- El Departamento de Seguridad Nacional, argumenta que Chávez Jr. mintió en su trámite de residencia
En un país donde la justicia se interpreta a conveniencia, la reciente postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ovidio Guzmán resulta, por decir lo menos, contradictoria. Mientras la mandataria cuestiona que las autoridades de Estados Unidos no informaran a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el retiro de cargos en Nueva York para concentrar el caso en Chicago, su propia Fiscalía celebra —con entusiasmo institucional— que fue notificada a tiempo sobre la detención de Julio César Chávez Jr. en California.
Ernesto Madrid
Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, fue extraditado legalmente, se declaró culpable y su juicio sigue en curso. Pero eso no impidió que Sheinbaum se quejara: “al menos deberían haber avisado”, dijo. La observación suena más a gesto político hacia el nacionalismo judicial que a una objeción con base legal, pues el proceso en E.U. cumple con las normas internacionales.
En contraste, la misma FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, informó con precisión que sí recibió la notificación oficial del gobierno estadounidense sobre la detención de Chávez Jr., quien enfrenta en México cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, también mintió en su trámite de residencia, por lo que se le aplicará la deportación acelerada. Y hay más: las autoridades norteamericanas lo señalan como afiliado al Cártel de Sinaloa, organización clasificada como terrorista.
Pero hay un ángulo aún más incómodo en esta historia: hace apenas unos meses, la presidenta Sheinbaum invitó públicamente a Julio César Chávez padre a encabezar una clase masiva de box organizada por su gobierno en el Zócalo. Un evento con tintes propagandísticos, que elevó la figura del campeón como símbolo de superación… mientras su hijo era prófugo de la justicia mexicana por delitos federales.
¿Qué implica esto? Al menos dos cosas preocupantes:
- Un vínculo político-afectivo con el entorno de un presunto criminal, que en otras circunstancias sería motivo de cuestionamientos más severos.
- Un doble rasero político, donde se busca quedar bien con íconos populares —aunque estén rodeados de sombras judiciales—, y al mismo tiempo se exige “soberanía judicial” en casos que ya no están bajo jurisdicción mexicana.
El fondo del problema no es solo jurídico, es ético. ¿Con qué calidad moral exige la FGR información cuando ni siquiera fue capaz de juzgar a Ovidio en territorio nacional? ¿Y con qué coherencia política se abraza al padre mientras el hijo tiene vínculos con el crimen organizado?
La justicia en México no solo parece selectiva; también parece mediada por afectos, símbolos y conveniencias. Mientras tanto, dos personajes con nexos al Cártel de Sinaloa enfrentan caminos opuestos: uno ya se declaró culpable en E.U., el otro apenas será deportado… y hasta hace poco su apellido era parte de la narrativa oficial del deporte y el esfuerzo.
Cuando la política se mezcla con la farándula criminal, lo que se diluye es el estado de derecho.
@JErnestoMadrid
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