- El impuesto al jitomate no es arancel es cuota compensatoria dice Ebrard y CNVB multa, hasta ahora, a los dos bancos y la casa de bolsa por 185 mdp
En México, la impunidad no solo se hereda, se perfecciona. Y la podredumbre que ahora comienza a emerger no es nueva: lleva años fermentándose en oficinas gubernamentales, despachos financieros, cuarteles militares y escritorios presidenciales.
Ernesto Madrid
La frase que lanzó el hermano del presidente José Ramiro López Obrador tras la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco -a quien ya se le conoce como el García Luna de Adán Augusto López por sus presuntos vínculos con “La Barredora”- es más reveladora de lo que quiso admitir: “Está saliendo toda la pudrición”, precisamente de quien era el ‘hermano’ del expresidente, Adán Augusto quién lo colocó en el cargo.
Pero si la basura está saliendo, ¿quién la acumuló?
Ahí está el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA y después exonerado y protegido por López Obrador como si nada. ¿Por qué? Porque el poder no se toca, mucho menos cuando el dedo acusador viene de fuera. El perdón político se volvió costumbre. No fue justicia: fue encubrimiento.
Y ahora la historia se repite en versión financiera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no solo investiga a criminales, también ya sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, exjefe de Oficina de AMLO.
El señalamiento no es menor: lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, en instituciones mexicanas, con nombre y apellido. ¿Y la reacción del gobierno? Tibia, distante y llena de excusas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó, a estas instituciones por más de 185 millones de pesos, pero apenas ahora, en julio. ¿Por qué no antes? ¿Qué sabían y ocultaron? ¿Y por qué la Fiscalía General ni siquiera ha abierto una carpeta de investigación?
El doble discurso es evidente: mientras el presidente López Obrador decía combatir al huachicol como si fuera su cruzada moral, la realidad avanza por debajo. Ahí está el caso de la minirrefinería encontrada en Veracruz, que operó durante seis años sin permisos, con medio millón de barriles escondidos y cero supervisión.
Rocío Nahle, hoy gobernadora, se atrevió a decir que “solo era una mezcladora de aceites”. Vaya descaro. Y por si no fuera suficiente, la Sedena pagó 500 millones de pesos a una empresa vinculada al huachicol durante la construcción del AIFA. ¿Entonces? ¿No sabían? ¿O no quisieron ver?
La 4T prometió barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Pero a estas alturas, la escoba parece estar del lado de los que encubren, no de los que limpian.
Y si de presión se trata, Donald Trump sabe bien cómo aplicarla. Acaba de anunciar aranceles del 30% a productos mexicanos, dentro de quince días, señalando a México como cómplice por omisión del narcotráfico. Aunque el gobierno de Sheinbaum manda delegaciones a Washington, Trump no los recibe con flores, sino con cifras:
- Pérdida estimada: 20 mil millones de dólares
- Caída del 12% en exportaciones
- Golpe a la industria automotriz, acero, aluminio, agro, electrónica
- Pérdida en el sector tomatero: más de 8 mil millones de pesos, según la Universidad de Texas A&M y de productores nacionales.
Y para rematar, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, salió a decir que “no es un arancel, es una cuota compensatoria del 17 por ciento” al jitomate. ¿Y eso qué cambia para el productor mexicano? Nada. La bronca es la misma, pero le cambian el nombre para que no suene tan feo. Y según él, abrirán “otra ronda de negociaciones”. Otra más… como si estuviéramos ganando tiempo y no perdiendo millones.
Mientras tanto, las complicidades políticas y empresariales siguen intactas. Nadie toca a nadie. Nadie se mete con los que tienen poder, dinero o contactos. Todo mundo calla.
Salvo uno: Iván Escalante, el procurador de Profeco, que denunció —con todas sus letras— que una diputada de Morena y varios miembros del movimiento intentaron meter mano para evitar clausuras a gasolineros que no daban litros de a litro y a hoteleros que se pasaban la ley por alto. Vaya fichitas. Sería buenísimo que Escalante no solo lo diga, sino que presente denuncias y dé nombres, porque eso sí sería dar ejemplo. Y sí, sería un golpe al corazón de la “pudrición”.
Y mientras eso pasa, Sheinbaum se enfrasca en demandas por difamación contra el abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman. ¿Le suena familiar? Es el mismo camino que intentó AMLO contra el abogado de García Luna por mencionar que El Rey Zambada le había dado 7 millones de dólares. ¿Qué pasó? Nada. Se desistió. Porque en Estados Unidos esas cosas se litigan en serio. Si demandas, te citan. Y si te citan, tienes que comparecer. No hay mañanera que valga.
Así estamos: los cárteles operan con gasolina robada, con dinero lavado en bancos mexicanos, y ahora con cobertura institucional. Estados Unidos ya no se traga el cuento de que todo está bajo control. Y peor aún: nosotros seguimos creyendo que el enemigo está fuera, cuando la podredumbre está adentro.
¿Dónde está la pudrición?
¿En las instituciones que callan?
¿En los funcionarios que encubren?
¿En el sistema financiero que opera como lavadora?
¿En los discursos que indignan, pero no castigan?
O, ¿en la narrativa oficial que promete bienestar mientras dinamita la verdad?
Porque si algo ha quedado claro, es que esta “transformación” sí ha cambiado muchas cosas… pero no ha tocado lo que más duele: el pacto de impunidad.
@JErnestoMadrid
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