda la clase política
El ingreso de la familia de “El Chapo” al mismo tiempo que la revocación de la visa a una mandataria morenista no es una coincidencia: es un mensaje. Mientras México se muestra tibio ante los pactos con el crimen, Estados Unidos asume el costo político de intervenir directamente, incluso contra aliados del poder actual.
El caso Baja California no es el único. Documentos filtrados a medios mexicanos detallan cómo en Morelos, la Unión Tepito ha extendido sus vínculos con funcionarios municipales y estatales, particularmente en municipios como Cuautla, Yecapixtla y Ayala. La complicidad institucional se mantiene como telón de fondo.
Estados Unidos ha comenzado a desmontar, visa por visa, una red de tolerancia y complicidad tejida desde el Estado mexicano, que va más allá de colores partidistas y que, por omisión o protección, ha normalizado el financiamiento criminal de campañas, la presencia de cárteles en las aduanas y el uso del poder para blindar intereses oscuros.
El mensaje: la impunidad tiene fecha de caducidad
Aunque Sheinbaum intenta tomar distancia, el retiro de visas abre una nueva etapa en la relación bilateral, donde la cooperación no será diplomática sino coercitiva. Y lo que ocurrió en Baja California podría repetirse en otros estados, si se comprueba que los nexos entre política y crimen organizado no se rompieron, sino que se reciclaron bajo nuevas siglas.
@JErnestoMadrid
