- La complicidad entre banca, crimen y poder se perfecciona mientras México sigue oliendo a combustible robado. El huachicol se disfraza de inversión, los bancos de transparencia y los funcionarios de olvido selectivo.
En México, hasta los delitos se administran con elegancia financiera.
El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce, aseguró que, tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, todo “ha aterrizado de la manera en que tenía que aterrizar”. Un cierre impecable, digno de manual de imagen corporativa.
Ernesto Madrid
Según Arce, “todo el proceso fue muy ordenado”, las autoridades “trabajaron bien” y “la transición fue ejemplar”. Lo que omitió decir es que ese orden es el mismo que ha permitido por años lavar dinero, ocultar fraudes a los usuarios, disfrazar robos internos bajo cláusulas legales y blanquear recursos del crimen organizado con la bendición de la autoridad financiera mexicana.
Porque en México, el dinero sucio no se esconde en bolsas, sino en cuentas con contrato vigente.
Mientras tanto, el país se sigue mirando al espejo con miedo. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI confirma que seis de cada diez personas se sienten inseguras en su ciudad. Culiacán, Irapuato y Chilpancingo encabezan el mapa de la zozobra, mientras San Pedro Garza García y la alcaldía Benito Juárez viven como si el crimen fuera solo una nota ajena en el noticiero.
Aun con ese telón de fondo, el verdadero combustible de la corrupción —literal y financiero— sigue fluyendo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) reveló que Texas no solo produce petróleo: lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, en complicidad con empresarios y bancos de ambos lados. Es el huachicol fiscal, el robo de hidrocarburos convertido en sofisticado negocio de importaciones legales, facturas falsas y transferencias internacionales.
Y no es casualidad que, durante el sexenio pasado, la compra de la refinería Deer Park en Texas se presentara como un símbolo de soberanía energética. Hoy, los documentos en poder de agencias estadounidenses sugieren que aquella adquisición podría haber sido también una vía paralela para regularizar flujos ilícitos del huachicol, una jugada de ingeniería financiera donde el petróleo robado encontraba nacionalidad mexicana por decreto.
Detrás del silencio oficial, surgen nombres que no deberían sorprender: Adán Augusto López, hoy coordinador de los senadores de Morena, y Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, quienes —según diversas fuentes consultadas en Washington e investigaciones reveladas por medios en México— habrían tenido conocimiento o participación indirecta en las operaciones que ahora investiga el Departamento de Justicia. Ambos, curiosamente, guardan un perfil bajo frente a lo que podría convertirse en el escándalo energético y financiero más grande de la década.
Mientras, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses y mexicanos por contrabando ilegal de combustible, el gobierno de Claudia Sheinbaum se esfuerza por afirmar que el problema “ya es menor”. Sin embargo, los 15 millones de litros decomisados en Coahuila y las redes detectadas entre empresas como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes demuestran lo contrario: el huachicol no desapareció, solo se mudó a cuentas bancarias.
Y como si la realidad necesitara un giro aún más grotesco, las fuerzas de seguridad descubrieron recientemente en Juárez, Chihuahua, una casa de operaciones donde el crimen ya no solo trafica drogas o combustible, sino bebés humanos. Es el retrato más crudo del nuevo capitalismo delictivo: cuando el mercado se agota, el crimen se reinventa.
Así, entre comunicados bancarios que presumen “transiciones ordenadas” y funcionarios que niegan lo evidente, el país sigue funcionando como una gran lavandería: los ductos se perforan, los dólares se transfieren y las culpas se diluyen.
Porque si algo ha logrado la Cuarta Transformación —y su prolongación actual— es convertir la corrupción en un sistema estable, donde los bancos limpian, los políticos protegen y los criminales invierten.
En esta historia, nadie pierde… salvo el país que sigue pagando las comisiones.
@JErnestoMadrid
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