Ciudad de México.- El Cisen, Marina, FGR y Sedena frenan los archivos históricos de los crímenes de lesa humanidad, como el ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre en México.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS accedió a la demanda que hace el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Entre estos, la matanza de estudiantes en Tlatelolco, "el 2 de octubre que no se olvida".
El MEH denuncia que ha experimentado "serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías".
Precisa que "a 22 meses de su creación, el MEH no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI); material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo".
Lamenta que esta falta de acceso, "constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia. Por ello, las Personas comisionadas del MEH demandamos lo siguiente:
La garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgcisen, 1985-1989) y los del Cisen (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH".
Por ello, "exigimos el acceso a la brevedad, a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN .
Expone la imperiosa necesidad del cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019.
En este sentido, "hacemos un llamado a que las autoridades competentes atiendan la orden del Presidente de la República, que declaró que corresponde a su gobierno, y al Estado mexicano permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”.
Este acuerdo ordenó a todas las oficinas de Gobierno transferir al AGN “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI.
Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en AGN es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984.
El cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la LGA sobre la transferencia de toda la documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, la generada hasta 1993.
Preocupa especialmente que no esté disponible para su consulta "aquella relacionada con violaciones a derechos humanos cuya consulta está garantizada por la LGA y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública .
Para 2020 debería haberse completado la transferencia total de documentos producidos hasta 1990.
Pide el cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la COVEHJ y que autoriza a su personal a acceder a todos los documentos históricos de la Administración Pública necesarios para realizar su investigación.
Para comenzar "a cumplir de manera cabal con el mandato presidencial llamamos enérgicamente a que el CNI y el AGN permitan el acceso a sus depósitos en bóveda para consulta y digitalización :sin ningún límite' al personal del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que está facultado para ello por orden presidencial".
Aclara que los archivos son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente.
"Sin acceso a archivos no hay verdad", culmina el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
Nogales, Sonora (IN).- La Unión de Usuarios de Hermosillo amplió la cobertura de servicios y atención en Sonora.
Ignacio Peinado Luna reveló a este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, la toma de protesta de Jesús Pesqueira como Coordinador de la Unión de Usuarios en Nogales.
Nacho Peinado apuntó que ante la fata de agua, la deficiencia en los servicios de drenaje, alcantarillado, alumbrado público, recolección de basura y más en energía eléctrica, los nogalenses solicitaron la existencia de una Unión de Usuarios para ser atendidos.
Resaltó que se busca contar con un instruumento que esté al servicio y alcance de la sociedad vulnerable y en general en Nogales.
Expresó que se busca ampliar la cobertura de servicios de asesoría, acompañamiento, mediación y apoyo como en Hermosillo.
En tofo momento, atender y buscar la solución de fondo de la problemática social.
En esta gira de trabajo y de difusión en los medios de comunicación, informó también sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En entrevista, Peinado Luna destacó que lleva a cabo una intensa jornada de difusión en el estado sobre el tema de los logros en la lucha por una tarifa eléctrica justa.
Expuso que gracias a la lucha social de miles de sonorenses, se logró un apoyo del 25 % en los recibos de luz durante los meses de diciembre, enero y febrero.
Además el tema de elevar al rango constitucional el servicio de energía eléctrica como un Derecho Humano.
Indicó que en este sentido, se crea esta Coordinación de la Unión de Usuarios en Nogales.
Estos esfuerzo, dijo, se llevarán a cabo en los Municipos del Norte de Sonora.
Anticipó que la semana próxima, la Unión de Usuarios hará lo propio en Cananea.
Hermosillo, Sonoŕa (IN).- La crisis, carestía e impuestos, orillan a la vendimia o "venta de garage" familiar en Sonora.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS constató que durante las últimas semanas, decenas de familias decidieron sumarse a la informalidad y sacar a vender sus pertenencias a sus patios y jardines por la falta de dinero para pagar el recibo de luz.
El regreso a clases también orilló a las familias a sumarse a esta actividad de la vendimia en Sonora.
Y así lo hacen cada fin de semana vecinos de Los Naranjos, El Ranchito (Irrigación), El Coloso, Las Amapolas, Metalera, Bella Vista y Rinconada.
Igualmente, en El Mariachi, 5 de Mayo, San Luis, Café Combate, Universitaria, Revolución I y II.
Además en la San Juan, La Matanza, Cerro de la Campana e incluso, en Casa Blanca.
Las familias consultadas afirman que la crisis económica, el recibo de energía eléctrica y la falta de empleo son las principales razones de optar por la vendimia.
