- La CNBV finalmente decretó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa, pero no por voluntad, sino por presión. La cercanía de sus directivos con el obradorismo explica por qué se resistieron tanto.
* Banca bajo sospecha: entre el narcolavado y los fraudes que nadie quiere ver
El golpe que dio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación marca un momento incómodo, pero no inesperado, para el gobierno mexicano y su sistema bancario. Y es que nadie en el medio financiero ni en el gobierno puede alegar sorpresa: la advertencia fue clara y directa desde mayo.
Ernesto Madrid
Durante la 88 Convención Nacional Bancaria celebrada en Nuevo Vallarta, Scott Rembrandt, subsecretario adjunto del Tesoro de E.U., sostuvo reuniones privadas con dirigentes bancarios mexicanos. Les expresó con firmeza la preocupación de Washington por la infiltración del crimen organizado en el sistema financiero mexicano, y fue categórico: “habrá acciones”, advirtió. Y ayer, el anuncio se formalizó en la Ciudad de México con la presencia de Anna Morris, subsecretaria interina del Tesoro, recibida por el embajador Ronald Johnson.
La intervención gerencial de la CNBV sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa no es un acto de justicia, sino una respuesta forzada a una presión internacional. Vector, por ejemplo, no fue tocado inicialmente pese a que según FinCEN fue la vía por la cual se canalizaron sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna. Solo horas después de la denuncia se decretó su intervención. ¿Por qué la demora? Una hipótesis plausible: su nexo con Alfonso Romo, exjefe de Oficina de López Obrador y presidente honorario del grupo.
Mientras tanto, en la dimensión doméstica, el sistema financiero mexicano también acumula otro tipo de víctimas: los ciudadanos defraudados por malas prácticas bancarias. Según la CONDUSEF, en 2023 hubo más de 3.2 millones de reclamaciones, con BBVA y Banamex a la cabeza, muchas de ellas por fraudes electrónicos, cheques sin fondos o suplantación de identidad. Pero ahí no hay intervención, ni escándalo mediático, ni reuniones con embajadores. Solo silencio institucional, desinformación y negación de responsabilidades.
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha salido a decir que no hay riesgo sistémico, como si eso exonerara la cadena de omisiones y complicidades. Y la Secretaría de Hacienda, una vez más, dice que no hay pruebas suficientes que se actuará en coordinación no en subordinación, como es en este gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizando las acusaciones como “dichos sin pruebas”, que recuerda a los viejos tiempos del “no pasa nada” ¿Dónde queda la responsabilidad proactiva de investigar y sancionar?
En paralelo, la tensión crece. La fiscal de Trump, Pam Bondi, ya colocó a México como “enemigo” de Estados Unidos, junto a Irán, Rusia y China. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, acusó a la presidenta mexicana de alentar protestas migrantes en Los Ángeles. Y dentro del país, la UIF sigue sin mover una sola pieza, pese a estar encabezada por un funcionario heredado por López Obrador, Pablo Gómez.
No estamos frente a un caso aislado, sino ante un sistema que durante años ha blanqueado capitales, protegido fraudes y blindado a sus bancos bajo el argumento de la “estabilidad financiera”, que en realidad ha servido para mantener a salvo intereses privados y políticos, a costa de la justicia y la ciudadanía.
Hoy el gobierno mexicano no enfrenta una crisis financiera, sino una crisis de credibilidad. Y no basta con cambiar a un gerente o enviar un boletín. Tienen que romper con la protección sistémica al fraude y al lavado, o cargarán con la responsabilidad histórica de haber sido cómplices, por omisión o por encubrimiento o tendrá que elegir si sigue defendiendo a sus aliados financieros… o al país que dice representar.
@JErnestoMadrid
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