- Sombra de impunidad entre contratos, espionaje y complicidad institucional
Cuatro meses antes de dejar el poder, el presidente Enrique Peña Nieto adjudicó un contrato por 4.2 millones de dólares a la empresa Air Cap SA de CV, ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, hoy investigado por presuntamente haberle pagado un soborno de 25 millones de dólares a cambio de contratos con el gobierno mexicano, incluyendo la venta del software espía Pegasus.
Ernesto Madrid
La empresa, declarada “fantasma” por el SAT en abril de 2025, fue beneficiada también por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no solo terminó de pagar el contrato heredado, sino que le permitió seguir cotizando hasta al menos 2020.
Aunque AMLO llegó al poder bajo la bandera del combate a la corrupción y con la promesa de enjuiciar a los expresidentes —incluso organizó una consulta popular que no fue vinculante—, jamás se actuó contra Peña Nieto. Al contrario: lo llamó públicamente “Licenciado Peña Nieto” y evitó cuestionarlo. Distintas columnas e investigaciones periodísticas han apuntado desde entonces a un pacto no escrito: Peña dejaría libre el camino a Morena en 2018, a cambio de impunidad para él y su círculo.
Los documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) demuestran que el contrato adjudicado el 31 de julio de 2018 por la Secretaría de Gobernación a Air Cap, ya con López Obrador como presidente electo, no fue revocado por la nueva administración. Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invitó a la empresa a participar en al menos cuatro cotizaciones para servicios militares, a pesar de los múltiples indicios de irregularidad fiscal, triangulación de recursos y vínculos con software de espionaje.
En 2021, el Pegasus Project -investigación global liderada por Forbidden Stories y Aristegui Noticias- reveló que Air Cap formaba parte de una red de 18 empresas fachada utilizadas para vender ilegalmente Pegasus a gobiernos estatales y federales. La empresa, sin oficinas reales ni personal suficiente, usaba como domicilios fiscales un departamento en Iztapalapa y un cuarto en Tepito. A pesar de ello, acumuló más de mil millones de pesos en contratos con gobiernos del PRI, y casi 800 millones más en el Estado de México bajo la administración del priista Alfredo del Mazo.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, anunció apenas este 8 de julio de 2025 -casi siete años después de la adjudicación del contrato- que abrió una carpeta de investigación contra Peña Nieto, luego de que el periódico israelí The Marker revelara el litigio entre Ansbacher y su socio Avishay Neriah, en el que ambos afirman haber pagado sobornos al expresidente priista por al menos 25 millones de dólares.
La reacción judicial parece tardía. Durante años, el gobierno de AMLO tuvo en sus manos la posibilidad de revisar los contratos, abrir investigaciones fiscales y cancelar relaciones con proveedores corruptos, pero no lo hizo. El silencio institucional frente a Pegasus no fue casual: fue parte de un arreglo mayor, donde la prioridad no era la justicia, sino el control político.
En retrospectiva, el caso Pegasus no solo destapa una red internacional de espionaje y corrupción, sino también la continuidad de complicidades entre sexenios supuestamente opuestos.
La narrativa de transformación se ve hoy comprometida por los hechos: la impunidad no se heredó, se sostuvo.
@JErnestoMadrid
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