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Carlos Roberto Matty
- Sonora
Bajo el argumento de que está en juego el proceso electoral en el país, no es el momento apropiado para discutir a profundidad las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes ya que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y de aprobarse, ‘fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático, coinciden el sector privado y financiero del país’.
Ernesto Madrid
“Las 20 iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias, (que) impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y la competitividad del país. En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas” detallo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por su parte Citibanamex dejo en claro que dichas iniciativas, “no muestran un diseño socialmente eficiente y equitativo. Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y con su deterioro previsible, aún antes de estas propuestas”.
Añadió que un aspecto tranquilizador en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año, pese a que hay elementos que matizan tal interpretación como lo es el relativo al sistema de pensiones, los riesgos para su prevalencia actual han aumentado, aunque el escenario más probable es aún el statu quo de la coexistencia de los pilares actuales.
A su vez, el CCE aclaro que ya hicieron una revisión detenida del contenido de las iniciativas, y al hacerlo “argumentaremos a favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte”.
“En particular, las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional,-que- representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos”, enfatizó.
LA PROPUESTA DE PENSIONES
En tanto, Citibanamex aclaró que en lo relativo a la propuesta de pensiones, muestra un diseño apresurado e inconsistente que no se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión, sin embargo, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente, aunado que, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente, independientemente de estas iniciativas.
Destacó que el costo se concentra en los nuevos pensionados del IMSS a los que les apliquen las leyes 1997 y 2007 en donde hay muy pocos trabajadores en el ISSSTE que se jubilen con la reforma del 2007 en los próximos muchos años mientas que, los del IMSS, la iniciativa, de forma un tanto sorprendente, no considera a los que ya se jubilaron en los últimos años con el régimen 97, sino solo a los nuevos pensionados en el futuro lo que reduce en el corto plazo el costo fiscal mientas la explosión demográfica en el largo plazo, la aumentará.
Otro elemento que limita ese costo fiscal es que el 100% del último salario para los trabajadores tiene un tope que estará fijo en términos reales (no subirá junto con el salario promedio), que es el salario promedio del salario actual de los adscrito al IMSS, puntualizo la banca.
Lo delicado del caso señaló, es que no hay en la iniciativa una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, ni tampoco de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad (que baja en mucho la densidad de cotización).
Además, no se presenta una justificación de por qué un jubilado requiere 100% de su último salario, a diferencia de lo que muestra la experiencia internacional y las amplias discusiones sobre las necesidades materiales de una persona de la tercera edad vs. una más joven y no se ve una consideración sobre el equilibrio en la atención pública a diferentes grupos de edad: el gobierno actual ha perdido de vista las necesidades de la niñez y se ha centrado demasiado en las de la tercera edad, así como en los pagos en efectivo incondicionales en lugar de la provisión de bienes y servicios de calidad.
En el juego político electoral sobre las 18 reformas constitucionales y dos reformas legales presentadas este lunes, al Congreso de la Unión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la realidad es que la oposición ya bateo una fuerte pelota a la cancha del presidente en la que está la condición de que demuestre de dónde va a sacar los recursos para financiar el enorme costo de ese incremento en las jubilaciones.
Ernesto Madrid
Es decir, una juagada que no se había visto, por lo que se advierte que lo más factible es que el asunto termine en una batalla de narrativas entre el presidente y sus adversarios con poco espacio para un debate serio sobre el cuento de que los conservadores se oponen al interés popular al rechazar sus iniciativas y ellos defendiéndose con el argumento de que están a favor de los pobres, pero no de manera demagógica sino realista buscando atraer el voto de los indecisos.
En pocas palabras, una artimaña electoral para que el presidente logre su legado y la oposición consiga un poco, de la credibilidad perdida.
En el fondo, el argumento presidencial de que se analizarán -una a una- “para que no haya malas interpretaciones ni manipulación”, pero la oposición, no está convencida del todo de entrada, dijo que “PRI, PAN y PRD estamos unidos -y-esperamos que MC también”, pero bajo la advertencia de que planean ‘batear’ por ‘engañar a la población’.
La postura de Movimiento Ciudadano en voz de su coordinador Dante Delgado ya fue expresada, dejarlas de lado porque “no van a permitir una vez más que el presidente esté metido en la campaña, cuando la legislación electoral se lo impide. Pero él siempre quiere marcar la agenda y la vieja política siempre caen. Han dejado de ser tiburones para hacer pequeños charales”, les dijo a los otros dirigentes de los partidos opositores.
