- AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET advierten sobre los riesgos de legalizar ocupaciones ilegales de vivienda
Las principales organizaciones empresariales del país manifestaron su firme oposición a la propuesta anunciada por la dirección del Infonavit para regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados. Esta medida, además de carecer de sustento legal, representa un grave precedente que amenaza con institucionalizar la ilegalidad y pone en riesgo los recursos patrimoniales de millones de trabajadores mexicanos.
Ernesto Madrid
El Infonavit no puede disponer de bienes ajenos
El Instituto fue creado con un mandato claro: proteger el ahorro de los trabajadores, garantizarle acceso legal y legítimo a la vivienda, y salvaguardar la propiedad privada. Pretender entregar inmuebles ocupados de forma irregular a quienes los invadieron —por debajo de su valor real— viola estos principios fundamentales.
Según datos de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas (de un universo total de 843 mil), el 86% está ocupada por personas sin vínculo jurídico alguno con el Infonavit ni con propietarios legítimos. Pretender regularizar esta ocupación equivaldría a normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda, desincentivando el cumplimiento de las obligaciones de pago y violando derechos de propiedad.
La certidumbre jurídica no puede ponerse en duda
“Valoramos la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la propiedad privada está garantizada y que no se le quitará vivienda a nadie con derechos legales. Sin embargo, es indispensable que esta postura se traduzca en acciones concretas del Infonavit: la ley no permite que el Instituto transfiera o ceda derechos sobre bienes que no le pertenecen, ni que negocie con ocupantes ilegales” señalan en comunicado.
El respeto al marco constitucional no puede ser objeto de interpretación política agragan. Permitir este tipo de regularización abriría la puerta a más invasiones, debilitando la confianza en el Estado de derecho y afectando la percepción de seguridad jurídica, elemento esencial para la inversión y el desarrollo económico.
El verdadero problema del Infonavit es de gestión, no de ocupación
Desde 2015, advierten, la institución enfrenta una creciente crisis administrativa. “El índice de morosidad de su cartera de crédito pasó de 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024; si se consideran los créditos segregados, el deterioro alcanza un preocupante 32%” por lo que, señalan que en lugar de enfocarse en reestructurar los créditos vencidos o recuperar viviendas en abandono para su legítima reasignación, se propone una estrategia que premia la ilegalidad y compromete la viabilidad financiera del Instituto.
Más grave aún, señalan, las viviendas invadidas no son propiedad del Infonavit: muchas de ellas pertenecen a acreditados que han cumplido con sus obligaciones o están en proceso de regularización. Legalizar estas ocupaciones violaría directamente sus derechos patrimoniales.
Exigen responsabilidad y respeto al patrimonio de los trabajadores
Ante esto, rechazan cualquier intento de convertir la invasión en un medio aceptado para obtener vivienda. La Asamblea del Infonavit debe detener esta iniciativa, pues el Instituto carece de atribuciones legales para otorgar créditos, rentas o escrituras a personas ajenas al sistema formal de seguridad social.
Las necesidades de vivienda para población no afiliada deben atenderse por los canales institucionales correctos: SEDATU y CONAVI, no mediante desvíos de funciones del Infonavit que vulneran los derechos de los trabajadores aclaran.
“México requiere instituciones fuertes, transparentes y respetuosas de la ley. Como sector productivo, seguiremos alzando la voz para defender el ahorro de los trabajadores y la seguridad jurídica que da sustento a nuestra economía y a la propiedad privada” concluyen los organismos firmantes.
@JErnestoMadrid
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