A través de la llamada "venta de garage", ofertan ropa usada, calzado, electrodomésticos, juguetería y juegos de sala.
Además, joyería, estufas, refrigeradores, herramienta, autopartes, roperos, bicicletas, bases para cama y colchones.
La mayoría de las familias vende artículos usados y unas cuantas más, los combinan con productos o ropa nueva.
Desde el viernes, sábado y domingo, convierten sus casas en tianguis familiares.
Otras más optan por la elaboración y venta de tortillas de harina.
Venden elotes, dulces, raspados, hielitos y duritos con chile.
La venta de tamales, barbacoa, ceviches, hot dogs y tostitos, son otras opciones para enfrentar la crisis y la catestía en Sonora.
La Cámara Nacional de Comercio ha detectado este crecimiento informal en Hermosillo.
Juventino Félix Lugo, presidente de la Canaco llama a los vendedores ambulantes del Centro a afiliarse.
Asegura que se ven "desde los camellones, en calles importantes, desde los negocios que hay en las colonias".
Precisa que "ya se ven en demasía los negocios y se ve que cada semana se abren nuevos negocios informales”.
Destacó que "invitamos a que se acerquen a Canaco Hermosillo porque tenemos muchos programas y planes en donde ellos pueden regularizarse con apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado”.
Bajo la advertencia de que podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral que se encuentra en curso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Presidencia de la República eliminar la “posdata” que incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la transmisión de sus mañaneras.
Por: Ernesto Madrid
Lo anterior porque en el fondo, para la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, en la “posdata” se reproducen palabras que han sido motivo de la jurisdicción, como “conservador” y “ya se está incumpliendo el mandato de esta comisión y ahí debemos de dictar la medida por el incumplimiento de estos mandatos expresos”.
Incluso los consejeros electorales ordenaron a Presidencia que en se haga auditivo el mensaje que ya había instruido colocar al inicio de las mañaneras que establece los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución, en la que se mencionan los principios de "imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos que acuden a estas conferencias".
Sin duda López Obrador que actúa como el líder espiritual e intelectual empeñado en la prédica de mejores prácticas públicas y valores morales más humanistas, no estará de acuerdo la mañanera de este miércoles, pero Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, refirió que se ordenó que al inicio de las mañaneras se pusiera un texto, pero la queja se presentó por la “posdata”. Incluso destacó que esa postdata “no es ordinario que nosotros conozcamos agregados de ese tipo, porque además habrá que hacer un estudio más profundo de si este tipo de agregados se valen cuando se está cumpliendo con una determinación de una autoridad o implican algún incumplimiento o algún reto a la autoridad en el modelo constitucional”, cuestión cuyo análisis de fondo lo tendrá que hacer la sala regional especializada del TEPJF.
Pero la consejera Ria Bell también se pronunció por eliminar “la postdata” por algunas “palabras” que ya fueron revisadas por la Sala Superior del TEPJF a lo que se sumó el consejero Arturo Castillo dijo que el agrado del Presidente, desde una perspectiva preliminar, es un posible acto que podría resultar violatorio de la normativa electoral.
De ninguna manera se le podrá señalar como ‘torturador’ o autor de la ‘verdad histórica’ ante la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra el subsecretario de Derechos Humanos
Por: Ernesto Madrid
En la otra batalla por presentar la pudrición de los gobiernos anteriores resulta que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal negó una orden de aprehensión girada en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito, mientras que el caso vigente y sin resolver de Ayotzinapa un juez prohibió referirse a Tomás Zerón como ‘torturador’ y autor de la ‘verdad histórica’.
El argumento de la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández es que mientras no exista sentencia firme en su contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio por el Caso Ayotzinapa, que aún está pendiente de resolverse, el gobierno federal no podrá realizar “declaraciones de manera verbal, escritas y a través de diversa red social” en contra del exfuncionario.
Es más, de ninguna manera se le podrá señalar como ‘torturador’ o autor de la ‘verdad histórica’ ante la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, por los señalamientos en sitios oficiales de que es un torturador y responsable de la “verdad histórica”.
Lo anterior porque la jueza dejó en claro dos cosas: que el Estado está obligado a dar trato digno al imputado, de “modo que ni la policía ni los medios de comunicación puedan calificar a alguien como culpable, sino solo cuando una sentencia lo declare como tal a fin de respetar su derecho al honor e imagen”.