No obstante, y acompañado por Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN y Rubén Moreira del PRI, coincidieron en que las iniciativas que votarán a favor serán la del salario mínimo, el apoyo a los campesinos y de pensiones, con la aclaración de ser propuestas ‘engañosas’, porque son las que más votos le acarrearían a Morena.
Por ejemplo, la de pensiones, dijeron, no es lo que aparenta porque no contempla que todos los trabajadores se jubilen al 100 por ciento: “Solo aquellas que tengan 750 semanas cotizadas en el IMSS, 65 años y que tengan el salario promedio de 16 mil pesos serán beneficiadas, los que ganen 25 mil no tienen ese derecho”.
Por lo anterior, el dirigente panista Marko Cortés pidió paciencia “no debe haber prisas ni presiones en el análisis, -se requiere- debate y discusión en cada una de las iniciativas (…) el conjunto de iniciativas deben ser analizadas a profundidad, en Parlamento Abierto y con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales en las distintas materias que abordan las reformas propuestas por el Ejecutivo” ya que se tratar de temas torales para la vida democrática y social del país, aclaró.
Lo cual es contrario a lo que dijo la candidata el partido en el poder, Claudia Sheinbaum que señaló que van a fortalecer los derechos, las libertades y la democracia en el país, esencial de la autollamada cuarta transformación que aseguró “es esencia de nuestro proyecto" que no coincide con la postura de Xóchitl Gálvez que en su paso por los Estados Unidos advirtió que “hoy -AMLO- amenaza con reformar la Constitución para destituir a los ministros de la Suprema Corte. Esto sería el fin de la independencia judicial en México y del único contrapeso que sigue en pie”.
A lo que sumo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la (Jufed) que, preocupados afirmaron que “sin juzgadores independientes no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni certidumbre para el desarrollo de México”, pero López Obrador insiste en su jugada política en dónde ya le batearon de home run, y ahora lanza bolas rápidas, para que su legado permanezca y las reformas, muestran ‘su oro molido’ para la recta final de la campaña electoral.
“No veo el que vayan a ver asesinatos políticos como el que se dieron en algún tiempo, toco madera, y no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narco Estado”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al descartar que la delincuencia pueda inmiscuirse en las elecciones.
Ernesto Madrid
No obstante, hay muchas señales de lo contrario, la más inmediata, las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) y autoridades de seguridad del gobierno federal que acordaron medidas para garantizar la protección a candidatos y candidatas, así como en eventos como los debates.
De no ser cierto, ¿cómo se explicaría el presidente los 177 mil 942 homicidios dolosos en 62 meses de su gobierno? y su insistencia de que México era un país pacífico y que la incidencia delictiva se ha ido reduciendo, como lo reiteró el lunes pasado el periodista Jorge Ramos que le dijo que es “el presidente con las peores cifras desde la Revolución”.
¿Cómo justificar las y los 102 candidatos que fueron asesinados en las elecciones de 2021 de los cuales 36 eran candidatos o precandidatos, 29 hombres y 7 mujeres, según datos que de la consultora Etellekt?
No por nada, diversos especialistas advierten que estas elecciones de 2024 serán las más violentas que se haya tenido registro, pues en lo que va del actual proceso electoral, han sido asesinados en nuestro país al menos nueve políticos, de los cuales la mayoría eran precandidatos a algún cargo de elección popular.
Por algo el analista Rubén Aguilar advirtió en su columna de Animal Político, que las estadísticas apuntan a que este proceso electoral podría rebasar las alarmantes cifras de aspirantes a políticos asesinados en la elección federal anterior, es decir, la de 2021.
Anote usted a lo anterior, la preocupación de Estados Unidos en donde el exfiscal general de los estados Unidos William Pelham Barr advirtió, antes de las trágicas elecciones de 2021 que “siempre -les- ha preocupado que el gobierno de México vaya a compartir la soberanía con los cárteles y llegar a un modus vivendi con ellos”, lo cual no es casualidad ya que la política, es el difícil arte entre lo posible y lo deseable.
Por eso no resulta casual, porque en política, nada es fortuito y en tiempos electorales, no hay coincidencias, que la información que desmintió el periodista Ciro Gómez Leyva sobre los nexos del López Obrador con el Cartel de Sinaloa en la elección de 2006, que lo habrían financiado, este buscando presentadores de medios, que apoyen su narrativa de que todo es un ‘complot’ en su contra.
