- La imputación presentada en Nueva York contra Rubén Rocha Moya y nueve colaboradores por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa reabre una serie de advertencias que Washington venía haciendo al gobierno mexicano sobre la infiltración del crimen organizado en la política. El caso podría derivar en extradiciones y tensionar al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien respaldó al mandatario estatal.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve presuntos colaboradores por vínculos con el Cártel de Sinaloa no sólo representa un golpe judicial contra un funcionario mexicano en activo. También revive una serie de advertencias que durante meses Washington había transmitido al gobierno de México sobre la penetración del narcotráfico en estructuras políticas locales.
La acusación, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignada a la jueza Katherine Polk Failla, sostiene que los implicados habrían colaborado con la organización criminal para facilitar el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Ernesto Madrid
Además del gobernador, el expediente incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”).
De comprobarse los cargos, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión en Estados Unidos, además de eventuales solicitudes de extradición. Pero el caso no surge en el vacío. Durante meses, autoridades estadounidenses venían advirtiendo públicamente sobre la creciente infiltración del narcotráfico en estructuras políticas y administrativas en México. La acusación contra Rocha Moya aparece, en ese sentido, como el primer expediente judicial que aterriza esas preocupaciones en una figura política de alto nivel.
El administrador de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, señaló que el caso revela cómo organizaciones criminales utilizan la corrupción institucional para sostener sus redes de tráfico. “El Cártel de Sinaloa no sólo trafica drogas letales; se vale de la corrupción y el soborno para expandir su violencia”, afirmó.
El fiscal federal Jay Clayton fue aún más directo al advertir que los cárteles no podrían operar con ese nivel de alcance sin el respaldo de funcionarios corruptos dentro de los gobiernos. Las advertencias también se habían expresado en el ámbito de seguridad hemisférica.
Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció avances de México en materia de control fronterizo, pero insistió en que el combate a los cárteles debía intensificarse con rapidez.
En su testimonio, Hegseth sostuvo que las organizaciones criminales del hemisferio representan una amenaza equiparable a redes terroristas como Al-Qaeda, y aseguró que Washington estaba decidido a perseguir a estas estructuras con la misma sofisticación y alcance operativo.
Ese endurecimiento del discurso había sido interpretado por analistas como una advertencia directa a las autoridades mexicanas sobre la tolerancia o incapacidad institucional para frenar la expansión del narcotráfico.
En ese contexto, el caso de Rocha Moya adquiere una dimensión política mayor.
El gobernador sinaloense fue respaldado políticamente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por la estructura partidista de Morena durante su campaña electoral.
La acusación estadounidense revive también señalamientos que durante años circularon en el debate político sobre presuntas redes de financiamiento irregular en campañas locales del partido gobernante, particularmente durante la etapa en que Mario Delgado encabezaba la dirigencia nacional.
Aunque esos señalamientos nunca derivaron en investigaciones judiciales concluyentes en México, el nuevo expediente abierto en Estados Unidos podría ampliar el foco de las pesquisas si las autoridades federales deciden profundizar en las redes políticas y financieras que rodearon a los acusados.
El caso también coloca bajo presión a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en distintos momentos expresó respaldo político al gobernador sinaloense.
Su respuesta frente a las acusaciones será determinante para definir si el episodio se mantiene en el terreno judicial o escala hacia un conflicto político y diplomático con Washington. Porque más allá del proceso penal, el expediente contra Rocha Moya vuelve a colocar en el centro una discusión incómoda para el Estado mexicano: hasta qué punto el narcotráfico ha logrado penetrar las estructuras del poder político.
Si el proceso avanza hacia órdenes internacionales de captura o solicitudes formales de extradición, el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Y entonces la pregunta dejará de ser sólo judicial. Será, sobre todo, política.
@JErnestoMadrid
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