Y segunda, que la Constitución otorga a Zerón “una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo y ‘condenarlo sin que exista una sentencia firme’. Así es que por lo pronto la jueza negó a Tomás Zerón la suspensión definitiva para el efecto de que Alejandro Encinas Rodríguez y diversas autoridades eliminen de las páginas oficiales, tales como Facebook, X, Instagram y YouTube, toda publicación en la que se afirme que es responsable de la “verdad histórica” y torturador en el caso Ayotzinapa.
Mientras tanto, en el caso García Luna, la FGR se mostró ‘enchilada’ y sentenció que procederá legalmente contra un juez y tres magistrados por actuar en contra de la procuración de justicia en el caso García Luna.
Lo anterior bajo el argumento de que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón negó llevar a cabo una orden de aprehensión por el ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2000-2012 en dónde además fue respaldada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Para la FGR se violentó el Artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época en que ocurrieron los hechos, el cual indica lo siguiente: “se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito”.
Lo cierto es que en Estados Unidos el jurado se dijo convencido de que García Luna recibió millones de dólares de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva pero la realidad es que la autoridad aún no ha emitido una sentencia en contra de García Luna y es más, el pasado 24 de julio, el juez Brian Cogan informó que la audiencia de sentencia se pospondrá hasta el primero de diciembre de 2024 dando tiempo a los abogados del exfuncionario de preparar evidencia que podría resultarle favorable.
¿Se le cae el teatro al gobierno? Sería la pregunta
Ciudad de México (IN).- Activistas de todo el país protestarán en el Zócalo contra los abusos de la Guardia Nacional y exigirán libre tránsito en las carreteras de México.
Alfonso Canaan Castaños reveló hoy a este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, que la manifestación será el próximo domingo 22 de octubre.
Apuntó que están convocados a esta protesta nacional, "todos los colectivos de resistencia civil pacífica y organizaciones sociales de México".
Además, "todos los transportistas y ciudadanos que se quieran sumar a la protesta pacífica".
La protesta, dijo, es "en contra de los abusos de la Guardia Nacional, inseguridad en carreteras y las ilegales casetas de cobro con concesiones abusivas y ya vencidas".
Recientemente, Canaan Castaños destacó que una juez federal liberó a integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora.
Indicó que esta situación "sienta un precedente en la lucha contra la corrupción en las ilegales casetas en la Cuatro Carriles".
El líder de esta lucha señaló que la juez federal del Quinto Circuito recomendó abordar estas acciones desde el punto de vista social más allá de lo legal.
Lo anterior, luego de las demandas presentadas por Capufe y la Fiscalía General de la República (FGR) por ataques a las vías generales de comunicación en Sonora.
En este sentido, Canaan Castaños llamó a los funcionarios públicos que criminalizan y persiguen esta lucha policial y judicialmente, a llegar a los acuerdos y buscar una solución de fondo al problema.
Resaltó que en el Poder Judicial ya se tiene otra óptica de abordar este tema.
Un juzgado federal absolvió a los 4 activistas del MLT detenidos en la caseta de cobro en Hermosillo.
A través de un video, Alfonso Cannan Castaños anunció la liberación de los integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora.
El líder de esta lucha social contra el cobro de peaje en la Cuatro Carriles, advirtió que iniciarán con procesos penales contra Capufe, Policía Estatal y Guardia Nacional por las detenciones arbitrarias.
Destacó que el 8 de septiembre es un día histórico en materia de justicia para el movimiento.
Reiteró que la lucha continúa a favor de las familias sonorenses.
Antes, el Movimiento Libre Tránsito por Sonora denunció represión en la caseta de cobro en Hermosillo.
La víspera, Canaan Castaños criticó el operativo donde participaron más de 100 policías estatales y guardias nacionales para detener a 4 activistas que realizaban un "boteo".
Lamentó que se haya utilizado un estado de fuerza considerable "cuando hay tanta inseguridad en el estado y no se combate".
Señaló además que "al menos 6 o 7 agentes de la Policía Estatal y Guardia Nacional sometieron con exceso de uso de fuerza a un compañero".
Consideró "un claro ejemplo de represión y de uso irracional e innecesario de la fuerza pública".
Canaan Castaños dijo estar abiertos al diálogo y a los acuerdos; sin embargo, "el gobierno no los respeta".
Recordó que "la concesión de la caseta de cobro en Hermosillo ya está vencida pero aún así se sigue cobrando peaje".
Además, "el Gobierno de México, a través de Capufe y la SCT acordaron exentar el cobro a los sonorenses y no sucedió".
Se entregaría "un chip a cada automovilista de los municipios donde se encuentra instalada una caseta de cobro".