Vamos porque las fuentes, en un trabajo periodístico, tiene la misma validez incluso legal, que los documentos, videos, audios, que dan un hecho consumado y más si las revelaciones de la investigación llevada a cabo por la DEA, una agencia que depende del Departamento de Justicia estadounidense —no del Departamento de Estado como erróneamente señaló López Obrador y el periodista— es solo, una señal más de un largo esbozo de información sobre el presunto matrimonio entre funcionarios de la cuatroté y el crimen organizado.
Y así, incluso lo reconoció el propio presidente al señalar que probablemente terminaría su sexenio con un acumulado de 190 mil homicidios, y admitió que “ya no me va a alcanzar el tiempo” para resolver la crisis que en los días de su campaña había prometido arreglar en cuestión de meses, dicho más claro la realidad es contraria a lo que dice, donde se vea hay registro de violencia desbordada y ahí mismo, hay muertos e impunidad, sin contar la corrupción.
Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que “no somos como los de antes, nosotros somos diferentes”, la realidad es que los datos muestran que su tendencia es igual o peor ya que durante 2023, el 80% de los contratos se entregaron por adjudicación directa.
Ernesto Madrid
Lo anterior se desprende de la vigilancia periódica sobre el gasto público que realiza Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el proyecto de ‘Nuestro Dinero’, en el que desglosa los problemas en las compras del gobierno durante todo 2023.
En el documento, señala que, el gobierno de la ‘transformación’ aumentó de manera inusual los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en 153% lo que le permite entregar contratos cada vez más grandes por adjudicación directa o invitación restringida en lugar de por licitación.
Advierte incluso que IMSS, ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por adjudicación directa con 97, 33 y 13 mil millones de pesos sin licitación, respectivamente.
Señala que Birmex, la misma empresa que se vio beneficiada con la MegaFarmacia, no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos para adquisiciones de vacunas, en contraste, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento.
En general, señala que, más de 8,600 contratos por adjudicación o invitación restringida no tienen una justificación de por qué no se hizo una licitación pública lo que sin duda, implica huecos de información en el gasto de más de 116,000 millones de pesos.
Lo anterior, como consecuencia de que, en 2023, el número de contratos en los que se publicó la convocatoria de licitación pública después de que inició el contrato fue el doble que en 2022.
Dicho de otra forma, unió de cada 4 pesos que se gastaron en contratos durante 2023 estaban mal clasificados en la plataforma CompraNet: se registraron como “otros”, en lugar de señalar si era licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida.
Aunado a lo anterior, precisa que, en 526 contratos, no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación cuyos contratos suman más de 1,708 millones de pesos.
Al cierre de 2023, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda pública a nivel federal– fue de 14.87 billones de pesos (46.8% del PIB) cuyo saldo es 9.6% mayor, en términos reales, al observado en diciembre de 2018 (10.55 billones de pesos), cuando representó 43.6% del PIB.
Ernesto Madrid
Lo anterior implica que, en 2023, el déficit del sector público presupuestario registró su mayor nivel como proporción del PIB desde, por lo menos, 2006 y al cierre de 2023, el déficit público representó el 3.4% del PIB, mientras que el déficit primario fue equivalente al 0.1% del PIB.
Lo anterior se desprende del proyecto #EnLaMira, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que anunció que analizará trimestre a trimestre, a partir de esta primera edición, la situación de las finanzas públicas a nivel federal con el propósito de identificar sus principales avances y retrocesos.
Señala que el creciente nivel de la deuda pública en un contexto de elevadas tasas de interés se reflejó en un incremento en el costo financiero de la deuda del sector público, que ascendió a 1.05 billones de pesos en 2023 –un promedio de 87.1 mmdp al mes– cuyo monto es 21.5% (229.9 mmdp) mayor, en términos reales, al registrado en 2022 (815.2 mmdp), por lo que representó el 12.9% del gasto total del sector público.
Otro dato preocupante, es que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) registró un saldo de 40.5 mmdp al cierre de 2023 el cual es (-)88.7% menor en términos reales al observado a finales de 2018 (279.8 mmdp), equivale a apenas 0.6% de los ingresos estimados para 2024 en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), excluyendo los ingresos derivados de financiamientos (7.33 billones de pesos).
