- Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno alista acciones contra funcionarios de Pemex, pero solo por Huachicol Fiscal
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha tocado fondo no solo financiero, sino ético. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, considerado uno de los más transparentes y responsables del mundo, anunció la retirada de 2,692 millones de pesos de su inversión en la paraestatal mexicana. El motivo: la falta de transparencia ante múltiples escándalos de corrupción, acumulados entre 2004 y 2023.
Ernesto Madrid
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum intentó encapsular el problema al caso Odebrecht, el fondo noruego fue categórico: Pemex ha sido incapaz de rendir cuentas sobre una larga lista de contratos opacos, sobornos y manejos irregulares. Peor aún, en lugar de aclarar las acusaciones, la empresa descalifica la información publicada y la tacha de “falsa y sensacionalista”.
El expediente es amplio: desde los sobornos pagados por Vitol para ganar contratos; la compra a sobreprecio de Fertinal durante el peñismo; hasta el escándalo de Emilio Lozoya, cuya investigación sigue abierta desde 2017. La corrupción, lejos de acabarse, mutó de forma. Con la llegada de la 4T, el discurso cambió, pero las prácticas siguieron.
Un caso emblemático es Dos Bocas. En 2021, Francisco Javier Vega, auditor interno de Pemex nombrado por el propio gobierno de López Obrador, renunció tras denunciar que se le negó acceso a los contratos del proyecto. En el centro de esa opacidad están Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía, y Octavio Romero, actual director de Pemex. Desde su salida, el número de contratos se disparó y el costo de la refinería creció en 6 mil millones de dólares. Nadie ha rendido cuentas.
Pero el foco no está solo en la ineficiencia: está en el saqueo institucionalizado mediante el huachicol fiscal. En lo que va del año, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 28 millones de litros de diésel ilegal en operativos en Tamaulipas, Baja California y Veracruz, todos vinculados a un mismo esquema: empresas privadas importando combustible disfrazado de aditivos, usando amparos exprés, facturas texanas y complicidad aduanal.
El caso de Intanza, una de las principales involucradas, es revelador. Importó el combustible desde Texas en el buque Challenge Procyon y tras el decomiso, interpuso cuatro juicios de amparo para recuperar 20 millones de litros de diésel, el doble de lo asegurado oficialmente. Todo esto con respaldo documental emitido por Hevi Transport LLC, una empresa estadounidense con trayectoria opaca.
Otra pieza clave es Mefra Fletes, empresa vinculada al tráfico ilegal desde 2020. En sus instalaciones se hallaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y más de 20 tractocamiones. Mexicanos Contra la Corrupción ha documentado que la compañía ha contado entre sus filas a un juez federal destituido por amparos irregulares y a una mujer cuyos restos aparecieron en una fosa clandestina. Los hilos del negocio cruzan el crimen, la política y el poder judicial.
Y es aquí donde el mapa se ensucia aún más: detrás de estas operaciones aparece el resurgimiento del Grupo Atlacomulco, ese viejo aparato priista que dominó el país desde el Estado de México. Opex, una de las empresas beneficiadas en este esquema, tiene vínculos con este grupo que, sorprendentemente, ha sido acogido por el obradorismo como socio estratégico silencioso.
El contubernio no es casual ni superficial. Bajo la retórica de "no somos iguales", la 4T integró a su estructura de poder a los mismos empresarios, políticos y operadores del viejo régimen. En esta red aparecen Felipa Obrador, prima del expresidente; José Ramón López Beltrán, su hijo; y una serie de firmas proveedoras del sector energético que pasaron del PRI al morenismo sin mover un dedo.
La recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, ha prometido acciones contundentes contra funcionarios involucrados en el huachicol fiscal. Pero la duda es legítima: ¿puede una dependencia desmantelar un sistema que opera desde las entrañas del propio gobierno?
Lo que queda claro es que la corrupción en Pemex no se transformó: cambió de manos. El saqueo ya no es exclusivo de los priistas. Hoy es un negocio compartido, un pacto intergeneracional entre el PRI de Atlacomulco y la 4T de Palacio Nacional. Se heredaron las estructuras, se renovaron las siglas, pero se mantuvieron los contratos, los privilegios y los silencios.
Pemex no es solo la empresa más endeudada del mundo: es el cementerio de promesas incumplidas y la prueba viviente de que, en México, los negocios sobreviven a cualquier transformación.
@JErnestoMadrid