Al día de hoy, "esos acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, no se han cumplido".
Por ello, insistió en que "las ilegales casetas de cobro ya no deben operar en Sonora".
Expuso que "el gobernador Alfonso Durazo Montaño niega haber ordenado la represión en contra de los manifestantes".
Apuntó que "necesitamos saber quién está girando esas instrucciones ya que se han violado derechos humanos de manera flagrante en contra de ciudadanos pacíficos".
Recordó que el sábado se interrumpió temporalmente la protesta "debido a que hubo un llamado para una reunión con funcionarios de la SCT y Capufe".
Consideró que "el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que reorientar su política frente al tema de las concesiones carreteras en el país".
Es lamentable "lo que declaró en el sentido de que avala los aumentos a las tarifas de peaje implementadas por Capufe, justificando dicha acción en el aumento de la inflación".
Sin embargo, "el Presidente sabe que los concesionarios sólo le retribuyen al Gobierno federal el .005 % de lo que recaudan en las casetas de cobro, lo que significa un enriquecimiento desmedido y fuera de toda proporción para un grupo de concesionarios a costillas de miles de automóvilistas".
Dijo que "no todo termina en el enriquecimiento desmedido de unos cuantos, sino que además incumplen sus obligaciones de dar mantenimiento mayor y menor a los tramos carreteros que tienen concesionados y en un esquena perverso, corrupto y criminal".
Criticó que "los diputados y senadores les aprueban miles de millones de pesos del presupuesto público para que reparen las carreteras y autopistas concesionadas, siendo que esa debería de ser una de sus principales obligaciones".
Describió que "el problema de la corrupción y saqueo de recursos públicos en el tema de las carreteras, es igual o más grave que el 'huachicoleo' de Pemex".
El activista dijo que ello, "ya que prácticamente toda la red carretera en el país está concesionada a estos empresarios particulares que no tienen llenadera y no justifican los aumentos en el peaje, pues no invierten un solo peso en las propias autopistas a su cargo".
El que el Presidente avale esta política "significa que no está combatiendo la corrupción o que sólo lo hace en algunas cosas y en otras no y para el caso pues es lo mismo que no enfrentar y resolver este grave problema de fondo al otorgarle la razón a los concesionarios para que sigan con el saqueo y fraude a miles tal vez millones de usuarios".
Canaan Castaños precisó que "México es el país más caro del mundo para viajar por carretera, sin agregar la inseguridad y las pésimas condiciones de la mayoría de las vías de comunicación además de la molestia de infinidad de retenes por parte de diferentes cuerpos de seguridad pública que en realidad se dedican a extorsionar a los automovilistas".
Con estas políticas que afectan gravemente a millones de usuarios en las carreteras y que encarecen los productos y servicios, "no vemos cómo se vaya a lograr la Cuarta Transformación del país".
La semana pasada, integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito denunciaron represión, amenazas y perecución judicial en Sonora.
Canaan Castaños destacó que el lunes se lograron acuerdos con Capufe pero a 4 días, continuó la persecución policiaca y judicial.
El activista describió que "cuando se supone que por gestiones del movimiento social y la mediación del Gobierno del Estado de Sonora por fin se estableció una mesa formal de trabajo y diálogo con Capufe y la SCT para trabajar por la vía del diálogo y de la concertación el tema del libre tránsito para los sonorenses, siguió la persecución contra integrantes de esta lucha".
Criticó que ello "habiéndose llevado a cabo la primera de varias reuniones programadas el lunes pasado, cuatro días después de dicha reunión empezó la persecución judicial como estrategia para romper los acuerdos y terminar con dicha mesa de trabajo".
Lo anterior "para no dar el beneficio a los residentes de Sonora de poder circular por las casetas exentos de pago".
Canaan Castaños señaló que "las dependencias del Gobierno de México como Capufe y Banobras, las principales implicadas en la carretera Estación Don -Nogales, utilizan un esquema terrorista de represión policíaca y judicial en contra de manifestantes".
Esta reresión es porque "exigimos un alto a la corrupción y abusos que imperan en la concesión carretera a lo largo de sus 650 kilómetros".
Por ello, "queremos aprovechar este humilde espacio de las benditas redes sociales para denunciar persecución policiaca y judicial".
Además "de amenazas que nos han hecho llegar a varios integrantes de organizaciones sociales que luchamos por justicia en este tema".
Dichas amenazas son "por parte de funcionarios de dichas dependencias del Gobierno Federal y los hacemos responsables de cualquier atentado arbitrario o fatal en contra nuestra y de nuestras familias".