GASTOS
En contraste, en 2023, el sector público registró un gasto neto total de 8.12 billones de pesos (25.6% del PIB): monto 1.8% mayor en términos reales al reportado en 2022 (7.55 billones de pesos) que, en comparación con 2019 (5.79 billones de pesos), esto representa un aumento de 2.33 billones de pesos o 12.6% en términos reales.
Señala que “aunque el gasto en desarrollo social representa el 65.3% del gasto programable total (5.90 billones de pesos), rubros específicos como la educación han perdido peso a lo largo de los últimos 17 años. Mientras que en 2007 la educación representaba el 19.9% del gasto programable, en 2023 dicha proporción bajó al 15.7%: una caída de 4.2 puntos porcentuales”.
En lo que respecta al gasto en pensiones (no incluye los programas de pensiones para el bienestar) este fue de 1.30 billones de pesos y representó 16.0% del gasto total cuya proporción es 7.1 puntos porcentuales mayor a la registrada en 2006 (8.9%) y se explica por el rápido crecimiento de este rubro a lo largo de los últimos 18 años: entre 2006 y 2023, el gasto en pensiones creció a una tasa promedio anual real del 6.8%.
También precisa que, en 2023, el gasto federalizado por habitante fue de 18 mil 210 pesos en donde, la entidad federativa que más recursos federales per cápita obtuvo fue Campeche, con 26 mil 891 pesos, seguida de Colima, Tabasco, Baja California Sur y Nayarit. El Estado de México, con 15 mil 198 pesos por habitante, se ubicó en el último lugar a nivel nacional en esta métrica, todos de Morena a excepción de Colima.
En un escenario en que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene una aprobación de 54% de acuerdo con una encuesta de El Financiero, pese a ser acusado de proteger el trafico de influencias y exigir al gobierno de Estado Unidos que se disculpe si no tiene pruebas de que recibió dinero del narcotráfico para su primera campaña presidencial, ahora festejo la postura de la oposición de que apoye la aprobación de la reforma a las pensiones en México.
Ernesto Madrid
No obstante, renegó en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que la Segunda Sala terminó anular su Ley de la Industria Eléctrica el miércoles 31 de enero y advirtió que el Gobierno de México impugnará la resolución bajo el argumento de que es una prueba más del “entreguismo que existe” entre los y las ministras.
“Me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel de desesperación o lo que hace la temporada electoral, ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones, primero Zedillo y luego Calderón” dijo AMLO, y aprovechó para pedirles que ahora “ojalá y nos apoyen con esta nueva reforma que tiene que ver con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas.
“Una reforma a la Constitución para que el texto regrese a como estaba antes de la reforma energética (…) “Dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no imagínense, cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público”, reclamó.
En el fondo quizás de lo que se trate, por parte de la oposición es un truco por al ver a detalle lo que expresó tanto Rubén Moreira, como Xóchitl Gálvez es con base en una cantidad de condicionamientos a ese presunto respaldo, que, en realidad, no transcenderá, pero para para la sociedad, es sembrar el mensaje opuesto a López Obrador, de que la oposición si está de acuerdo en apoyar a las y los mexicanos.
Lo anterior, porque la oposición estableció de dónde vendrían los fondos para financiar una reforma a pensiones de estas características porque en la propuesta de López Obrador, en el sentido de que al eliminarse los órganos autónomos saldrá el dinero para financiar la reforma de pensiones, es falso ya que, de ninguna manera alcanza.
Y como ‘el diablo está en los detalles’ el mensaje fue claro, que los ciudadanos entiendan que la oposición está más que puesto para la reforma al sistema de pensiones, solo que la instancia que no quiere asegurar los fondos para pagar las pensiones es el gobierno.
Y mientras López Obrador entretenido en defender ante los señalamientos de que esta coludido con el crimen organizado, por eso dijo, sobre los reportajes que los involucran con el narcotráfico que “no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el Presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política y si no tiene pruebas tienen que disculparse” a lo que se sumó su candidata Claudia Sheinbaum que aseguró que jamás harán pactos con criminales o pactos criminales.
Y además con la amenaza de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez que respondió que tiene las pruebas que le pidió el presidente, una audioteca de pruebas que no ha hecho pública para no hacer daño al gobierno de AMLO ni a la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero advirtió recibir amenazas de muerte y de entrada, compartió un audio en el que se escucha a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, negociar la recontratación de trabajadores de Notimex.