- Durante décadas la relación entre política y narcotráfico en México fue un rumor persistente. Hoy, investigaciones judiciales de Estados Unidos, señalamientos periodísticos y silencios oficiales parecen confirmar lo que la sociedad intuía desde hace tiempo: que el poder y el crimen organizado han convivido demasiado cerca.
Durante años, México y Estados Unidos han convertido la relación entre narcotráfico y poder político en una narrativa televisiva. Las plataformas de streaming están llenas de series donde los capos negocian con gobernadores, policías y militares. Pero la ficción nunca ha sido tan inquietante como la realidad: esas historias no surgieron de la imaginación de los guionistas, sino de la memoria colectiva.
En México, esa memoria se alimenta de algo que durante décadas fue considerado un simple rumor: la idea de que el narcotráfico no solo opera en el país, sino que también financia campañas, protege candidatos y negocia con el poder.
Ernesto Madrid
El sociólogo y especialista en comunicación Jean‑Noël Kapferer explicó hace tiempo que el rumor no es necesariamente una mentira. En su libro Rumores: El medio de difusión más antiguo del mundo, sostiene que el rumor suele ser una verdad sin fuente oficial. Surge cuando las instituciones callan, cuando la información se oculta o cuando la sociedad deja de confiar en la versión del poder. En ese sentido, el rumor funciona como una forma de inteligencia social: una conversación colectiva que intenta llenar los vacíos que deja la política.
México ha vivido durante décadas dentro de ese vacío. Durante el viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional, el narcotráfico era descrito como un fenómeno controlado desde el Estado. Con la alternancia del Partido Acción Nacional, el problema no desapareció; simplemente cambió de forma en medio de una guerra contra el narco que dejó miles de muertos y territorios disputados. Hoy, bajo el gobierno de Morena, la narrativa oficial insiste en que la corrupción del pasado quedó atrás. Sin embargo, la realidad parece empeñada en contradecir ese discurso.
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en el ejemplo más reciente y más incómodo. Desde su campaña de 2021, diversas voces políticas y periodísticas advirtieron sobre presuntos vínculos entre su entorno político y el Cártel de Sinaloa. Investigaciones periodísticas de Anabel Hernández y Luis Chaparro, así como reportes del columnista Salvador García Soto, entre otros, han documentado testimonios y episodios que sugieren contactos entre actores políticos y estructuras criminales.
Pero en Washington el caso comenzó a adquirir otra dimensión. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó en la red social X un mensaje inusualmente directo: el proceso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya “es sólo el principio”. En el mismo mensaje advirtió que, “desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si estás implicado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas”, y remató con una frase que refleja el tono de la política antidrogas en Washington: “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”.
Durante años, esos señalamientos fueron desestimados como especulación o ataque político. Hasta que el tema cruzó la frontera. Este miércoles la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones formales que señalan a Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con conspiración para tráfico de drogas, armas y protección a facciones del Cártel de Sinaloa. La investigación sostiene que organizaciones criminales habrían financiado su campaña política.
El gobernador ha negado las acusaciones y las ha calificado como un ataque político. La respuesta del gobierno mexicano ha sido la habitual: exigir pruebas y defender la soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que solo si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes podrá iniciarse una acción judicial. También advirtió que México no permitirá la intromisión de un gobierno extranjero en sus decisiones internas.
La posición es jurídicamente impecable. Pero políticamente deja una pregunta incómoda: ¿cuántas veces el país ha escuchado exactamente la misma respuesta?
Mientras tanto, desde Washington el mensaje ha sido menos diplomático. El embajador estadounidense Ronald Johnson advirtió que la corrupción que facilite al crimen organizado será investigada y procesada bajo la jurisdicción estadounidense cuando corresponda. La advertencia no es retórica.
Los expedientes judiciales estadounidenses describen un sistema en el que el narcotráfico no opera solo. Según esos documentos, los cárteles dependen de redes de funcionarios corruptos que reciben sobornos para garantizar protección, rutas de tráfico y control territorial. En otras palabras, el crimen organizado necesita al Estado para funcionar.
Por eso el problema no es solo penal, sino estructural. Durante décadas, México aprendió a convivir con una frase que circulaba como ironía amarga en los pasillos políticos: “el PRI tenía a los narcos de empleados, el PAN de socios y Morena de jefes”. Puede que sea exageración. Puede que sea caricatura. Pero las caricaturas suelen nacer de la realidad.
Hoy la pregunta ya no es si existieron vínculos entre el poder y el narcotráfico. La historia reciente —desde el caso de Genaro García Luna hasta las investigaciones actuales— demuestra que esas relaciones han existido. La pregunta es otra: cuánto del sistema político sigue dependiendo de ellas porque durante décadas el país escuchó lo mismo: “son rumores, son ataques, son conspiraciones”.
Hoy esos rumores tienen algo incómodo para el poder: expedientes, fiscales y tribunales.
Y aun así, el gobierno sigue pidiendo pruebas. Durante décadas el país pidió pruebas; ahora las pruebas empiezan a pedir cuentas.
@JErnestoMadrid
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