En este sentido, "le hacemos también un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante estas dependencias del Ejecutivo Federal y cesen de inmediato la persecución y amenazas en contra de ciudadanos pacíficos".
"Lo único que buscamos es justicia y un alto total y definitivo al mar de corrupción en la carretera Cuatro Carriles" en Sonora, culminó.
Recientemente, el dirigente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa (Ultracasin) Rigoberto López Martínez, advirtió al gobierno estatal y federal que "en caso de no tener una respuesta favorable a sus peticiones en la carretera federal 15 tramo Estación Don -Nogales, se provocaría un paro total en el Servicio Público federal, bloqueando el acceso en ambos sentidos de la rúa federal".
Lo anterior, durante la manifestación pacífica que ejercieron varias organizaciones sociales en la caseta de cobro de Esperanza en el municipio de Cajeme.
Ello "como réplica a las acciones arbitrarias y represivas, así como la detención ilegal y encarcelamiento de manifestantes pacíficos por parte de la Policía Estatal".
Ciudad de México (IN).- Habitantes de la región e integrantes de los Comités de Cuenca exigieron alto a la impunidad, la remediación y la reintegración del Fideicomiso Río Sonora.
Lo anterior, luego de que la Semarnat, junto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), presentaran el "Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora".
Los pobladores establecen que el peritaje ambiental, con base científica, contó con monitoreo de suelo, aire, biota, agua y sedimentos y pérdidas económicas.
Este afirma, entre otras cosas, que "la contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto tanto del derrame tóxico de 2014 en los Ríos Sonora y Bacanuchi, como de la actividad minera de 'Buenavista del Cobre', de Grupo México".
Sontienen que "no fue un accidente, sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema Tinajas 1 de la empresa".
Además, existe sobreexplotación muy grave de los mantos acuíferos en la zona atribuible a la extracción extensiva de cobre.
También "hay acaparamiento de grandes cantidades de agua por parte de la empresa y hay limitaciones de acceso al agua para la población y las actividades agropecuarias".
Los metales encontrados "rebasan los valores permitidos por normas nacionales e internacionales".
Se encontró mercurio en agua, aire y suelo, "excediendo valores recomendados, que no es un elemento que se encuentre en la geología natural de la zona, sino que proviene de la actividad minera y llega hasta la boquilla de la presa 'El Molinito', que alimenta a la ciudad de Hermosillo".
La Semarnat no acepta el cierre del Fideicomiso Río Sonora (FRS) de 2014 "porque no ha habido justicia ni remediación ambiental; este expiraría en el 2026".
El costo total del impacto por el derrame tóxico "asciende ya a más de 20 mil 508 millones de pesos".
El Fideicomiso "fue un mecanismo fallido y de ninguna manera cubrió los impactos directos e indirectos de los daños causados por el derrame".
Por ello, "celebramos este dictamen técnico y los esfuerzos de las instituciones que los llevaron a cabo reconociendo la gravedad de este asunto".
Sin embargo, "la Semarnat debe continuar firme con su compromiso para la remediación integral de los daños causados por Grupo México y abordar la impunidad de la empresa que ya lleva más de 9 años".
La presentación y resultados del Dictamen "son un paso más hacia el avance del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora pero se requieren acciones concretas para abordar los hallazgos, incluyendo las graves afectaciones a la salud humana".
Desafortunadamente, "las consecuencias ambientales y económicas que se derivaron de este derrame sobre las comunidades no fueron atendidas".
Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de este análisis, "se puede determinar que ni el monto pagado por la multa, ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario, cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud".
Apuntan que "nuestra agua sigue contaminada, nuestra sangre tiene metales pesados en exceso, nuestros campos y biota siguen afectados".
Por ello, "hacemos un llamado a que la Semarnat dé las indicaciones en torno a la reapertura y actualización del Fideicomiso Río Sonora (FRS), pues en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2021, la Semarnat declaró abierto el FRS".
Igualmente que se coordine con la Conagua y con la Secretaría de Salud estatal y federal para diseñar y presentar en octubre un Plan Oficial para la Reparación, Remediación y Acceso a la Salud y al Agua Potable, que incluya infraestructura, personal médico especializado y presupuesto, con una línea de tiempo dentro de esta administración y alcance transexenal, que dé justicia a nuestras comunidades.
Que "sigan trabajando para detener la impunidad de la empresa responsable, Grupo México, con acciones concretas que sean comunicadas a las comunidades afectadas".
