- "Sin evaluación no hay política social, solo propaganda": Coparmex
En un país con más de 46 millones de personas en situación de pobreza, desaparecer al organismo encargado de evaluar con rigor e independencia las políticas sociales no solo es una mala decisión técnica, es una señal política. La aprobación en la Cámara de Diputados de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el traspaso de sus funciones al INEGI representa un retroceso grave en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la pobreza.
Ernesto Madrid
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) no tardó en advertirlo: esto no es una reestructura burocrática menor, sino la eliminación del único evaluador especializado e independiente con capacidad para decir cuándo una política pública funciona y cuándo no. “Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda”, señala el organismo empresarial.
Desde su creación, el Coneval sirvió como contrapeso técnico al discurso oficial. Documentó avances, sí, pero también fracasos, como los 3.8 millones de nuevos pobres entre 2018 y 2020. Por eso incomodaba. Y por eso, hoy, deja de existir como entidad autónoma.
El argumento del gobierno: que el INEGI asumirá esas funciones. Pero contar no es lo mismo que evaluar. El INEGI genera estadísticas; el Coneval analizaba el impacto social. Pretender que un órgano de producción de datos se convierta en evaluador de políticas públicas no solo es técnicamente inviable, también es políticamente riesgoso. En palabras de Coparmex, esto “compromete la credibilidad del propio INEGI” al exponerlo a presiones ajenas a su misión original.
La preocupación no es menor. Si las metodologías cambian, si los informes se vuelven incomparables o si los indicadores se ajustan a conveniencia, se perderá toda posibilidad de evaluar con objetividad los resultados de la política social. Y en un país donde las cifras ya se usan como herramientas de legitimación, eso es un salto hacia la opacidad.
Coparmex exige que se conserven íntegramente las metodologías y los estándares que hicieron del Coneval un referente internacional. Advierte que ignorar la experiencia de su personal técnico sería “condenar al país a la improvisación”. Y que desaparecer al Coneval, que apenas costaba el 0.05% del presupuesto federal, es un retroceso institucional con un costo altísimo en legitimidad democrática.
La desaparición del Coneval no es un caso aislado. Es parte de una estrategia más amplia para debilitar a los órganos autónomos que pueden contradecir al gobierno en turno. Es también un mensaje: evaluar estorba, sobre todo cuando los resultados no coinciden con la narrativa.
Sin un evaluador autónomo, el combate a la pobreza se convierte en un acto de fe. Y los ciudadanos pierden la posibilidad de saber si los recursos públicos están logrando su propósito o simplemente financiando clientelas políticas. La desaparición del Coneval no empobrece la estadística, empobrece la democracia.
@JErnestoMadrid
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