- Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón las más inseguras. En Tabasco las autoridades presumen mejoras en seguridad por la baja en denuncia
México se siente más inseguro. En junio de 2025, 63.2% de la población adulta en zonas urbanas dijo sentirse insegura en su ciudad, el nivel más alto en dos años y medio, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Y, aun así, en estados como Tabasco, el gobierno insiste en que las cosas están mejor… porque se denuncian menos delitos.
Ernesto Madrid
La estadística, sin embargo, no es inocente. Detrás del aparente descenso en las denuncias, hay una verdad corrosiva: la gente ha dejado de confiar en las autoridades. Ya no acuden al Ministerio Público, no porque la delincuencia haya disminuido, sino porque perciben que el Estado está del otro lado. La cifra negra —los delitos no denunciados— se alimenta de la impunidad, no de la paz.
El contraste es brutal. Mientras San Pedro Garza García reporta una percepción de inseguridad de apenas 11%, en Culiacán (90.8%), Ecatepec (90.7%), Uruapan (89.5%) y Ciudad Obregón (88%), la violencia cotidiana devora cualquier discurso oficial. En Tapachula, la percepción llega al 88.1%, reflejando la descomposición que vive el sur del país, pese al despliegue militar y a los anuncios de seguridad migratoria.
Y Tabasco, tierra del lopezobradorismo, se convierte en el emblema de la negación institucional. Allí, el exgobernador Adán Augusto López aún presume haber reducido la delincuencia durante su administración. Pero los números esconden un pacto siniestro. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 1,663 delitos al día, una baja de 22% respecto a 2019. Pero ese descenso coincide con el crecimiento del miedo, la omisión y el silencio.
Lo que sí creció, fue la penetración del crimen organizado en el aparato de seguridad estatal. En 2019, con López Hernández como gobernador, y Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, se desató una ola de violencia tras la captura de “El Pelón de Playas”, líder de Los Zetas. Cinco años después, Bermúdez —alias el “Comandante H”— está prófugo, con ficha roja de Interpol, acusado de encabezar desde el gobierno a “La Barredora”, organización criminal que se infiltró incluso en el megaproyecto estrella del sexenio: el Tren Maya.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el grupo buscaba vender 180 mil litros de gasolina robada por semana para las obras en Campeche, además de rentarle tierras al gobierno. Todo mientras su sobrino, Raúl Bermúdez Arreola, operaba los tramos 4 y 5 del Tren. Fue destituido tras acusaciones de corrupción, pero el daño ya estaba hecho: el crimen no solo coopta territorios, también contratos públicos y megaproyectos.
Lo más grave es que, bajo este esquema, la narrativa de "menos delitos" es funcional al crimen. Cuantos menos denuncian, más presume el gobierno. Y cuantos más callan, más se fortalece el silencio como política de seguridad. La captura del Estado ya no es una sospecha: es una estructura operativa.
En tanto, la percepción de inseguridad en lugares cotidianos —cajeros (72.2%), transporte público (65%), calles (63.7%) y carreteras (57.9%)— confirma que la violencia no se ha ido, simplemente se ha normalizado. Y lo peor: la esperanza también se desgasta. Apenas 25.1% de la población cree que la situación mejorará el próximo año. Otro 32.5% piensa que seguirá igual de mal, y 25.4% teme que empeore.
La percepción no miente. El país no está mejor: está resignado. Y mientras el gobierno contabiliza menos carpetas, la gente solo cuenta más muertos, más miedo y más silencio.
@JErnestoMadrid
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