"Seguimos en pie y continuaremos aportando con el vasto conocimiento de nuestros territorios, protegiendo a estos y a nuestras familias y participando en los asuntos que nos afectan y en cómo repararlos", señalan.
Por último, aseguran que "no descansaremos hasta alcanzar la justa reparación integral de los daños y la no repetición".
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Instituto del Artesano Michoacano, y Citibanamex-El Banco Nacional de México, por conducto de Fomento Cultural Citibanamex, A.C., con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dan a conocer los resultados de la convocatoria a la XLVIII edición del concurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2023.
Son 128 creadoras y creadores ganadores que recibirán una bolsa total de premios de 3 millones de pesos, distribuida en un Galardón Presidencial, tres Galardones Nacionales, tres Premios especiales a Mejor obra tradicional en diseño, técnica y material con aplicación de tintes naturales, Mejor obra de rescate antigua, y Mejor obra de innovación con tradición; tres premios por cada una de las 36 categorías, ocho Menciones Honoríficas y cinco Premios a la Trayectoria Artesanal que reconocen a maestras y maestros artesanos que se distingan de manera importante por su obra, merecimientos y preservación del patrimonio artesanal de su localidad o región, con su desempeño, trabajo y obra a favor de la promoción efectiva de la artesanía y el arte popular mexicano.
Entre las obras seleccionadas destacan el Galardón Presidencial, premio único para la mejor pieza del concurso, otorgado a una torre de cántaro elaborada en barro modelado y bruñido, decorado con engobes minerales proveniente de la comunidad de Huáncito, en Chilchota, Michoacán, y el Primer Galardón Nacional, otorgado a un traje tradicional de algodón hilado en malacate, tejido en telar de cintura con iconografía de caballitos elaborado en la comunidad de Cahuañaña, Cochoapa el Grande, Guerrero.
En esta edición del certamen de arte popular más importante de México, participaron 1,546 obras de arte tradicional provenientes de 26 estados, siendo Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca los que registraron la más alta participación y entre las que se encuentran representantes de los pueblos mixe, tsotsil, tseltal, chinanteco, seri, mazateco, guarijío, otomí, mazahua, kumiay, maya, nahua, cora, popoloca, amuzgo, pima, zoque, purépecha, tlahuica, rarámuri, huasteco, triqui, mixteco, totonaco, wixárika, mayo y zapoteco, lo que representa un incremento de 34% la participación lograda en 2022 que fue de 1,152 piezas.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo próximamente en la ciudad de Morelia y, posteriormente, las piezas ganadoras y participantes formarán parte una expoventa organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y Fonart, con el apoyo del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, mediante el Instituto del Artesano Michoacano.
Los resultados completos de esta convocatoria se pueden consultar a partir de hoy en la página web de Fonart www.gob.mx/fonart.
Ciudad Obregón, Sonora (IN).- Integrantes del Movimiento por el Libre Tránsito denuncian represión, amenazas y perecución judicial en Sonora.
Alfonso Canaan Castaños destacó que el lunes se lograron acuerdos con Capufe pero a 4 días, continuó la persecución policiaca y judicial.
El activista describió que "cuando se supone que por gestiones del movimiento social y la mediación del Gobierno del Estado de Sonora por fin se estableció una mesa formal de trabajo y diálogo con Capufe y la SCT para trabajar por la vía del diálogo y de la concertación el tema del libre tránsito para los sonorenses, siguió la persecución contra integrantes de esta lucha".
Criticó que ello "habiéndose llevado a cabo la primera de varias reuniones programadas el lunes pasado, cuatro días después de dicha reunión empezó la persecución judicial como estrategia para romper los acuerdos y terminar con dicha mesa de trabajo".
Lo anterior "para no dar el beneficio a los residentes de Sonora de poder circular por las casetas exentos de pago".
Canaan Castaños señaló que "las dependencias del Gobierno de México como Capufe y Banobras, las principales implicadas en la carretera Estación Don -Nogales, utilizan un esquema terrorista de represión policíaca y judicial en contra de manifestantes".
Esta reresión es porque "exigimos un alto a la corrupción y abusos que imperan en la concesión carretera a lo largo de sus 650 kilómetros".
Por ello, "queremos aprovechar este humilde espacio de las benditas redes sociales para denunciar persecución policiaca y judicial".
Además "de amenazas que nos han hecho llegar a varios integrantes de organizaciones sociales que luchamos por justicia en este tema".
Dichas amenazas son "por parte de funcionarios de dichas dependencias del Gobierno Federal y los hacemos responsables de cualquier atentado arbitrario o fatal en contra nuestra y de nuestras familias".
En este sentido, "le hacemos también un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga ante estas dependencias del Ejecutivo Federal y cesen de inmediato la persecución y amenazas en contra de ciudadanos pacíficos".
"Lo único que buscamos es justicia y un alto total y definitivo al mar de corrupción en la carretera Cuatro Carriles" en Sonora, culminó.
Un día después de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell anunció su renuncia al cargo para buscar ser candidato de MORENA por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y a dos años de que diferentes agrupaciones de Médicos Tradicionales, a través de esfera noticias, han solicitado una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud, el doctor Jorge Alcocer, titular de esta dependencia, comisionó al Dr. Víctoriano Hernández Martínez, miembro de la Comisión Nacional de Bioética, a coordinar este encuentro de trabajo.
Por Marta Oliva Obeso Suro
Representantes del Consejo Nacional de la Medicina Tradicional Indígena, Casa Maya, el Tlahtokan Mexica del Valle de Anáhuac, Escuela Toollantecayotl, de la Asociación Iberoamericana de Sabiduría Ancestral, del Instituto de Medicina Tradicional Aplicada y Artesanías México-Perú, de la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, de la Fundación Tenochcayotl Casa Moctezuma; así como del Instituto Alcocer, la Red Internacional de Mujeres Líderes en Acción, la Confederación Mundial de Medicina Tradicional, Integrativa, Complementaria y Educación en Salud, el Colegio Mexicano de Terapeutas, el Centro Ceremonial Mazateco y CONAMMEX; han sumado esfuerzos y buscan avanzar en un mismo sentido, con la finalidad de acabar con los vacíos legales que criminalizan a quienes ejercen la medicina tradicional y complementaria.
Por su parte, el doctor Hernández Martínez transmitió el interés de las autoridades del sector, de incluir en el sistema público de salud a la Medicina Tradicional y, anticipó que esta convocatoria se abrirá a otras agrupaciones que de manera aislada han externado su interés de conocer la estrategia que permitirá el rescate, promoción y uso del conocimiento ancestral en beneficio de la salud de los mexicanos.
De esta forma, después de que en reiteradas ocasiones esfera noticias transmitió al Jefe del Ejecutivo la exigencia de Médicos Tradicionales, de ser escuchados por las autoridades del sector, será en los próximos días cuando se de a conocer el formato de este encuentro de trabajo.
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Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del aspirante al gobierno capitalino Omar García Harfuch que representa todo lo que repudia el presidente por su vinculación con el pasado y con García Luna y no pertenece a los incondicionales, lo padres de los desparecidos de Ayotzinapa pidieron una investigación penal contra el expresidente Peña Nieto e incluso contra el mismo Harfuch por estar presentes en el encuentro donde se fraguó la ‘Verdad Histórica’.
Por: Ernesto Madrid
Mario César González, padre de César Manuel, afirmó que el documento de la narrativa entregada por el gobierno federal revictimiza a los normalistas, además de que recoge elementos de la llamada ‘Verdad Histórica’ como testimonios que ya fueron rechazados y establecen que ya le dieron la razón a los padres que ya sabían que el entonces presidente Enrique Peña Nieto estaba involucrado en aquella reunión que reveló Alejandro Encinas a la que acudió Omar García.
Pero el presidente, lo deslindó bajo dos argumentos: primero que “hay que aclarar las cosas, no mentir, ni usar estar cosas para perjudicar a adversarios, competidores u otros candidato” y segundo que cuando le preguntan a Alejandro Encinas si había participado Harfuch, él dijo que si porque es cierto, pero es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes, por lo que pidió que no se utilice el tema de los jóvenes desaparecidos con tintes ‘politiqueros’ porque es muy lamentable.
La realidad es que el caso Ayotzinapa sigue y seguirá siendo una sombra sobre García Harfuch, que en el 2014 era integrante de la División Gendarmería de la Policía Federal, año en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero y que cada 26 de septiembre será recordado hasta que no se conozca la verdad que ha pasado desde la culpa la tuvo el Estado o fue el Ejército pero en realidad todo apunta a que fue el narco, el mismo que este gobierno lo paso a la impunidad y lo dejo en libertad.
Lo interesante de este entuerto es que el propio Alejandro Encinas encargado del trabajo y subsecretario de Gobernación, fue muy calculador al responder la pregunta si Harfuch estaba o no, “Está tanto en el primero, como en el segundo informe en donde evidentemente no están los nombres completos. Sí aparece. Está en el reservado, está. Así de concreto”, dejando abierta la posibilidad de que podría ser vinculado por los desaparecidos de Ayotzinapa.
Por esto el propio aspirante al gobierno capitalino de inmediato se deslindo al señalar que en primer lugar no estaba como coordinador de Guerrero y en segundo porque “nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”, lo cierto es que ya en el pasado lo había descarrilado cuando el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, le dio a la periodista Anabel Hernández, copias de los exámenes de confianza que reprobó en la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que encabezaba Genaro García Luna.
Además, García Harfuch ha sido vinculado con el crimen organizado, al igual que Cuauhtémoc Blanco y se habla de un rancho que tiene precisamente para recibir favores del crimen en el norte del país, en donde además está el antecedente que confirma el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas este jueves en El Universal, de que el narco seguirá detrás de las elecciones de 2024 como sucedió en 2021 y 2022 en dónde “un actor fundamental para que Morena arrasara en todo el corredor del Pacífico fue la delincuencia organizada", lo mismo que confirmó columnista Maité Azuela que el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido el beneficiado de manera indirecta en las decisiones gubernamentales. Una historia más de la lucha por el poder…
Con un tono de esperanza, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas dijo que “en caso de que no se logre el hallazgo en este gobierno, -se van a- dar las garantías para que continúe la búsqueda” el próximo sexenio porque “es darle tranquilidad y certeza a las madres y padres de familia que se va a hacer todo lo posible por encontrarlos.
Por: Ernesto Madrid
Al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el funcionario encargado del caso determinó que no existe evidencia de algún vínculo entre los 43 estudiantes con integrantes de Guerreros Unidos o cualquier otro grupo criminal que operara en la región en ese momento. Entre las conclusiones dijo que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución y se está trabajado para procesar 498 restos encontrados entre 2014 y 2023, de cuyo análisis de restos se ha logrado la identificación de 47 personas que han sido retornadas a sus familias; ninguno corresponde a los 43 de Ayotzinapa, "nos falta encontrar a 40 normalistas, la prioridad es continuar con las labores de la búsqueda".
Así mismo las autoridades ubicaron diez momentos clave el 26 de septiembre de 2014 desde la salida de los estudiantes de Ayotzinapa hasta su desaparición y los momentos a los días posteriores, en una ‘verdad histórica’ que presentó el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, construida por el gobierno federal, elaborada en Juntas de Autoridades en la extinta Residencia Oficial de Los Pinos y en el 27 Batallón de Infantería.
Dichas Juntas de Autoridades estuvieron integradas por el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina, Vidal Francisco Soberón; el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, entre otros, responsables de conducir la investigación en el sexenio pasado de acuerdo a lo que a Encinas le reveló Tomás Zerón a través de una entrevista de cien preguntas enviadas por su abogado, que por cierto ya libro un amparo para que no sea llamado ‘torturador’ o autor de la ‘verdad histórica’.
Lo controvertido del caso es que en la administración de López Obrador y de acuerdo con Quinto Elemento en una entrevista al exfiscal encargado del caso, Omar Gómez Trejo reveló que, antes de presentar el caso, AMLO, Encinas, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y Arturo Zaldívar, se reunieron. En el encuentro en el mes de agosto dijo que todos se pondrían de acuerdo para dar luz verde a una serie de acciones que haría ‘volar’ la investigación del caso Ayotzinapa y que también provocaría su renuncia ya que días después, Gertz Manero le comunicó una ‘decisión de estado’, que hizo posible agilizar órdenes de aprehensión contra 16 militares y que en 24 horas se armara la carpeta de investigación para judicializar a Jesús Murillo Karam por lo que Gómez Trejo viajó a Israel a atender un asunto relacionado también con los 43 desaparecidos y gestionar y platicar con las autoridades los cargos contra Tomás Zerón para detenerlo y regresarlo a México.
Sólo que a su regreso ya se habían ordenado una auditoría se detuvo las órdenes de aprehensión a militares porque se excedió en el número de elementos, que ya no podía investigar, se le hizo a un lado y se le sugirió denuncias a las irregularidades, es decir que el propio gobierno dinamito la investigación y AMLO justificó su salida en septiembre de 2022 al señalar que dejaba el cargo por diferencias en ‘los procedimientos para aprobar las ordenes de aprehensión’.
Lo cierto es que Obrador uso el caso Ayotzinapa el Ayotzinapa para pavimentar su camino a Palacio Nacional. Usó a los jóvenes desaparecidos y usó el dolor de sus padres en contra del régimen de Peña Nieto y ahora se justifica al señalar que no es culpar por culpar.
Carlos Roberto Matty
